El Gobierno frenará los desahucios por impago del alquiler en zonas tensionadas

La medida modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos y afectará a las viviendas de grandes tenedores

El Gobierno adoptará medidas dentro de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para "evitar" los desahucios por impago en el alquiler de las viviendas en aquellas zonas con precios tensionados, tal y como ha anunciado este lunes en un comunicado. Se trata de un nuevo compromiso añadido al programa del Ejecutivo de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos para "poner freno" a esta "lacra social", según detallaron a agencias fuentes de La Moncloa. Estas zonas tensionadas, a falta de la definición que establezca el Gobierno, suelen ser aquellas en las que los hogares destinan más de un 30% de sus ingresos al arrendamiento, aunque también se admiten otros supuestos, como aquellos lugares en los que el precio ha aumentado entre un 25% y un 30% en pocos años.

La medida va en la misma dirección que la prórroga a la moratoria de desahucios hipotecarios ya anunciada -y que caduca el próximo mes de mayo tras varias ampliaciones- y pondrá el foco en zonas con alquileres tensionados cuando la propiedad del inmueble pertenezca a "grandes tenedores". Antes de que acabe el mes de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hará público el primer índice oficial de precios del alquiler, que cruza millones de datos de diferentes fuentes oficiales para establecer de forma exacta el precio medio de los arrendamientos en cada zona, de forma muy acotada y precisa. Meses después, antes de que llegue el verano, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso la iniciativa legislativa que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler. La medida anunciada este lunes por el Gobierno sugiere que a esta norma se le añadirá la prohibición expresa de poder desahuciar por impago del alquiler, en función de diferentes condiciones aún por determinar.

El PSOE y Unidas Podemos han acordado tomar medidas desde el Gobierno para frenar los desahucios por el impago del alquiler que, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ascendieron en 2019 a 36.467 de un total de 54.006 lanzamientos: el 67,5% del total. Según las cifras presentadas por este organismo -el único que recoge las ejecuciones por impago de alquiler- el número de desahucios por hipoteca ha caído de los 25.800 registrados en 2013 a los 14.200 de 2019. El descenso en los procesos derivados del alquiler, sin embargo, ha sido mucho menor. En 2013 estos supusieron un total de 38.141 en toda España. Los números de 2019, no obstante, son los primeros que recogen una caída desde el año 2016.

"En el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos, tomaremos las medidas necesarias para evitar este tipo de desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario", indicaron las mismas fuentes.

En Moncloa señalaron que la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente Pablo Iglesias "han trabajado mano a mano para que este nuevo punto se incorporase al acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos". La vicepresidencia segunda ha trabajado además con la vicepresidencia tercera "para ampliar el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios y para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella".

Las reacciones de buena parte del sector inmobiliario no se han hecho esperar. Los grandes tenedores afirman que si no van a poder echar a los inquilinos que no les pagan, deberían recibir ayudas públicas. "Si alguien no me paga el alquiler, le tengo que echar y, si el Gobierno no quiere que le eche, que me pague la renta el Gobierno, pero no puedes decir que con mi bien privado tengo yo que mantener a alguien que no me paga. Es demencial", ha dicho a Efe el consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers Internacional, Mikel Echavarren.

A su juicio, el anuncio del Ejecutivo es un "error de bulto que solo se explica porque este tipo de medidas dan votos y no le cuestan al Gobierno ni un euro en el presupuesto", ya que su efecto negativo será que se reduzca la oferta, "justo lo contrario de lo que necesita el mercado" de la vivienda.

Otros analistas, sin embargo, creen que el anuncio del Gobierno es de sentido común, si de lo que se trata es de proteger a los sectores más vulnerables: "proteger a los sectores más vulnerables no solo tenía que tener en cuenta a los hipotecados, también a los inquilinos", ha explicado el director de Estudios de Pisos, Ferran Font. Este experto argumenta que, aunque los lanzamientos acumulan varios años de tendencia a la baja, una vez superada la crisis, los ciudadanos que viven de alquiler y que atraviesan problemas económicos sobrevenidos siguen aumentando.