La Audiencia Nacional tumba el ERE de Ryanair en Canarias y Girona
El ajuste, que afectó a 224 trabajadores, no fue suficientemente justificado y el tribunal aprecia mala fe y abuso por parte de la aerolínea
La Audiencia Nacional ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por los sindicatos USO, SICTPLA y SEPLA contra el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por Ryanair y que afectó en el inicio del año a 224 trabajadores de las bases españolas de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Girona.
Los distintos sindicatos de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y el de pilotos han visto en la sentencia una importante victoria en su largo historial de desencuentros con la low cost irlandesa. El tribunal ha declarado nulo el despido colectivo y obliga a la aerolínea a readmitir a los trabajadores de forma inmediata “en el trabajo efectivo de su empresa, en las mismas condiciones de trabajo en que venían desempeñando sus servicios antes del despido colectivo y con abono inmediato de los salarios dejados de percibir desde la extinción del contrato”, cocluye la sentencia.
El secretario general de USO en Ryanair y afectado por el ajuste en la base de Tenerife Sur, Gustavo Silva, ha destacado una de las conclusiones de la sentencia: “La empresa no quiso abordar un período de consultas conforme al artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. Se aprecia mala fe, fraude, coacción y abuso de derecho en el proceder patronal”.
Silva ha añadido que “ya no somos los trabajadores los que tachamos de ilegales a Ryanair, la propia Audiencia Nacional es durísima en su sentencia con una empresa que siempre se ha valido de coacciones y amenazas a su plantilla y que ha desdeñado las leyes y todas las autoridades españolas. Que les quede claro que tienen que cumplir con la legislación y empezar a cambiar su actitud”.
El ajuste de empleo, que Rayanir anticipó a su plantilla entre julio y agosto de 2019, fue juistificado por la empresa por muy distintos motivos: la caída de la demanda en invierno hacia o desde Gerona, el retraso en la entrega de 30 aviones 737 MAX de Boeing, la incertidumbre del Brexit, una caída de beneficios en el primer trimestre de ese año, la sobrecapacidad en el mercado o el anuncio de dos profit warning en solo diez meses, entre otras circunstancias. El plan de despidos inicial era de 329 efectivos: 222 TCP y 107 pilotos.
La vista fue celebrada el 10 de marzo en la Audiencia Nacional a lo largo de siete horas. Ya entonces los sindicatos valoraron que las causas productivas y organizativas que la low cost aducía para realizar el ajuste no habían sido justificadas suficientemente.
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