CEOE ratificará el acuerdo para extender los ERTE hasta el 30 de junio y prórrogas posteriores

Gobierno, patronal y sindicatos cierran finalmente un pacto, que mantendrá el compromiso del empleo y rebaja las exoneraciones de cuotas empresariales

El Gobierno llegó anoche a un preacuerdo con los sindicatos sobre las condiciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma y hasta el 30 de junio y la posibilidad de aprobar futuras prórrogas posteriores. Las direcciones de las patronales CEOE-Cepyme que han mantenido sus dudas hasta última hora, por la exigencia de mantener el empleo druante seis meses tras el fin del ajuste, pero acaban de comunicar que finalmente apoyarán el acuerdo, "aunque no haya sido el deseado", han precisado.

Los órganos de dirección de los sindicatos CC OO y UGT han ratificado también hoy este pacto. No obstante, el Gobierno no llevará este Real Decreto al Consejo de Ministros hasta el martes que viene para que los agentes sociales puedan firmarlo de forma oficial previamente.

Así, el borrador del Real Decreto que recoge este preacuerdo, al que ha tenido acceso este periódico, indica que, desde su entrada en vigor, seguirán con estos expedientes las empresas que ya tuvieran uno de ellos y estuvieran afectadas por las causas que se lo propiciaron y que impidan el reinicio de su actividad, "mientras duren las mismas (algo que se desvincula del calendario del estado de alarma) y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020".

Asimismo, las empresas con uno de estos ERTE mantendrán sus condiciones hasta esa fecha aunque vayan incorporando parcialmente a parte de su plantilla a la actividad. En ese caso, el texto precisa que dichas incorporaciones las deberán hacer "primando los ajustes en términos de reducción de jornada".

No obstante, la disposición adicional primera de este decreto habilita al Gobierno, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, a establecer una prórroga de los ERTE por fuerza mayor causados por la crisis sanitaria, "en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020".

En dicho acuerdo, el Ejecutivo podrá también prorrogar las exenciones reguladas en este decreto, e incluso precisa que podría "extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas", así como prorrogar las medidas de protección por desempleo de estos ajustes "por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen".

En cuanto a las exoneraciones de cotizaciones sociales de las empresas en estos ERTE que mantengan a todos los afectados con el empleo suspendido, el pacto recoge, se extienden las actuales a las cuotas de mayo y junio (100% de exoneración en el pago a empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% a las que tengan una plantilla mayor).

Mientras que si la empresa reincorpora a parte de su plantilla a la actividad, la exoneración de cotizaciones por los trabajadores que vuelvan al trabajo será del 85% en mayo y del 70% en junio, si la compañía tiene menos de 50 trabajadores; y del 60% en mayo y del 45% en junio, en el caso de que sea una empresa con más empleados. 

El texto sí mantiene la nueva exigencia incorporada por el Gobierno de prohibir a las empresas que hayan hecho uno de estos ERTE repartir dividendos en el año fiscal del ajuste, "excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social

Esta limitación no será de aplicación para aquellas entidades, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

El escollo

La reunión donde se alcanzó ayer este acuerdo a última hora de la noche de ayer estuvo pilotada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien se comprometió a enviar a los empresarios en las siguientes horas una última propuesta sobre el punto de mantenimiento del empleo que rechazaba la patronal CEOE-Cepyme. Los órganos directivos han estado reunidos esta mañana y finalmente tanto las cúpulas de los sindicatos como de las organizaciones empresariales han ratificado el acuerdo.

Entre las dudas que han impedido a la patronal firmar el pacto hasta el último momento está la propuesta del Gobierno sobre el mantenimiento del empleo tras estos ajustes es mantener la actual prohibición que incluyeron en los ERTE por fuerza mayor cuando cambiaron sus condiciones para que pudieran generalizarse, consistente en que la empresa debería mantener a su plantilla durante los seis meses posteriores al fin del ajuste, no pudiendo despedir así a ninguno de sus empleados ese tiempo. Y si la empresa despide en este tiempo, debe devolver todas las ayudas que ha cobrado (exoneración de cotizaciones por sus trabajadores).

El Ejecutivo, no obstante, matizó posteriormente esta prohibición. De hecho, el último criterio de actuación de la Dirección General de Empleo para la interpretación de la renovación de los ERTE precisa que a efectos de conservar las ayudas por mantenimiento del empleo, no computarán como disminución de la plantilla ni los despidos disciplinarios procedentes, ni las jubilaciones o incapacidades, así como tampoco la finalización de contratos temporales por término de la causa que los generó. El texto del RD recoge estas excepciones y añade una más: "No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores". Ante esto, finalmente, los empresarios aceptarán esta exigencia de mantenimiento del empleo.

Las empresas pedían más largo plazo

Las direcciones de las patronales CEOE-Cepyme han explicado que hubiesen "deseado vislumbrar un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras, para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad".

Sin embargo, han admitido en un comunicado que, "dentro de los márgenes temporales y presupuestarios del Gobierno" la cúpula patronal entiende que, "este acuerdo, aunque no es el deseado, mejora la propuesta inicial, por lo que se ha decidido dar el visto bueno con el objetivo de aportar seguridad jurídica".

En cualquier caso, los empresarios españoles han istado al Gobierno a que se reúna ya, desde mañana mismo, con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas de cada uno de ellos.

 

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