El Gobierno libera un último tramo de 15.500 millones del plan de avales y completa los 100.000 millones
El Consejo de Ministros da luz verde al último de los paquetes de garantías del ICO que reserva 7.500 millones para pymes y autónomos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al último tramo de 15.500 millones de euros en avales públicos hasta completar finalmente su programa de 100.000 millones de euros para facilitar que la banca conceda liquidez a las empresas como medida estrella del plan de choque ante el Covid-19.
El Ejecutivo había liberado ya 84.500 millones de euros del plan, de los que siete de cada 10 euros se han dirigido a cubrir financiación de pymes y autónomos. A estos fondos se suman ahora 7.500 millones de euros específicamente reservados para las empresas de menor tamaño, mientras que otros 5.000 irán para las compañias de mayor tamaño y 2.500 se reservan para el sector turístico. Los últimos 500 millones se destinan al sector de la automoción.
Hasta el 14 de junio, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) había aprobado 565.110 operaciones por importe de 52.761 millones de euros en avales públicos que han permitido movilizar 69.000 millones de euros. El 98% de las operaciones han ido dirigidas a pymes y autónomos.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado el éxito de la iniciativa que, ha recordado, es uno de los programas de avales públicos europeos que más dinero han movilizado.
Reparto progresivo de los tramos
El plan de avales públicos ha sido la medida más ambiciosa que el Gobierno ha puesto en marcha para tratar de paliar los severos efectos económicos de la crisis del coronavirus Covid-19. Anunciado por el presidente del Gobierno el 17 de marzo, solo tres días después del decreto del estado de alarma y el confinamiento de la población ante la pandemia, su materialización ha sido progresiva.
El primer tramo, liberado el 24 de marzo, puso a disposición de la banca 20.000 millones de euros en garantías públicas para propiciar la concesión de créditos al tejido productivo de los que el 50% se destinó a pymes y autónomos. El segundo tramo, de otros 20.000 se destinó íntegramente a este segmento empresarial el 10 de abril.
El tercero, aprobado el 5 de mayo, incluía 24.500 millones de euros de los que 10.000 iban dirigidos a pequeños empresarios, otro tanto a grandes compañías, 4.000 a la cobertura de pagarés emitidos en el mercado de renta fija (MARF) y 500 al reaval público que se ofrece a las sociedades de garantía recíproca. Finalmente, el Consejo de Ministros del 19 de mayo impulsó un cuarto tramo de 20.000 millones de nuevo dirigido en exclusiva a pymes y autónomos.
El foco en las pymes
De esta forma, siete de cada 10 euros del plan de avales públicos han ido destinados a facilitar la financiación a pymes y autónomos, siendo este colectivo además el que mayor porcentaje de riesgo crediticio ve cubierto.
En concreto, el programa contempla que el Estado se haga cargo del 80% de los impagos incurridos por pymes y autónomos, mientras que cubre el 70% del riesgo asociado a la financiación a empresas de mayor tamaño y el 60% en el caso de líneas de crédito preexistentes que sean renovadas.
Sánchez y Casado se tienden la mano y Montero se abre a modular las cuentas
"Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un Presupuesto”, reconoció este martes la ministra de Hacienda, y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, recordando que su minoría parlamentaria le “obliga a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar” propuestas de otros grupos. A partir de ahí, la ministra defendió que “el momento obliga a abrir la negociación con el conjunto de las fuerzas políticas y ojalá la totalidad de ellas decidan apoyar” las cuentas que presentará en otoño para el año 2021. Es más, defendió la necesidad de que el Gobierno ponga “los pies en el suelo” para “modular su propia hoja de ruta que tenía prevista antes de que ocurriera esta pandemia”, dijo en referencia al pacto programático sellado entre PSOE y Podemos, que incluye incrementos fiscales a las grandes empresas y las rentas altas y un fuerte gasto social. Fuentes oficiales aclaran, no obstante, que Montería se mostraba flexible a reconducir el gasto, habida cuenta las prioridades sanitarias, que a renunciar a la reforma tributaria que tienen en mente para costear la factura de la crisis.
Las palabras de Montero llegaron solo unas horas después de que el líder del PP, Pablo Casado, ofreciera al Ejecutivo “la mano tendida a una política constructiva” que permita sellar pactos en materia sanitaria o económica, recoge Servimedia.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le contestó después desde el Senado que le “cogía el guante” y está dispuesto a llegar a acuerdos con el PP en el ámbito sanitario, económico y social si “cambia de estrategia” y deja la “bronca” en la que, a su juicio, ha estado instalado estos tres meses junto a Vox.
Cs, por su parte, aseveró que un gran pacto que englobe desde PSOE a PP es posible si se toma como partida un acuerdo de patronal y sindicatos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) urgió a todos, por su parte, a consensuar un plan de ajuste fiscal a medio plazo que permita dar certidumbre a los agentes sociales y transmita confianza en la economía.
