El Gobierno aprueba el alza del 2% del sueldo de los empleados públicos

Montero aclara que la reforma laboral no se derogará íntegramente pero que se revertirán los aspectos más lesivos identificados por PSOE y Podemos

El Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición dio luz verde este martes, en su tercera reunión en solo una semana, al aumento del sueldo de los funcionarios que fue pactado entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los sindicatos de la función pública. En concreto, nuevo Gabinete aprobó el desembolso de unos 3.212 millones de euros para elevar en un 2% el salario de los empleados públicos, un compromiso que estaba pendiente y que no se aprobó en 2019 ante la interinidad del entonces Ejecutivo en funciones.

“Esta medida no fue legalmente posible hasta la conformación de este Gobierno”, aseveró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, señalando que la premura con la que ha sido abordada por el Gabinete demuestra que esta medida “ha sido una prioridad” para el nuevo Gabinete porque “los compromisos que adquiere el Gobierno, los cumple”.

“Al no disponer de Presupuestos Generales del Estado” para 2020, agregó Darias, la decisión se ha adoptado por vía de real decreto ley, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

La medida beneficiará a cerca de 2,5 millones de empleados públicos que, de media, recibirán unos 1.280 euros más al año. “Con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de quienes se dedican al servicio público”, aseveró el Ministerio en una nota.

De momento, el incremento aprobado es el de esos 3.212 millones que cuesta el alza del 2%. Sin embargo, el aumento salarial podría llegar a ser superior, ya que el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno de Rajoy incluía incrementos adicionales condicionados a la evolución económica. Para 2020, en concreto, se establecen subidas adicionales hasta alcanzar el 2,2% si el PIB de 2019 crecía un 2,1%; el 2,4% si avanzaba un 2,2%; el 2,6 si subía un 2,3%; el 2,8% si lo hacía un 2,4% o de un máximo del 3% si la economía se elevaba ese ejercicio un 2,5% o por encima de ese umbral.

Habrá que esperar aún semanas a conocer el dato oficial de crecimiento de 2019 pero hay pocas posibilidades de que el abono sea mucho mayor dado que el propio Gobierno estimaba un alza del PIB del 2,1%, siendo la suya de las estimaciones más optimistas.

La medida llega solo una semana después de que el Gobierno aprobara un alza del 0,9% en las pensiones públicas, con un coste de 1.400 millones. De esta forma, el Ejecutivo ha comprometido ya un gasto de 4.700 millones de euros en solo una semana, si bien se trataba de medidas ya previstas que no se aprobaron a finales del año pasado ante la ausencia de un nuevo Gobierno.

Ambas medidas, además, ya fueron comunicadas el pasado octubre a la Comisión Europea en la remisión del plan presupuestario de 2020 que apenas recogía estas novedades a la espera de que el nuevo Ejecutivo impulse unos nuevos Presupuestos Generales para este año con nuevas medidas. 

Así, para compensar estos nuevos compromisos de gasto, así como la factura que conlleve el amplio proyecto social de los nuevos socios de Gobierno de coalición, Hacienda prevé impulsar una reforma fiscal que eleve la recaudación. Está por ver, sin embargo, el efecto de las medidas fiscales pues se estima que arrojarían 5.600 millones en un año completo pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó el lunes que espera aprobarlas de cara al final del verano, lo que podría reducir su efecto recaudatorio en 2020. 

La contrarreforma laboral

En paralelo, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso aclarar el alcance de la contrarreforma laboral anunciada por el Ejecutivo ante las contradicciones entre distintos miembros del Gabinete que hablan en unos casos de derogar los aspectos más lesivos y, en otros, de tumbar toda la norma que impulsó el PP en 2012. Montero matizó que “la música puede ser distinta, pero la letra es la misma” 

“Nunca se puede derogar una reforma en su totalidad”, ha sostenido, aclarando que ni siquiera los sindicatos lo demandan. Los elementos concretos que se quieren revertir están "muy identificados", expuso, señalando entre ellos la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la vía libre a la subcontratación, el despido por absentismo o la acotación de la ultraactividad de los convenios.

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