Un juez australiano ‘ejecuta’ dos laudos contra España por 229 millones

Es una derrota moral y jurídica para España, pero no permite embargar bienes al Estado

Imagen de archivo de una planta de energía solar.
Imagen de archivo de una planta de energía solar.

España ha perdido una batalla jurídica y moral importante contra dos inversores internacionales que solicitaron ejecutar en Australia dos laudos por el recorte alas renovables en que España fue condenada a pagar 229 millones más intereses. El tribunal rechaza la inmunidad soberana española para que la justicia australiana reconozca y aplique (enforce) el laudo, pero eso no permite a los inversores ejecutar en sentido estricto (execute) y cobrar sus indemnizaciones a través de un embargo o medidas coercitivas similares.

El fallo judicial, dictado este lunes es una decisión en respuesta a las peticiones conjuntas de enforcement de un laudo de 128 millones más intereses ganado por Eiser Infrastructure y Energia Solar Luxembourg, por un lado, y de otro laudo de 101 millones más intereses a favor de Infrastructure Services Luxembourg y Energia termosolar, por otro. En los dos casos, los inversores ganaron sendos arbitrajes por los recortes a las renovable ante un tribunal del Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial. Luego, entre otros frentes jurídicos, acudieron juntas a un tribunal australiano y han ganado también la batalla.

Una parte de la discusión jurídica ha sido semántica. La versión española de los tratados usa “ejecutar” tanto en el sentido de enforce como de execute, que aparecen en la versión en inglés. Enforce, según razona el juez, viene a ser un paso más que el mero reconocimiento, algo así como la proclamación de que el laudo es válido y debe cumplirse, pero algo menos que la ejecución en el sentido de embargar o cobrar a la fuerza la deuda.

La ley australiana no reconoce inmunidad soberana a España para la ejecución en el sentido de enforcement, pero sí para el embargo de los bienes (execute). Los fondos solo pidieron ejecutar los laudos en el primer sentido y ahora, con la victoria en la mano, reclaman a España que pague armados de mayor fuerza moral y jurídica, pero sin la posibilidad de obligar al Estado español a pagar ni la capacidad para ordenar el embargo de bienes españoles.

España, mientras, ha solicitado la anulación de los laudos que le obligan a pagar esos 229 millones más intereses. El procedimiento para la posible anulación sigue abierto.

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