Demasiados pasos en falso en la gestión de la desescalada

Las contradicciones e improvisaciones del Gobierno están generando en ciudadanos y empresas un clima de confusión e inseguridad jurídica

El Gobierno aprobó ayer un nuevo paquete de medidas económicas contra la crisis generada por el Covid-19 en el marco de la renovación del estado de alarma hasta el 9 de mayo y con la vista puesta en la reanudación de la actividad. Sin embargo, y más allá de la oportunidad de las medidas, la deficiente gestión que el Ejecutivo está realizando del estado de alarma durante la crisis, con desmentidos, contradicciones e improvisaciones frecuentes, está haciendo jirones su credibilidad y generando un creciente clima de confusión e inseguridad jurídica, hasta el punto de poner en duda su capacidad para pilotar el proceso de desescalada en el país.

Como ejemplo de una gestión precipitada en la que las normas parecen ir por un lado y la interpretación del Ejecutivo por otro, el Gobierno anunció ayer tras el Consejo de Ministros que la nueva prórroga del estado de alarma permitiría a los niños salir a la calle en compañía de un adulto para actividades autorizadas, como ir al supermercado o a la farmacia. Una medida que no solo estaba ya en vigor en líneas generales, sino que hubo que rectificar horas después para añadir que los menores también podrían salir a pasear, dado que encerraba el sinsentido de permitirles acudir a lugares con riesgo de contagio mientras se les impedía salir al aire libre. A estas contradicciones, reveladoras de una mala técnica legislativa y de una nefasta comunicación, se suman cuestiones que atañen a derechos fundamentales, como los preocupantes indicios de una presunta estrategia de restricción de la libertad de expresión, resumidos en el “lapsus” del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil al aludir a la tarea de minimizar “el clima contrario al Gobierno”, los presuntos excesos, cuestionados por la Abogacía del Estado y el Defensor del Pueblo, de la política sancionadora que están aplicando las fuerzas de seguridad a los ciudadanos o el grave retraso en la adquisición de test para analizar la seroprevalencia en la población, una medida clave para iniciar la desescalada.

Tampoco en materia de actividad económica se está manejando con acierto una coyuntura de la que depende la magnitud de la recesión que dejará la pandemia. Urge una estrategia de desescalado clara e inequívoca para ayudar a las empresas a recuperar la normalidad y sobran declaraciones inoportunas o contradictorias, como la alusión a final de año como fecha de reapertura de bares y restaurantes, que dañan a sectores claves para la actividad. Todo ello está socavando la credibilidad de un Gobierno que con demasiada frecuencia parece más empeñado en alimentar una campaña de imagen que en gestionar eficazmente la gravísima emergencia que vive el país.