Política monetaria

El TJUE se enfrenta al Constitucional alemán y recuerda que es el "único competente" sobre el BCE

El alto tribunal afirma además que su sentencia sobre el programa de compras del BCE es vinculante para los jueces alemanes

El TJUE se enfrenta al Constitucional alemán y recuerda que es el "único competente" sobre el BCE
EFE

Choque de trenes en el corazón de Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha contestado este viernes a la sentencia del Constitucional alemán en la que, si bien avalaba que el programa de compras de deuda lanzado por Mario Draghi en 2015 era compatible con los Tratados de la UE, pedía que justificase en tres meses su alcance económico, refutando una decisión anterior del propio TJUE. El alto tribunal europeo recuerda en este sentido que "es el único competente para declarar que un acto es contrario al derecho de la unión" y alerta de que la decisión de los jueces alemanes puede comprometer la seguridad jurídica de la unión.

Pese a que el comunicado recuerda que el TJUE "nunca hace comentarios sobre las sentencias de un órgano jurisdiccional nacional", lo cierto es que la corte europea se ha visto obligada a responder a los jueces alemanes, a los que ha recordado sus limitaciones. En concreto, ha aludido a la "jurisprudencia previa" para avisar de que las sentencias dictadas por el Tribunal de Luxemburgo vinculan a los tribunales nacionales a la hora de tomar sus decisiones. También ha remarcado que es el "único competente" sobre los Tratados de la Unión.

El alto tribunal europeo no se duele prendas en considerar que el dictamen del Constitucional alemán es un torpedo en la línea de flotación de la UE. No solo porque trata de poner límites al instrumento que más ha calmado las tensiones en la deuda soberana de los países miembros en tiempos de zozobra económica, sino también porque pone en jaque la auctoritas de la justicia europea.

En Alemania ya se preparaban demandas para comprometer el uso del último bazuka que ha diseñado Christine Lagarde desde el BCE para contener las consecuencias económicas del virus. Y Polonia y Hungría ven la decisión alemana como una puerta abierta para poner en marcha legislaciones nacionales restrictivas en determinados derechos civiles y que confrontaban con los tratados europeos.

En definitiva, los jueces de Luxemburgo han querido blindar su potencia de fuego y evitar que los magistrados de cada país puedan tomar decisiones contradictorias entre sí sobre la interpretación de las normas europeas o directamente diferentes de las de las instituciones europeas. Recuerdan que el primer cometido de todo tribunal de cualquier país de la UE es atender al derecho comunitario. Tratan de evitar, por ejemplo, que la justicia española avale el uso de las cláusulas suelo en las hipotecas en contra de lo que dictó el TJUE hace tres años.

"Las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en cuanto a la validez de dichos actos pueden llegar a comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y perjudicar la seguridad jurídica. Al igual que otras autoridades de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar el pleno efecto del Derecho de la Unión. Solo así puede garantizarse la igualdad de los Estados miembros en la Unión creada por ellos", reza el comunicado de la Corte de Luxemburgo.

El comunicado el TJUE llega apenas unas horas después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, respondiese a la sentencia germana. En una conferencia organizada por Bloomberg, la banquera central remarcó la independencia del BCE y señaló que el dictamen del Constitucional alemán "no disuade" al banco central por mantener las compras de bonos. "Haré lo que sea necesario", clamó Lagarde.

En el trasfondo están unas palabras similares que pronunció su predecesor al frente del BCE, Mario Draghi, en lo más profundo de la crisis de deuda de 2012: "Haré lo que sea necesario para salvar el euro. Y, créanme, será suficiente". Una simple frase que sirvió para calmar el ataque especulativo contra España, Portugal o Italia, pero que también encendió las iras de los países del norte de Europa, fundamentalmente desde Alemania.

Los Tratados de constitución del euro y el BCE son restrictivos. Establecen que la única misión de la autoridad monetaria europea es el control de precios y prohíben taxativamente que financie directamente a los Estados. Algunos economistas del norte de Europa consideran que el programa de compras de deuda diseñado por Draghi en 2015 incumplía esa misma limitación. Sin embargo, banquero italiano trató de salvaguardar el instrumento con dos condiciones: no podía adquirir directamente deuda pública (lo hace a través de los bancos de la Eurozona) y debía hacerlo según el peso de los Estados en el euro.

Fundamentalmente esta última salvaguarda es la que evitó que el Constitucional alemán anulase por completo el plan de compras de deuda. En su lugar dio un plazo de tres meses al BCE para que justificase su efecto económico, para que así el Bundesbank pudiese seguir adquiriendo bonos de países de la Eurozona. En su plan de compras antipandemia, Lagarde ha quitado esta limitación de compras por países —que implicaba que el BCE tomase siempre más deuda alemana que de ningún otro Estado— y esto hace temer al mercado que una nueva demanda dé al traste con el que hasta ahora ha sido el instrumento más efectivo para contrarrestar la debacle económica en Europa.

 

 

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