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Calviño enfría una moratoria al alquiler y Madrid la ofrece en la vivienda pública

La vicepresidenta del Gobierno afirma que no es lo mismo tener enfrente a un banco que a un particular

La Ministra Portavoz, Maria Jesus Montero y la Vicepresidenta de Asuntos Economicos, Nadia Calviño, esta semana.
La Ministra Portavoz, Maria Jesus Montero y la Vicepresidenta de Asuntos Economicos, Nadia Calviño, esta semana.
Pablo Sempere

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha enfriado una posible moratoria a los alquileres similar a la tregua hipotecaria recogida en el real decreto elaborado por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis derivada del Covid-19. "Nosotros hemos primado el mantenimiento de las rentas. Nos hemos centrado mucho en que los trabajadores, autónomos y empresas puedan seguir funcionando y seguir abordando los pagos que les tocan", ha afirmado en declaraciones recogidas por agencias. También, "en este caso, los ciudadanos con los alquileres".

Mientras tanto, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este jueves que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) dejará de cobrar el alquiler a sus cerca de 6.000 inquilinos afectados por la crisis del coronavirus y suspenderá temporalmente los lanzamientos. "No giraremos el recibo del alquiler y esta medida se extenderá hasta que dure esta continencia", ha afirmado. Los lanzamientos, paralizados por el CGPJ mientras dure la crisis, serán aplazados en el caso de las casas de la EMVS hasta el 30 de junio.

Una posible moratoria al arrendamiento a nivel general, que exigen tanto los movimientos por la vivienda digna (como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los Sindicatos de Inquilinos de Madrid y Barcelona) como formaciones políticas tales como el Partido Popular, Unidas Podemos, Más País o Esquerra Republicana (sin especificar las condiciones y supuestos) sigue debatiéndose a día de hoy dentro del Gobierno, con un choque de posturas evidente entre miembros del Ejecutivo como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la propia vicepresidenta tercera. Así, Calviño ha explicado que el pago del alquiler es diferente al de las hipotecas, pues aquí "no tienes en el otro lado a un banco", sino a un ciudadano que puede haber alquilado su vivienda y que, por tanto, se vería afectado por una moratoria en el pago. "Hay que reflexionar. Hay varias medidas que se habían propuesto, que pueden tener un efecto beneficioso desde una perspectiva pero negativo desde otra". Pese a ello, Calviño no excluye que pueda ampliarse el paquete de medidas en un futuro para ampliar la protección a los "colectivos más vulnerables".

Fuentes del Ministerio de Trasnsporte, Movilidad y Agenda Urbana, el antiguo Fomento, explican a este diario que el propio ministerio está estudiando cómo hacer frente a esta problemática, pero que todo pasa por intentar cuantificar el número de personas que van a verse afectadas de forma grave por la crisis. "El debate existe", confirman, pero hay que tomar medidas y decisiones de forma pausada y tras un análisis exhaustivo de la situación, ya que no se puede meter en el mismo grupo a un gran tenedor que al particular que alquila el piso vacío de su madre para poder hacer frente al pago de una residencia de ancianos, por poner un ejemplo.

En este contexto, Lazora, una de las mayores empresas de pisos en renta, con unas 7.000 viviendas en todo el país, ha anunciado este jueves una moratoria al pago del alquiler para aquellas familias cuya situación económica se vea afectada por la crisis del coronavirus, dando la posibilidad al inquilino de aplazar las rentas mensuales. En concreto, se permitirá aplazar el abono del alquiler durante el periodo en el que se alargue el estado de alarma. El inquilino podrá después pagar estas rentas pendientes de forma fraccionada durante un año.

Este miércoles, la propia Generalitat de Cataluña anunció una moratoria al arrendamiento para los pisos de titularidad pública del parque de viviendas catalán. La medida afectará a cerca de 23.500 hogares, por los que la Generalitat ingresa unos 4 millones de euros mensuales. La idea, explican portavoces de la Agencia de Vivienda de Cataluña, es analizar cuáles son los casos de vulnerabilidad sobrevenida a raíz de la crisis del coronavirus, contemplando la posibilidad de ampliar las condiciones establecidas por el Gobierno central para la prórroga hipotecaria. Lo más seguro, cuentan los portavoces, es que la iniciativa entre a funcionar directamente en el próximo mes de abril.

Una medida similar anunció ayer el ayuntamiento de Alicante, que condonará el pago del alquiler a las personas que ocupan una vivienda social dependiente del Patronato Municipal de la Vivienda. El consistorio también aplazará el pago de los alquileres a las empresas de nueva creación que están utilizando los viveros de Aguamarga y Mercalicante y que dependen de la Agencia Local de Desarrollo.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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