La fase 3 permitirá la movilidad entre provincias dentro de una autonomía pero no fuera de ella

El Ejecutivo asegura que la última prórroga del estado de alarma plantea la "gobernanza plena" de las regiones

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid.

El Gobierno ha aprobado hoy solicitar mañana en el pleno del Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma por un periodo de por 15 días más, hasta las 00:00 horas del 21 de junio. Esta vez, el decreto recoge otras particularidades y otorga a las comunidades autónomas “plena gobernanza”, permitiéndoles gestionar la movilidad entre provincias dentro de la misma región una vez se encuentren en la fase 3 del plan de desescalada. En cambio, el movimiento entre autonomías se pospone a los territorios que hayan superado ese último estadio y se sitúen ya en la “nueva normalidad”.

Así lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Aquellas unidades territoriales en fase 3 serán gobernadas de forma plena por los presidentes de cada comunidad autónoma, que serán la máxima autoridad en la toma de decisiones, incluso en la propia duración de la última fase”, ha señalado. Así, las regiones podrán gestionar los tiempos de la desescalada y pedir al Ejecutivo que levante el estado de alarma de su territorio antes del 21 de junio.

El problema que se presenta de cara a final de mes es que no todas las comunidades van a terminar las cuatro fases del plan del Gobierno antes de que expire el estado de alarma, puesto que algunas como Madrid, Cataluña o algunas áreas de Castilla y León todavía se encuentran en la fase 1, mientras el 70% de la población está en una fase más adelantada y cuatro islas, en la última. Por ello, cuando el día 21 se levanten las restricciones del decreto, también lo harán las de movilidad, y todos los territorios se equipararán independientemente del estadio sanitario en el que se encuentren.

Frente a ello, Salvador Illa, al igual que otros ministros a lo largo de las últimas semanas, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja en “instrumentos jurídicos” que les permitan controlar la situación sin estar bajo el amparo del decreto. Sin embargo, es cuestionable si esas nuevas herramientas, o en su caso, modificaciones de órdenes ordinarias, podrían llevarse a cabo antes de que acabe este mes debido a los plazos parlamentarios, o si podrían limitar la libertad de circulación como se ha hecho hasta ahora, ya que se trata de un derecho fundamental.

Convivir con el virus

Asimismo, Illa ha asegurado que España se ha sometido al confinamiento "más duro" de la Unión Europea pero también que ha permitido una desescalada más "segura". Por ese esfuerzo, el ministro ha pedido que se cumplan "a rajatabla" las recomendaciones sanitarias, ya que "no son un capricho", insistiendo en el lavado de manos constante, "por banal que parezca"; la distancia de 2 metros, que previene el 80 % de los contagios, según la OMS; y el uso de mascarilla.

Así ha apuntado que tras la desescalada, habrá que aprender a "convivir con el virus hasta que no tengamos una vacuna eficaz" y llama a la prudencia por parte de la ciudadanía en la "nueva normalidad".

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesus Montero, ha agradecido su posición a los partidos que han manifestado su apoyo a la ampliación del decreto y ha hecho un llamamiento de nuevo al PP, como principal partido de la oposición, a que sea "consecuente", porque se está hablando de "proteger la salud y proteger la vida de los españoles". "Ha prescindido de su responsabilidad", ha dicho.

Con respecto a los partidos que facilitarán el aval de la Cámara Baja al decreto, Montero ha señalado que "ojalá" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 cuenten con el apoyo de diferentes formaciones como PNV, ERC y Ciudadanos. Asimismo, ha afirmado que el Ejecutivo "tiene acuerdos estables" desde el inicio de legislatura "con los llamados socios prioritarios", pero que también tiene "vocación de ampliar esas mayorías".

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