Un preacuerdo prudente para seguir creciendo
El futuro Gobierno puede aplicar medidas inmediatas y otras a más largo plazo, pero todas deberán estar supeditadas al equilibrio presupuestario
El preacuerdo alcanzado ayer entre el PSOE y Podemos es un documento con diez ejes prioritarios que permite comprender cuáles serán las líneas generales de la política del que casi con total seguridad será el nuevo Gobierno de España. A pesar de que en algunos casos la redacción es muy genérica, sin duda debido a una negociación apresurada por motivos políticos, los distintos puntos nos dan una idea de qué objetivos se intentarán llevar a cabo y los efectos que se pueden esperar de cada una de ellas.
Los ejes prioritarios primero y cuarto son probablemente los más importantes para mejorar la situación económica de España más allá del corto plazo. En el primer punto se menciona el objetivo de creación de empleo para que la economía continúe creciendo, como lo lleva haciendo ininterrumpidamente desde finales de 2013. En los últimos trimestres este crecimiento se ha desacelerado, porque nos encontramos en una coyuntura internacional delicada, con varios socios europeos al borde de la recesión. Actualmente, llevar a cabo las medidas apropiadas en el mercado de trabajo es fundamental para consolidar el crecimiento y mejorar el bienestar. El aumento del empleo estable y de calidad consigue elevar el consumo y además reduce la necesidad de subsidios a personas que antes se encontraban en una situación de vulnerabilidad, por lo que los recursos públicos adicionales pueden dedicarse a usos alternativos.
Para aumentar la creación de empleo es necesario mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, así como la de los autónomos, tal como recoge el preacuerdo. Esto puede hacerse con una rebaja de impuestos o cotizaciones sociales, pero no sería lo adecuado cuando la Comisión Europea y la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) expresan su inquietud por la escasa reducción del déficit público en los últimos años. En este caso, podrían llevarse a cabo planes con una incidencia recaudatoria limitada, tales como la reducción de determinados impuestos a sectores peor tratados en los últimos años, como es el caso de los deportivos y los culturales.
En el preacuerdo se mencionan dos sectores: la industria y el sector primario. Ambos se enfrentan a una fuerte competencia del exterior que rebaja los precios. Sin duda, la apuesta de España debería ir encaminada a la diferenciación con una mayor calidad. Si bien es algo que no puede llevarse a cabo por el Gobierno, sí que puede impulsarse desde el sector público con medidas que lo incentiven adecuadamente. Estas medidas además podrían ir en sintonía con otros ejes prioritarios, como la transición ecológica y la apuesta por la innovación, lo que permitiría realizar una política coherente con mejores resultados.
Si el nuevo Ejecutivo logra fortalecer el tejido productivo tanto de zonas urbanas como rurales del país (la España vaciada) el objetivo de creación de empleo será mucho más fácil de conseguir. Además, para crear empleo bien remunerado y estable, ante la ausencia de maniobra en los estímulos fiscales se podría mejorar la regulación de algunos mercados. De hecho, estas han sido algunas de las medidas del Gobierno francés más criticadas por Le Pen, quien dijo que “Macron pretende la desregulación total”. Más allá de esta exageración electoralista, la mejora de la regulación de algunos mercados claves ha permitido a Francia crear más empleo en el último año que otros países como Alemania o Italia.
El nuevo Ejecutivo español, de acuerdo con los puntos del preacuerdo, también podría optar por medidas de impacto más inmediato, como aumentar de nuevo el salario mínimo o la indemnización por despido. Los valores actuales no son demasiado elevados, y un aumento moderado no sería perjudicial para el mercado laboral a medio plazo, pero no debemos olvidar que estas medidas pueden tener un efecto negativo en la contratación de nuevos empleados, sobre todo entre los jóvenes que acceden a su primer puesto de trabajo.
Otras medidas incorporadas en varios puntos supondrían una mejora económica en el largo plazo. Los resultados no se verían hasta dentro de varios años, pero serían las políticas más positivas. Aumentar el parqué público de viviendas permitiría que un creciente número de familias aumentase su estabilidad financiera, con los efectos positivos que esto conllevaría. La mejora de la innovación y el retorno de talento emigrado también podrían tener sus efectos más positivos en el largo plazo.
El resto de medidas tienen menor contenido económico o suponen políticas de demanda con un efecto positivo a corto plazo, que podría mejorar coyunturalmente el crecimiento económico español. La lucha contra la corrupción permitiría utilizar los recursos públicos de forma más eficiente, lo que redundaría en una mejora de los destinatarios de los fondos, y mayores pensiones de jubilación permitirían que los ancianos más humildes y sus familias aumentasen su nivel de consumo, mejorando la demanda interna del país.
No se puede olvidar que uno de los desencadenantes de la actual situación en Cataluña fueron los recortes presupuestarios, que, si en Madrid desembocaron en el movimiento 15M y la fundación de Podemos, en Cataluña se condujeron hacia el nacionalismo. La mejora económica de los últimos años permitirá abordar la financiación autonómica de manera pactada y justa, corrigiendo desequilibrios que hayan podido tener lugar.
En cualquier caso, todas estas medidas quedan supeditadas al equilibrio presupuestario como se recoge en el último de los diez ejes prioritarios de actuación. Este equilibrio presupuestario se encuentra en la Constitución desde la reforma de 2011 y hace posible que se mantengan la confianza de consumidores y empresarios en la sostenibilidad de las políticas públicas.
Juan Luis Santos es Profesor en la Universidad CEU San Pablo e investigador asociado en el IAES