Energía

El Gobierno aligera los objetivos medioambientales en la futura Ley de Cambio Climático

El anteproyecto entra en la recta final de su tramitación antes de ser remitido a las Cortes

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio Climática en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio Climática en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido hoy al Consejo Asesor de Medio Ambiente (órgano colegiado dependiente de dicho departamento) el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, una vez que pase por la Conferencia Sectorial de las comunidades autónomas y el Consejo de Estado, será aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.

Como adelantó la semana pasada CincoDías, el anteproyecto aligera los objetivos del Plan de Energía y Clima (PNIEC) los de sustitución de los coches de combustión por eléctricos. En este caso, tal como reconoce el ministerio que dirige Teresa Ribera, se sustituyen las obligaciones que figuraban en los primeros borradores de la norma por orientaciones.

Así, la que el Gobierno define como “hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2050”, todas las administraciones públicas deben adoptar medidas para que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros funcione libre de emisiones directas de CO2. Para una década antes, el horizonte de 2040, esta alusión solo se refiere a los vehículos “nuevos”.

Dado que el transporte es el responsable del 27% de los gases de efecto invernadero (un 25% el transporte por carretera) y que de ellas un tercio se concentra en grandes urbes, la futura ley obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023. Además, cualquier medida que suponga un retroceso en las zonas libres de emisiones ya creadas (como el Madrid Central) deberá contar con un informe previo de las comunidades autónomas o el Estado.

En línea con la propuesta inicial del año pasado, se obligará a las gasolineras a instalar al menos un punto de recarga rápida del coche eléctrico con una potencia superior a 50 kW a las que vendan más de cinco millones de litros de combustible al año. En el caso de los puertos, se fija un objetivo de cero emisiones directas para los buques amarrados o fondeados.

El anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos del Estado que deberán contribuir a los objetivos de cambio climático que, en cualquier caso, será un 20% superior a la anteriormente fijada.

La futura norma impulsará las renovables regulando las futuras subastas de capacidad verde para la construcción de al menos 3.000 MW anuales. Se subastará un precio de producción y no serán marginalistas. Asimismo, se dará mayor flexibilidad favoreciendo la hibridación (cuando se instala una segunda planta, por ejemplo solar, en otra ya existente, por ejemplo, eólica) instalaciones, que podrán evacuar la energía eléctrica usando el mismo punto de conexión y la capacidad concedida previamente, siempre que cumpla con los requisitos técnicos preceptivos.

Según la nota de prensa, el objetivo de reducción de emisiones del anteproyecto es del 20% en 2030 respecto a 1990, que se podrá revisar al alza. El anteproyecto se fija, también para 2030, generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.

En ese año, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable en 2050.

Una de las disposiciones del anteproyecto de ley, a la que el ministerio no hace alusión en su nota de prensa, refuerza el control del Gobierno y la CNMC sobre las operaciones corporativas de REE y Enagás. También sobre el apalancamiento financiero de las empresas reguladas con el objetivo de dar garantías al suministro.

 El nuevo texto incorpora una obligación para que REE, Enagás y CLH, como operadores de las redes de electricidad, gas e hidrocarburos cada dos años y en el ámbito de sus respectivas competencias, estas sociedades elaboren un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre sus actividades, estrategia y planificación.

 

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