Sánchez aplaza el alza del 0,9% de las pensiones de 2020 para cuando logre formar Gobierno
El ejercicio arrancará con las últimas cuentas de Mariano Rajoy. Extiende otro año Patrimonio y la tributación por módulos
Los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por Cristóbal Montoro en 2018 pasarán a la historia como unos de los más longevos. El Gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez decidió este viernes prorrogar estas cuentas ante la falta de consenso político para lograr la investidura. Por lo tanto, el ejercicio 2020 arrancará con las cuentas prorrogadas, ya en dos ocasiones, de 2018, dado que en el año que acaba los Presupuestos presentados por el Ejecutivo de Sánchez no lograron el visto bueno del Parlamento, lo que motivó el adelanto electoral al 28 de abril.
El último Consejo de Ministros del año, que no contó con el tradicional balance de año del presidente del Gobierno por estar en funciones y en plenas negociaciones con ERC para la formación del nuevo Ejecutivo, adoptó este viernes en línea con el artículo 134 de la Constitución un acuerdo para la prórroga automática de las cuentas ya existentes.
Sin embargo, estos Presupuestos, pese a ser los aprobados por Montoro, cuentan con las modificaciones realizadas en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2018. De esta forma, las cuentas del año próximo ascienden a 277.933 millones de euros.
Más allá de la prórroga presupuestaria, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley escoba que incluye varias medidas que implican a los ministerios de Trabajo y Hacienda, como la revalorización de las pensiones, la actualización de los coeficientes de los valores catastrales y la prórroga del salario mínimo y del impuesto sobre el patrimonio.
Pensiones. El Ejecutivo en funciones ha congelado la subida prevista para 2020 de las pensiones, según la ley vigente, del 0,25% y prevé aplicar, en cuanto se forme el nuevo Gobierno una revalorización del 0,9%, en línea con la evolución de los precios de este año y del plan presupuestario enviado a la Comisión Europea.
Sánchez ha optado por esta suspensión para evitar, según precisó la ministra portavoz Isabel Celaá, duplicar el coste de la comunicación de esta subida a los 9,8 millones de pensionistas. Con esta decisión, el Ejecutivo socialista evita volver a aplicar el Indicador de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado por Mariano Rajoy.
En ese mismo real decreto-ley se fija una prórroga de un año de la cláusula de salvaguarda para que determinados colectivos puedan seguir jubilándose en 2020 con condiciones más ventajosas. En concreto, para los colectivos que en los últimos años, incluido 2019, han seguido pudiendo jubilarse con los requisitos legales previos al 1 de agosto de 2011. Y para aquellos con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de ERE, o por medio de convenios colectivos, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones de procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca antes del 1 de enero de 2020.
Salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo en funciones ha optado también por prorrogarlo en los 900 euros al mes en 14 pagas actuales, a la espera de que logre formar Gobierno y que el SMI sea pactado por los agentes sociales. Celaá recordó que la propuesta electoral del PSOE incluye que este alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura, en línea con la carta social europea. El SMI anual, además, se ha aprobado en los primeros meses del año hasta en seis ocasiones anteriores.
Bases y cotizaciones a la Seguridad Social. El Ejecutivo ha incluido además una prórroga de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social de 2019. De esta forma, la base mínima de cotización se mantiene en los 1.050 euros –tras ser elevada el año pasado un 22,3% en igual medida que el salario mínimo interprofesional– y la máxima en los 4.070,1 euros –tras subir un 7%–. Las bases de cotización por tramos de las empleadas del hogar se quedan también intactas con respecto a las de este último año.
Se mantendrá así también la sobrecotización del 40% que tienen desde enero de 2019 los contratos de menos de cinco días.
Funcionarios. La subida salarial de los más de 2,5 millones de funcionarios ya pactada para 2020 tendrá que esperar a que haya Gobierno, circunstancia que ya había sido avanzada en las últimos meses. El acuerdo alcanzado entre los sindicatos de los funcionarios y el Gobierno de Mariano Rajoy, de un 2% para el próximo año, se aplicará cuando sea posible y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El pacto alcanzado por Cristóbal Montoro y los sindicatos en 2018 y con efectos hasta el próximo año prevé que a ese 2% de subida se añada un variable del 1% en función del PIB y otra prima adicional del 0,55% si se cumple el objetivo de déficit en 2020.
Tributación por módulos de los autónomos. Los límites de facturación delimitada en la tributación por módulos en el IRPF han vuelto a quedar prorrogados por quinto año consecutivo. La legislación preveía que este año se redujeran los umbrales a partir de los cuales un autónomo no puede tributar por el método de estimación objetiva. El real decreto-ley modifica esta situación y mantiene inalterables los límites de exclusión. Así, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. Si no se hubiera realizado la prórroga, los límites serían de 150.000 y 75.000 euros, respectivamente.
Impuesto de patrimonio. El Ejecutivo también ha prorrogado para 2020 el gravamen sobre Patrimonio, medida necesaria para que este no decayera. La continuidad de este tributo, cedido a las comunidades autónomas y que recauda más de 1.100 millones de euros, se va renovando anualmente desde 2013 y es motivo de polémica entre los partidos políticos.
Valor catastral. El último Consejo de Ministros de 2019 ha aprobado dentro del real decreto-ley escoba los coeficientes de actualización, tanto al alza como a la baja, de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020. Esto facilitará a unos 1.092 municipios españoles a subir o bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En conjunto, el Gobierno estima que los incrementos y descensos medios globales alcancen en conjunto un 3%, respectivamente, y que el alza máxima no supere el 5%.
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