El Gobierno pacta con Cs ampliar el estado de alarma y mantener las ayudas cuando acabe

Logra un apoyo clave para iniciar la desescalada bajo la cuarta prórroga de la medida de excepción, hasta el 24 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de la Sesión de Control al Gobierno en el Senado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de la Sesión de Control al Gobierno en el Senado.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la petición de una cuarta prórroga del estado de alarma, decretado inicialmente el pasado 14 de marzo como esquema para articular el confinamiento en respuesta a la epidemia del coronavirus Covid-19, presentando su extensión como “imprescindible” para articular el proceso de desescalada. Por primera vez, sin embargo, el Gobierno llegaba justo de apoyos parlamentarios para impulsar la extensión, que el Congreso de los Diputados votará este miércoles, por lo que el Ejecutivo prometió a las comunidades autónomas más “cogobernanza” en el proceso de desconfinamiento. También alertó a la oposición política de que evitar la extensión haría decaer automáticamente importantes ayudas económicas desplegadas ante la crisis. A última hora, sin embargo, el Gobierno llegó a un pacto con Ciudadanos que prácticamente le garantiza la prórroga a cambio de mantener las ayudas vigentes cuando el estado de alarma concluya finalmente.

“Es imprescindible mantener un instrumento que ha funcionado en esta etapa tan difícil”, dijo en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendiendo que todos los países del entorno han optado por mecanismos como el estado de alarma tanto para combatir la enfermedad como para la desescalada de las medidas de contención.

“Muchas de las medidas económicas que se han puesto en marcha van vinculadas al estado de alarma y en caso de que no siga en marcha decaerían”, advirtió por su parte la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien apuntó como principales interesados en la prórroga a los sectores más afectados, como el turismo, la hostelería o la cultura, para la que se aprobó este martes un paquete específico de ayudas de 76 millones. Montero puso como ejemplo la cobertura estatal de prestaciones y cotizaciones de los afectados por ERTE, que han permitido una “estabilización en el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral”, defendió.

Sin embargo, a última hora el Gobierno anunció un acuerdo con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma a cambio de “mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social más allá de la vigencia del estado alarma”. El Ejecutivo mantendrá contactos semanales con Cs para evaluar la situación sanitaria, consensuar las medidas del “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, y preparar la extensión de las medidas ligadas al estado de alarma, cuya duración tratarán de limitar todo lo posible.

Garantías públicas

En paralelo a esta solicitud, el Gobierno liberó este martes un nuevo tramo del paquete de avales públicos impulsado para incentivar la concesión de financiación bancaria para paliar los problemas de liquidez de las empresas. En concreto, habilitó 24.500 millones de euros más en garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los que 20.000 van dirigidos a empresas (la mitad para pymes y autónomos y el resto para firmas mayores); 4.000 a la cobertura de emisiones de pagarés de empresas no financieras que operan en mercados de renta fija como el MARF; y 500 millones a la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que permite a las sociedades de garantía recíproca (SGR) avalar a las pymes en todo el territorio.

El Gobierno introdujo, sin embargo, una serie de condiciones al plan. De un lado, las empresas beneficiarias de la financiación avalada no podrán destinarla a repartir dividendos. De otro, las entidades financieras que concedan préstamos garantizados (el 80% para pymes, el 70% para nuevos préstamos y el 60% para refinanciaciones) no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por el cliente. En paralelo, los avales sobre pagarés del MARF se reservan a firmas con sede en España “para evitar que accedan compañías con sedes en paraísos fiscales”, expuso Montero.

El Gobierno ha liberado así ya el 64% de los 100.000 millones en avales que anunció. De momento se han cerrado 269.843 operaciones, el 98% para pymes y autónomos, con avales por 27.510 millones que han facilitado la concesión de 36.190 millones de euros en créditos.

De otra parte, el Consejo de Ministros reactivó la licitación de obra pública, prácticamente congelada desde el primer decreto del estado de alarma del 14 de marzo, cuando quedó restringida a excepciones motivadas, como parte de su estrategia de impulso a las inversiones frente a una crisis que hará caer el PIB un 9,2% este año según la previsión oficial.

Finalmente, la vicepresidencia de Asuntos Económicos creó un fondo de 70 millones para la digitalización de empresas y jóvenes.

Sánchez llega a un pacto que le garantiza los apoyos necesarios

Mayoría simple. A pesar de que el Gobierno llega más débil que nunca a una nueva extensión del estado de alarma, consiguió este martes cerrar un pacto con Ciudadanos que garantiza el aval del Congreso a la prórroga. El Ejecutivo necesita una mayoría simple. Es decir, no se tienen en cuenta las abstenciones y solo hacen falta más síes que noes. Finalmente, tras negociaciones con la líder de Cs, Inés Arrimadas, Sánchez consiguió el apoyo de los 10 diputados de su formación, que sumados a los 155 votos a favor del Gobierno (PSOE y Podemos) y, en principio, a cinco votos de partidos minoritarios (Más País-Compromís, Teruel Existe y PRC) resultan en un total de 170 diputados que darán su aprobación a la ampliación del decreto. La posición del PNV con una posible abstención ya no es tan determinante, aunque el PP se decidiese por votar “no” a la prórroga, algo que situaría el marcador en contra en 164 (Vox, PP, JxCat, CUP, ERC y Foro). El diputado de Foro Asturias gira su voto después de haber optado por el sí en las tres ocasiones anteriores. En el caso del BNG, pasará a la abstención esta vez. Con respecto al PP, se augura que el principal partido de la oposición se decantará finalmente por la abstención después de que los principales presidentes autonómicos del PP apuesten por aceptar “la última” ampliación del decreto, hasta casi finales de mayo. Entre los defensores de esta posición se encuentran los presidentes de la Comunidad de Madrid, de Galicia y de la Junta de Andalucía.

Los condicionantes. La incertidumbre se apoderó de un Ejecutivo que ha tenido que negociar expresamente con el PNV y con Ciudadanos para asegurarse el aval de la extensión. El acuerdo determinante con Ciudadanos pasa por mantener contactos semanales entre el Ejecutivo y la formación y adaptar las medidas económicas adoptadas por la crisis para que se aseguren más allá del estado de alarma. Por su parte, el partido nacionalista, avanzó su intención de presentar enmiendas en el texto del Gobierno para mejorar el decreto, de tal modo que garantice que las comunidades autónomas puedan negociar en común la desescalada.

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