Hoy empieza el último juicio a los controladores aéreos por la huelga de 2010

El Gobierno de Zapatero tuvo que decretar el primer estado de alarma de la democracia y militarizó el servicio de control

De los 133 controladores que se sentarán en el banquillo, 119 acordaron con la Fiscalía pagar multas de al menos 15.000 euros

Aeropuerto de El Prat durante la huelga de controladores aéreos de diciembre de 2010.
Aeropuerto de El Prat durante la huelga de controladores aéreos de diciembre de 2010. Efe

Hoy miércoles 133 controladores aéreos se sientan en los banquillos de los juzgados de lo penal de Madrid, donde empieza el último juicio a los controladores por supuesto abandono de su puesto de trabajo los días 3 y 4 de diciembre de 2010. El Gobierno de Zapatero declaró un estado de alarma que duró 43 días y militarizó el servicio de control. Además de ser la última causa, es la más numerosa en número de acusados. La mayor parte de los trabajadores (119) se han sumado a un pacto de conformidad con la Fiscalía: pagarán una multa de al menos 15.000 euros (salvo seis que pagarán 31.500 euros) y reconocerán un delito de abandono de servicio. El resto, defenderán su inocencia en el proceso.  

El sindicato convocante de aquella huelga, Unión Sindical de Controladores Aéreos, acordó con el Ministerio Fiscal una indemnización de 1.000 euros a cada uno de los más de 15.000 afectados que siguen pleiteando (15 millones de euros en total). Desde USCA aseguran que ese pago, que reconoce los daños a los usuarios que vieron su vuelo cancelado, ya se ha abonado.

El juicio de Madrid es, en realidad, el segundo que aborda la huelga de controladores tras el de Palma de Mallorca y es el más numeroso. En aquel, más de 80 controladores también llegaron a un acuerdo de conformidad. La causa, en vez de juzgarse en bloque, se desgajó en 22 causas separadas. De las 21 ya cerradas, todas salvo una fueron sobreseídas.

En el juicio madrileño, que comienza con la vista oral y quedará visto para sentencia el 18 de marzo, la mayor parte de los acusados, hasta 119, van a reconocer un delito de abandono de servicio público y deberán pagar una multa más baja (15.000 euros) que los seis delegados sindicales (30.000 euros y cinco meses de suspensión de empleo público), señalan fuentes jurídicas del proceso. En los juzgados de Palma, esta vía permitió a los controladores de las islas que se les aplicara la atenuante de reparación de daños. 

El Despacho Cremades y Calvo Sotelo, que representa a 12.500 afectados en esta causa, valora como "satisfactorio" que la gran mayoría de los acusados se haya acogido al acuerdo de conformidad, aunque todavía queda que así lo manifiesten, uno por uno, ante el magistrado en el juicio. Óscar Arredondo, socio del área procesal de ese despacho, asegura que ahora mantienen la acusación contra siete trabajadores que no firmaron el acuerdo (los otros siete que no lo han aceptado no pertenecen a USCA).  

Daniel Zamit, portavoz jurídico de USCA, asegura que los trabajadores acceden al pacto ante el cansancio de "arrastrar una acusación penal" durante una década. "Además, hay compañeros que ya se han jubilado", señala. Los encausados que no han pactado, entre los que figura el portavoz del sindicato mayoritario, César Cabo, se enfrentan a multas de entre 60.000 y 75.000 euros, indica Europa Press. 

Esas cantidades las ha solicitado la Fiscalía en su escrito de acusación por un delito de abandono de servicio público. La actividad aeroportuaria quedó paralizada los días 3 y 4 de diciembre de 2010. USCA defiende que no es el responsable del cierre del espacio aéreo. "Seguimos sosteniendo que esa potestad se encuentra en AENA", afirma Zamit. Fiscalía recuerda que los controladores, como empleados públicos, prestan un servicio "esencial". 

Aunque los controladores fueron exculpados en la mayor parte de las causas, el Tribunal Supremo tampoco dio la razón al sindicato, que interpuso un recurso contra la militarización del espacio aéreo. Según el Alto Tribunal, el Real Decreto de urgencia era conforme a Derecho, por lo que se desestimó. 

Además de los vuelos con origen, escala o destino Madrid, se vieron afectados todos aquellos que en su ruta cruzaban el espacio aéreo controlado desde el centro madrileño, ubicado en Torrejón de Ardoz y responsable de tres cuartas partes del territorio aéreo nacional. 

Estado de alarma

El personal de control declaró la huelga para denunciar errores de Aena en el cómputo de la jornada laboral de los controladores aéreos. Los trabajadores alegaron entonces que antes de que terminara el año el personal habría cubierto el máximo de horas del convenio laboral. Diez años después, USCA mantiene que siguen faltando controladores, aunque reconoce el esfuerzo de los últimos años de Enaire por contratar más personal.

El Gobierno, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó de urgencia un Real Decreto el 4 de diciembre de 2010. Además, los militares tomaron el control de unos puestos de servicio que con la huelga quedaron vacantes. Unos 700.000 pasajeros y 5.000 vuelos se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo.  

El Gobierno de Zapatero, a través de ese documento, defendía la medida extraordinaria para garantizar el “derecho fundamental” de los viajeros ante “una calamidad pública de enorme magnitud por el elevado número de ciudadanos afectados". Aunque el documento publicado en el BOE indicaba que el estado de alarma duraría 15 días, finalmente estuvo en vigor 43 días.

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