El PP pide a Ábalos cambiar la orden sobre realojos
Reclama que quede claro que en ningún caso habrá "expropiaciones de facto" ni "ocupaciones ilegales de vivienda"
El PP ha pedido este sábado al Gobierno que modifique la orden publicada hace una semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre el realojo de víctimas de violencia de género, desahuciados y otras personas vulnerables. El PP considera que cuando la norma habla de un régimen de ocupación legal como el alquiler no queda claro que no se esté abriendo la puerta a "expropiaciones de facto" ni "ocupaciones ilegales de vivienda". De no modificarse esta norma de forma "inmediata", el PP dice que la recurrirá ante los tribunales, aunque sin concretar a qué tipo de recurso ni con qué propósito ni alcance sería el mismo.
El Gobierno ya ha explicado en reiteradas ocasiones que el objeto de la norma no es de ninguna forma ningún tipo de confiscación y de su redacción tampoco se deduce, pero al usarse la palabra "ocupación" algunos medios cercanos a Vox y al PP han interpretado que podría tratarse de "okupación" ilegal, aunque la norma dijese que debe tratarse de un "régimen de ocupación temporal admitido en derecho", como el alquiler.
El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, ha afirmado en una rueda de prensa telemática desde la sede del partido en Génova que esta orden está creando "inseguridad jurídica por su difícil encaje en la Constitución", además de "preocupación en los ciudadanos". No ha dicho nada sin embargo de que vaya a presentar un recurso de inconstitucionalidad.
García Egea ha tildado de "claramente insuficientes" las explicaciones ofrecidas al respecto por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuyo departamento es el competente en materia de vivienda, y ha urgido a que se modifique la redacción de la norma, para disipar las dudas al respecto. El PP no solicita que se modifiquen las demás leyes sobre alquiler de viviendas, vehículos u oros bienes, aunque sean alquileres privados.
La orden aprobada recientemente establece ayudas para una solución habitacional dentro de su programa de atención a personas vulnerables consistente en que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho.
"Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes", agrega el párrafo que ha generado la polémica a pesar de que parece claro de que lo que se habla es de ayudas económicas al alquiler o al alojamiento de viviendas para que las reciban personas en situación de vulnerabilidad de modo que puedan pagar un alquiler o una pensión, por ejemplo. En ninguna parte se habla de confiscación, expropiación u okupación ilegal, como interpretan fuentes cercanas al PP y a Vox.
Ayuso y la renta mínima
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechaza rentas mínimas que puedan generar "dependencia" del Estado, ya que cree que este tipo de ayudas, que ya existen en las comunidades autónomas, deben ser entendidas como una "palanca hacia el empleo".
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que el Gobierno quiere presentar en mayo para ayudar a personas vulnerables con dificultades para afrontar sus gastos básicos, complementará de forma permanente las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas.
"Estas ayudas se tienen que entender como una palanca hacia el empleo, no pueden perpetuar a las personas esperando y [llevar] a depender eternamente del Estado", ha dicho Ayuso este sábado en referencia a las rentas mínimas en general.
En declaraciones remitidas a los medios durante una visita al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), Ayuso ha señalado que "las familias españolas están pasando un momento delicado" por la crisis del coronavirus "y algunas van a estarlo especialmente".
"Para todas ellas, los gobiernos autonómicos como el de Madrid ya tienen diseñada una renta mínima de inserción que les ayuda y les acompaña mientras su situación de vulnerabilidad perdure", ha dicho.
Al respecto, ha subrayado que "las personas no quieren estar eternamente entregadas en casa a la dependencia de una subvención y un regalo cuando lo que necesitan es tener empleo para dirigir sus vidas a su manera".
"Estar subvencionado de una manera eterna de forma que las personas dependan del Estado no es más que una herramienta (...) para igualar a la baja", ha añadido.