Stella Raventós: “Los asesores fiscales no ayudamos a evadir impuestos”

“Todo contribuyente tiene unos derechos que no siempre se están respetando por parte de la Agencia Tributaria; es prioritario un estatuto”

Stella Raventós: “Los asesores fiscales no ayudamos a evadir impuestos”

Conseguir una ley de derechos y garantías del contribuyente es el objetivo más cercano para la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), organismo que reúne a más de 3.000 de estos profesionales. Stella Raventós, su nueva presidenta, pone las cartas sobre la mesa: pelearán por los derechos de los ciudadanos, promoverán un acercamiento con la Agencia Tributaria, con la que buscan una relación colaborativa, y lucharán contra los excesos normativos.

Accedió en enero a la presidencia de Aedaf. ¿Cuál es la hoja de ruta para este mandato?

Lo primero es la defensa de los derechos del ciudadano. Considero que todo contribuyente es ciudadano y tiene unos derechos, que no siempre se están respetando por parte de la Agencia Tributaria. La prioridad es intentar recuperar esos derechos, idealmente a través de un estatuto del contribuyente; ya estamos preparando un modelo.

La asociación integra diversos perfiles, ¿qué diferencia hay entre un abogado fiscalista y un gestor?

El derecho tributario es tremendamente complejo, cada día más. No está al alcance de todo el mundo. Se necesita una preparación académica muy importante para poder dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de nuestros clientes y defender después sus intereses. Los gestores pueden hacer ciertas partes, pero no pueden litigar.

Los últimos problemas con Hacienda de rostros mediáticos, ¿han dañado la imagen del asesor fiscal?

Me alegro de que me haga esa pregunta. En España cualquiera puede ser asesor fiscal, no es una profesión existente como tal. En la asociación no se van a encontrar miembros que aconsejen a sus clientes determinadas prácticas para no pagar impuestos; es más, llevamos años concienciándoles de que es necesario pagarlos. Nosotros no ayudamos a evadir impuestos, no es cierto. Yo he perdido algún cliente por decirle que tenía que pagar, lo prefiero antes que tener que irle a ver a la cárcel; mi deber profesional me lo exige.

¿Cuál es el mensaje?

Nosotros no estamos del lado de los defraudadores, sino del de los ciudadanos que pagan sus impuestos, defendiéndoles de ataques injustificados, ya sea un contribuyente medio o una empresa. Porque no es cierto que las empresas en España paguen el 5 %; la información está sesgada. No cuentan el impuesto pagado en el exterior por todas las compañías, las filiales, las sucursales exteriores, ni la compensación de bases imponibles pendientes.

¿Por qué no se adhirió la Aedaf al Código de Buenas Prácticas Tributarias impulsado por la Agencia Tributaria?

La razón es muy clara: es un documento absolutamente desproporcionado. Claro que queremos buenas prácticas, pero por los dos lados no solo por uno. Los profesionales tienen toda clase de compromisos, mientras que la Agencia Tributaria se compromete a cumplir la ley, que es su obligación. En muchos casos, su actuación está yendo mucho más allá de lo razonable y de lo requerido. Esto se lo hemos explicado al director de la Agencia con razonamientos, pero nosotros buscamos una relación colaborativa. Por supuesto, tenemos un código deontológico.

Con la obligación de información sobre determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, ¿se está trasladando la persecución del fraude a los asesores?

Francamente, sí, es una manera de atajar. Lo que ocurre es que, hoy por hoy, no se ha traspuesto la directiva, la DAC 6, que, en sí, no es una maravilla de claridad. Muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que tenemos que reportar.

¿Qué opinan de los cambios y reformas anunciados en el ámbito tributario?

Una de las cosas que más valora la economía es la estabilidad legislativa. Eso brilla por su ausencia en España. Consideramos que el aumento de los impuestos que se prevé es porque hay que atender el gasto, simplemente; pero no lo consideramos positivo, en general, para la economía. Se están recibiendo muchas consultas de personas que iban a trasladarse a España y al final optan por otros países.

¿Qué medidas echan en falta?

Aparte de una mejora en la Ley General Tributaria, querríamos, por ejemplo, avanzar hacia la mediación en los conflictos tributarios. Es un camino que hay que explorar, que existe en otros países del mundo, en Alemania, por ejemplo, y que está dando buenos resultados. También sabemos que en lo que se va a tener que profundizar mucho es en la imposición medioambiental. Una de las ideas que se barajan es gravar la importación de energía que ha contaminado. No se hará solamente en España, se va a hacer a nivel europeo. Pero, sobre todo, lo que nosotros echamos de menos es claridad en las normas.

El Gobierno ya ha dado luz verde a las tasas Google y Tobin. ¿Cómo creen que afectarán?

La llamada tasa Google no se aplicará si se alcanza el compromiso de la OCDE. Esperamos que vaya dando pistas y que antes de este año se alcance una solución técnica, que, además, englobe a todos los países del área. Es cierto que los ciudadanos tenemos la impresión de que estas empresas digitales no pagan lo suficiente en el país donde está el consumidor. El principio que rige la fiscalidad internacional es que hay que gravar allá donde se crea el valor. El problema está en cómo definir qué valor se le otorga al consumidor. Respecto de la tasa Tobin, la pagarán los intermediarios financieros y lo que harán será repercutirla al cliente.

¿Cómo valoran una posible armonización del impuesto de sucesiones?

Nosotros, en principio, obviamente, creemos que los impuestos muy gravosos no son positivos, pero el que una comunidad tenga uno y otra tenga otro... Pues, o cambiamos el modelo autonómico o no podemos decir nada.

¿Seguirán llegando litigios por la plusvalía municipal?

Sí, y están llegando todavía al Supremo, porque hay muchos detalles que todavía no están resueltos. Al final le está costando más al Estado, y al contribuyente, que es el que tiene que pleitear.

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