Un reglamento de la Ley de Costas que no olvide el tejido empresarial

Parece razonable reflexionar sobre el borrador y abrir un diálogo constructivo con las empresas para consensuar en lo posible la regulación

El borrador del nuevo reglamento de la Ley de Costas que ha elaborado el Ministerio de Transición Ecológica se ha topado con el rechazo frontal de las empresas que realizan actividades en el dominio público marítimo –es decir, a menos de 100 metros de la línea de costa– como es el caso de las papeleras, conserveras, hoteleras, restaurantes o chiringuitos, entre otras. El texto, que está todavía en fase de consulta pública, endurece considerablemente el trámite de concesión y de prórroga para llevar a cabo estas actividades. En el caso de las prórrogas, fija cinco tramos con sus respectivos plazos, desde 75 años a únicamente tres, en función del tipo de actividad y con un cómputo sustancialmente más restrictivo que el actualmente en vigor. Todos los sectores empresariales afectados han canalizado su rechazo a través de CEOE, que ha redactado un documento de alegaciones en el que se opone enérgicamente al borrador, asegura que dañará a miles de compañías y reclama que se mantenga sin cambios la normativa actual.

Las razones que esgrime la patronal resultan a priori razonables e incluyen desde la brevedad de los plazos que fija la norma –que considera incompatible con el mantenimiento y la mejora de las empresas afectadas– hasta la inseguridad jurídica que un cambio tan contundente generará en la amortización de las inversiones, así como la inexistencia de un régimen transitorio para las prórrogas concedidas bajo el reglamento actual. La ausencia de esa disposición transitoria, recuerda CEOE, supondrá la aplicación retroactiva del nuevo reglamento con todos los perjuicios  que ese cambio ocasionará a las empresas. La patronal señala también varios conceptos indeterminados en el texto que pueden introducir una notable incertidumbre en la interpretación y aplicación de la norma.

El espíritu que subyace al futuro reglamento de costas es una mayor protección del medio ambiente marítimo, lo que se encuadra en la política ecológica que impulsa el ministerio de Teresa Ribera, pero ese objetivo debe llevarse a cabo sin olvidar que España cuenta con un rico y dinámico tejido empresarial en ese ámbito que se ha desarrollado bajo un régimen de concesiones legítimo y cuyas circunstancias deben tenerse en cuenta a la hora de plantear una modificación de tanto calado en la regulación. Dado que hablamos todavía de un borrador, con margen de tiempo suficiente para que sea debatido y enriquecido con las aportaciones del sector, parece razonable reflexionar sobre el texto y abrir un diálogo constructivo con las empresas con el fin de consensuar en lo posible la regulación.