La función pública en un sistema de pensiones único y solvente

Para lograrlo sería necesario abordar una reforma integral que se retrasa sin explicación

El Gobierno ha aprovechado el último real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar la crisis del Covid-19 para colar el traspaso a la Seguridad Social del Régimen de pensiones de Clases Pasivas, que acoge a los aproximadamente 650.000 funcionarios que quedan en la Administración General del Estado, sin una práctica jurídica y parlamentaria suficientemente ortodoxa y transparente. El Ejecutivo justifica la urgente y extraordinaria necesidad de acudir a un decreto ley en que un decreto ordinario aprobado en enero por el presidente del Gobierno cambió la estructura de los departamentos y que con el uso del procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria habría que esperar a que se aprueben las leyes para cumplir ese decreto. A eso añade que el calendario para llevar a cabo las modificaciones se ha visto alterado por la crisis sanitaria. Son dos argumentos muy débiles. No se puede justificar la urgencia de un decreto ley en que un decreto ordinario la imponga, pues eso permitiría usar ese atajo en cualquier materia. Y tampoco la alteración del calendario parlamentario es razón suficiente, pues eso supondría que de ahora en adelante cualquier asunto puede ser regulado por decreto ley.

En principio la operación parece más cosmética y contable que otra cosa, ya que seguirá siendo la Hacienda pública la que haga las aportaciones de los funcionarios para su pensión, aunque sea la Tesorería de la Seguridad Social la que emita los pagos. Los sindicatos de funcionarios han expresado su rechazo por las formas y porque consideran que la decisión bien podría ser el inicio de una reforma ulterior en la que sus derechos puedan ser lesionados, tanto en materia de prestaciones económicas como sanitarias.

Las clases pasivas se incorporarán como un régimen especial más en la Seguridad Social, aunque la inmensa mayoría de los funcionarios autonómicos y municipales, así como los propios de la Seguridad Social, están ya integrados y sometidos a las mismas condiciones de cotización y prestaciones que los trabajadores del Régimen General. Pero cuando la práctica de los últimos años ha sido que el Régimen General absorba a buena parte de los colectivos especiales, tiene sentido que lo haga también con este. De ser así, debe respetar las condiciones de jubilación de los funcionarios que ya cobran pensión, pero debería equiparar las cotizaciones de los activos y sus futuras pensiones con las del Régimen General y desterrar cualquier tipo de privilegio de los que hasta ahora se ha gozado en la función pública. Se trata de disponer de un sistema unitario y financieramente sólido de pensiones públicas, aunque para lograrlo habrá de pasar por una reforma integral que se retrasa sin explicación.