PSOE y Podemos usarán su plan presupuestario como hoja de ruta económica

El Gobierno de coalición prevé retomar en 2020 sus fallidas cuentas de 2019 con alzas fiscales a empresas y rentas altas que sufraguen gasto social sin alarmar a Bruselas

Los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, trabajan ya para lograr los amplios apoyos que requiere para ser investido el Gobierno de coalición que pactaron el martes. Aunque no es un reto sencillo, ambos saben que la prueba de fuego de ese Ejecutivo sería la aprobación de unos Presupuestos Generales para 2020, que aspiran a impulsar en la primera mitad del año. Para acelerar el trámite, y mantener la presión de voto a favor que confían obtener tras el auge de Vox el 10N, basarán su estrategia económica en el plan presupuestario para 2019 que ambos ya consensuaron. Una estrategia no exenta de riesgos, pues la derecha y el secesionismo ya lo tumbaron en el Parlamento el pasado febrero, propiciando la convocatoria del 28A. Las cuentas incluirían una subida fiscal con la que tratarían de compensar un alza del gasto social que será vigilada con lupa por Bruselas en un entorno de creciente desaceleración.

Así lo avanzan fuentes conocedoras de la estrategia económica del embrión de Gobierno de coalición, que comenzaría a operar en el arranque de 2020 cuando la economía pasará de crecer del entorno del 2% al 1,6%, según el panel de expertos publicado ayer por la fundación de las cajas de ahorro (Funcas).

“El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”, reza el preacuerdo sellado por Sánchez e Iglesias.

La herramienta clave para lograrlo será la reforma fiscal ya acordada para 2019, que incluye la creación de una tasa Google sobre los negocios digitales, que sería reemplazada luego por la que acabe pactando en el seno de la OCDE (con la previsión de recaudar 1.200 millones al año); la tasa Tobin sobre transacciones financieras (850 millones); un plan antifraude (828 millones) y un alza tributaria sobre las grandes empresas y fortunas. Ambas formaciones comparten el plan de fijar un tipo mínimo del 15% para las mayores compañías en Sociedades y del 18% para banca y petroleras, rebajarlo al 23% para las pymes o limitar la exención fiscal sobre beneficios logrados en el extranjero (con una recaudación total estimada en 1.776 millones y 260 millones de ahorro para las pymes).

Tampoco la equiparación del gravamen del diésel al de la gasolina (670 millones) debería suscitar problemas de consenso entre ambas fuerzas, que también apuestan por gravar más los grandes patrimonios (339 millones).

A partir de ahí, el PSOE eliminó de su programa del 10N el alza del IRPF a rentas de más de 130.000 euros que pactó en su día con Podemos, pero en el partido dejaron abierta la puerta a retomarlo si la negociación parlamentaria lo exigía. Eso previsiblemente supondrá que el nuevo Gobierno retome el alza de hasta cuatro puntos en el tipo a rentas desde 300.000 euros que ya pactaron frente a los 10 puntos por los que abogaba Podemos de cara a las elecciones.

La formación morada, por su parte, se expone a tener que renunciar a su plan de establecer un impuesto específico para la banca (con un recargo de 10 puntos en Sociedades hasta recuperar el coste del rescate al sector), que el PSOE optó por descartar.

La reforma fiscal planteada para 2019 suponía un alza de la recaudación de 5.614 millones, cifra de referencia del nuevo plan a falta de ver la actualización que se planteará para 2020.

Con este colchón, más el avance inercial de la recaudación, jugará el Gobierno de coalición para impulsar nuevas políticas sociales sin descuidar el equilibrio presupuestario, del que Nadia Calviño será garante ante Bruselas como vicepresidenta económica.

La Comisión Europea, a la que el Ejecutivo actual en funciones ya notificó un alza del gasto de 4.700 millones por la actualización de las pensiones con el IPC y la subida del 2% en los salarios públicos, reprendió a España por plantear un incremento del gasto del 3,8% frente al 0,9% recomendado o proyectar una rebaja del déficit estructural del 0,1%, cuando se le reclama un 0,65%.

“La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado de bienestar sólido y duradero”, reza en este punto el pacto PSOE-Podemos. Aunque el Ejecutivo socialista ya aprobó antes del 28A algunas de las medidas habladas con Podemos, como el incremento del salario mínimo a 900 euros, la ampliación de los permisos de paternidad o el subsidio para mayores de 52 años, el Gobierno de coalición se pone como meta otras partidas de gasto como la gratuidad escolar hasta los tres años, mejorar la dotación en dependencia o sanidad, un plan de vivienda pública en alquiler y medidas de apoyo a las pymes. El pacto también podría implicar cambios de la reforma laboral del PP más ambiciosos de los que estudiaba el PSOE.

Con todo, la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, pidió ayer “tranquilidad” a los empresarios asegurando que el plan PSOE-Podemos apostará por la “moderación”.

A partir de ahí, habrá que ver si el Gobierno de coalición lograr formarse e impulsar sus primeras cuentas públicas para ampliar la hoja de ruta de la que parte.