El Supremo anula la compra de un chalé porque perdió sus “increíbles vistas al mar”

El tribunal condena a la promotora a devolver 663.400 euros al cliente. La firma está ligada al 'caso 3%' de Convergència; y la obra, a la hija del expresidente catalán Jordi Pujol

Vistas al mar entorpecidas por una construcción inmobiliaria.
Vistas al mar entorpecidas por una construcción inmobiliaria.

Los compradores se decidieron ante un anuncio que se antojaba irresistible: se les ofrecía un exclusivo chalé “con increíbles vistas al mar” situado en una urbanización privada repleta de servicios en el pueblo costero de San Vicenç de Montalt, a apenas 40 minutos en coche del centro de Barcelona, en lo que la promotora inmobiliaria definió como “vivir en un mirador privado”. Pero, después de que justo en la casa de delante de su finca se construyese un piso adicional que tapaba esas vistas, acudieron a la justicia. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de anular la compra y de condenar a la promotora, responsable de ambas edificaciones, a devolver a los clientes el monto abonado.

Se trata de los 663.400 euros de la adquisición, más el IVA de la operación y los intereses legales generados desde la interposición de la demanda. Esta fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona después de que, tras adquirir el chalé piloto de la promoción en octubre de 2009, los compradores comprobaran que en la parcela contigua, situada justo donde esperaban las publicitadas vistas al mar, otra residencia levantada por su propia promotora, Bluegreen Village SL, construía un piso adicional al previsto que les dificultaba vislumbrar ya el Mediterráneo.

Argumentaron que el promotor les había inducido a un “error esencial” al darles a entender que las casas que ofrecía mantendrían siempre los mismos parámetros urbanísticos, solo un sótano y una planta baja, lo que impedía pensar que el piso adicional de un vecino acabaría con su “mirador”. Reclamaron la resolución del contrato por “vicio en el consentimiento” o, en su defecto, por “incumplimiento contractual”. El juez les dio la razón en 2014 y la promotora recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona, alegando que según el Código Civil el vicio en el consentimiento debe afectar a la sustancia del contrato, es decir, a la propiedad en sí y no a sus vistas. Pero el tribunal también dio la razón a los clientes, en 2016, y el asunto acabó en el Supremo.

Este recoge la reflexión de la Audiencia de que, si bien tras la nueva construcción “se mantiene un resto de vistas sobre el mar desde algún punto de vista de la vivienda”, estas “en nada pueden ser equiparables ni a las vistas publicitadas ni a las existentes en el momento de la adquisición”. Asume el Supremo que “los compradores no habrían celebrado el contrato de haber conocido la notoria privación de vistas al mar que se podía producir con posterioridad o, al menos, no lo habrían celebrado en los términos en que lo hicieron”. Como consecuencia ratifica los fallos anteriores, entiende que el vendedor sabía del perjuicio que podían sufrir los compradores, lo que “vicia el consentimiento” prestado al firmar la adquisición, y libera del contrato a los clientes.

Es poco probable, en todo caso, que los compradores acaben cobrando la compensación fijada por el Supremo, ya que la promotora solicitó el concurso voluntario de acreedores en marzo de 2018 y en los registros oficiales figura como liquidada desde comienzos de este año.

Se da la circunstancia de que la promotora, Bluegreen Village SL, pertenece al grupo Teyco SL, de la familia Sumarroca, cuyo patriarca, Carles Sumarroca, muy cercano al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, fue uno de los fundadores de Convergència Democrática de Catalunya.

La empresa ha sido investigada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso de las comisiones del 3%, presuntamente abonadas por empresarios a dicho partido político a cambio de adjudicaciones públicas. De hecho, según publicó EL PAÍS, la firma figura como el sexto mayor donante a la Fundació Catalanista i Democràta (CatDem), ligada a Convergència, con el abono de 285.720 euros entre 2008 y 2013. 

Para terminar de rizar el rizo, la arquitecta municipal de Sant Vicenç de Montalt que defendió la validez de la obra cuando, en un primer momento, las quejas llegaron al Ayuntamiento, tal y como recogió en su día Abc, fue Marta Pujol Ferrusola, una de las hijas del expresident catalán.

“Vivir en un mirador privado”

El anuncio. Bajo la promesa de “vivir en un mirador privado”, la vivienda cuya compra acaba de ser anulada por el Tribunal Supremo después de que perdiera las vistas al mar con las que fue publicitada, se ofreció con el siguiente anuncio: “Esta vivienda aislada de obra nueva se encuentra ubicada dentro de un recinto privado, lo cual nos permite vivir con total independencia, pero con las comodidades de una zona comunitaria. Cuenta con vigilancia y servicio de portero durante todo el año. Sus vistas al mar son increíbles desde cualquier punto de la vivienda. En la planta baja encontramos dos habitaciones con baño completo y la planta superior la ocupa solo una gran suite con vestidor y salida a una agradable terraza. Garaje privado. El recinto comunitario cuenta con club social, piscina y pista de pádel”.

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