Botín: la falta de leyes claras dificulta la financiación de proyectos verdes
La banquera ha lamentado la incertidumbre regulatoria que se produjo en España con las renovables y ha pedido una definición clara de lo que se entiende por inversión sostenible
La transformación del modelo productivo hacia una economía verde no podrá tener éxito si no se logra movilizar suficiente capital privado. No obstante, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, avisó este martes en la Cumbre del Clima que la falta de leyes claras dificulta que la banca impulse la financiación de proyectos verdes y puso de ejemplo el caso de la regulación de las renovables en España. Por ello, pidió a los legisladores que mitiguen esos “riesgos regulatorios”, al tiempo que llamó a desarrollar una “taxonomía” que defina con exactitud qué se entiende por inversión verde o sostenible.
Lo hizo durante un evento organizado en el marco de la Cumbre del Clima en el que se analizaron las vías de movilizar capital privado para financiar los objetivos del Acuerdo de París y en el que también participaron la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, o el magnate y candidato demócrata a las elecciones estadounidenses Michael Bloomberg.
Para impulsar la financiación de proyectos que contribuyan a luchar contra el cambio climático, Botín aseguró que ya existe capital y liquidez en los mercados e incluso la tecnología que se sabe que funciona. El reto, dijo, es que ahora la demanda acompañe, haya liderazgo político y que los riesgos que asumen las entidades sean “aceptables”. En ese sentido, advirtió de que los “riesgos regulatorios” suponen un freno a la inversión verde y que es preciso tener reglas del juego más claras.
“¿Qué pasa si los reguladores cambian de opinión? ¿Qué ocurre si los Parlamentos modifican los incentivos? Esto es un tema muy importante y ha pasado por ejemplo en mi país en el caso de las renovables”, señaló la presidenta del Santander, posiblemente en alusión a la reforma que acometió el Partido Popular en 2013 y que supuso fuertes recortes de los ingresos de las renovables y afectó a más de 60.000 plantas.
Botín aseveró que el hecho de que su entidad fuera “líder en finanzas verdes” no era casualidad sino el resultado de “una fuerte apuesta por la energía verde”. En ese sentido, reconoció que uno de los aspectos “más difíciles” de su trabajo es conseguir alinear el corto y medio plazo, en un contexto en el que los inversores únicamente miran a la cifra de negocios y últimos resultados trimestrales, por lo que pidió que las entidades que invierten en proyectos sostenibles tengan un mayor reconocimiento de los mercados.
Respecto a la petición de Botín de la necesidad de clarificar la definición de inversiones verdes, Calviño señaló que el Gobierno se encontraba trabajando sobre ese marco conceptual, si bien puntualizó que debía ser la Unión Europea quien estableciera los pilares de su diseño. Un guante que fue recogido por el número dos del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, quien explicó que la UE estaba a punto de cerrar las negociaciones para definir las finanzas sostenibles, lo que la convertirá, dijo, en el primer bloque del mundo en hacerlo. Por ello, se mostró confiado en que el marco comunitario pueda llegar a convertirse en un estándar global.
Al igual que Calviño, que destacó que en España la mayor parte de la inversión para hacer frente a la transición ecológica tendrá que venir del sector privado, Dombrovskis reconoció que el proceso "no será barato", y que del lado público, está previsto que un cuarto (25%) de todo el presupuesto comunitario entre 2021 y 2027 se destine a la sostenibilidad.
De la misma forma, el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, recordó que la entidad, "el mayor banco climático del mundo", destinará en 2025 la mitad de su financiación a proyectos medioambientales y que invertirá un billón de euros en ellos entre 2021 y 2030.
El BEI dejó de financiar actividades ligadas con el carbón en 2010. A partir de finales de 2021, vetará la financiación de proyectos de energías fósiles si bien ello excluirá una cincuentena de proyectos ligados con el gas natural considerados como de “interés común”, y aquellas centrales energéticas que contaminen menos de 250 gramos de CO2 por kilowatio hora.