La nueva normalidad no llegará sin un plan económico integral

El Gobierno sigue sin abordar una estrategia definida, prágmática y realista para impulsar el proceso de recuperación

El Consejo de Ministros aprobó ayer en su primera reunión presencial tras la crisis sanitaria el real decreto ley que establece las medidas de prevención y contención que regularán la denominada nueva normalidad. El texto dibuja un marco general de obligaciones de prevención e higiene que se aplicarán en los espacios públicos, transportes, lugares de trabajo, centros educativos y sanitarios mientras no exista una vacuna o un tratamiento efectivo contra el Covid-19. El Gobierno ha aprobado una norma prolija y que aborda temas heterogéneos, algunos de ellos con clara incidencia en la actividad empresarial, como ocurre con todo lo que se refiere a los centros de trabajo, transportes, comercios, restaurantes y hoteles, pero sigue sin diseñar una hoja de ruta económica clara o un plan integral de medidas para impulsar la recuperación. Aunque es evidente que la salida de la crisis no se resuelve por real decreto, sí puede y debe facilitarse con medidas de apoyo que en lugar de buscar golpes de efecto, se generen mediante un diálogo fructífero con las empresas y los sectores productivos, que siguen sin desempeñar el papel que les corresponde en el diseño del regreso a la actividad.

El real decreto aprobado ayer atribuye a las comunidades autónomas la competencia para fijar las medidas de limitación de aforo, distancias de seguridad, acondicionamiento y medidas de higiene en establecimientos de restauración, ocio, comercio y hospedaje. Ello puede suponer en la práctica una nueva fragmentación del mercado, sometido ya con demasiada frecuencia a la diversidad de las regulaciones locales, a las que ahora se añadirán 17 ritmos de desescalada y una multiplicidad de preceptos especialmente gravosos para las empresas con establecimientos en diversas regiones. Tampoco las medidas de prevención en los centros de trabajo se han abordado de forma suficientemente concreta y de modo que faciliten el regreso a la actividad presencial con plena seguridad jurídica.

Mientras Francia acaba de aprobar un ambicioso paquete de ayudas al sector aeronáutico, uno de los grandes perjudicados por esta crisis, en España el Gobierno ha decretado una subida de tarifas a las aerolíneas por el coste de las medidas de prevención que habrá que adoptar en los aeropuertos, una factura que puede ser razonable compartir, pero que seguramente no es el mejor momento de anunciar. Pese a la gravedad de la coyuntura que afronta el país, el Ejecutivo sigue sin concentrar sus esfuerzos en diseñar una estrategia definida, prágmática y realista para impulsar el proceso de recuperación, una tarea que hay que poner en marcha sin más dilación y de la que depende el futuro inmediato de la economía española.