La burbuja financiera de las energías fósiles

Es urgente hacer más ‘verde’ el sistema para reducir los enormes riesgos de invertir en activos obsoletos

Torre de perforación petrolífera en la cuenca del Pérmico, en Nuevo México. reuters.
Torre de perforación petrolífera en la cuenca del Pérmico, en Nuevo México. reuters.

La comunidad científica lleva décadas alertando de los enormes riesgos del cambio climático, riesgos que acabarán trasladándose a la economía y los mercados financieros y que el Foro Económico Mundial sitúa ahora entre las principales amenazas globales. Tradicionalmente, el sector financiero ha puesto el foco en los riesgos físicos del cambio climático tales como las pérdidas derivadas de la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como huracanes, inundaciones, sequías o incendios. Sin embargo, existen otros riesgos financieros asociados a la transición energética y la devaluación de los activos asociados a las energías fósiles que han pasado más desapercibidos y pueden ser muy elevados si no se actúa a tiempo.

El Acuerdo de París implica una transformación sin precedentes del sistema energético, ya que las emisiones globales de carbono en los próximos 10 años habrán de reducirse un 45% respecto a 2010 y ser prácticamente cero en 2050. Para que estos objetivos sean alcanzables es necesaria una reorientación urgente y a escala global de las inversiones en energías fósiles hacia las energías limpias, algo que no está sucediendo al ritmo adecuado y que implica seguir acumulando riesgos.

Una reciente carta firmada por el gobernador del Banco de Inglaterra y por el del Banco de Francia y presidente de la NGSF (Network for Greening the Financial System), red que agrupa 42 bancos centrales, ha alertado de los riesgos financieros de la transición energética y señala que es necesario “el compromiso de todos los actores para evitar un colapso repentino en los precios de los activos”. Una alerta similar ha sido realizada por la ESRB (Europan Sistemic Risk Board), un organismo independiente de la UE creado durante la crisis financiera para prevenir nuevos riesgos financieros con carácter sistémico.

Afirmar que los riesgos de la transición energética pueden ser sistémicos y poner en peligro la estabilidad financiera son, sin duda, palabras mayores. Sin embargo, la alerta de estos bancos centrales tiene fundamento. Según la Agencia Internacional de la Energía, solo un tercio de las reservas probadas de combustibles fósiles podrá quemarse en el futuro, ya que de lo contrario superaríamos el presupuesto de carbono para cumplir el Acuerdo de París, entendido este como la cantidad máxima acumulada de emisiones de carbono que todavía podemos emitir a la atmosfera para mantenernos dentro del umbral de seguridad. Esta limitación implica que una parte muy relevante de estas reservas e incluida en los balances contables de las empresas podrían convertirse en un futuro no lejano en activos inservibles o varados, ya que únicamente los proyectos con menores costes de producción podrán ser rentables.

Según estimaciones de Carbon Tracker, think tank financiero y climático de referencia, los activos varados en el sector del petróleo, gas y carbón alcanzarían actualmente un valor de 1,6 billones de dólares, una cantidad superior al PIB anual de España y que, de confirmarse, supondría una enorme burbuja financiera. Esta estimación no incluye las inversiones en infraestructuras asociadas a las energías fósiles y sus sectores auxiliares, ni tampoco otros activos varados en sectores intensivos en emisiones, y que podrían elevar las pérdidas a los 4 billones.

Las compañías petrolíferas se esfuerzan por señalar que sus estrategias están alineadas con el Acuerdo de Paris, pero las inversiones previstas en exploración de nuevas reservas, así como sus hipótesis sobre crecimiento de la demanda indican que, en realidad, están apostando por el no cumplimiento del acuerdo. Solo en 2018 se estima que la industria petrolífera ha aprobado proyectos no compatibles con el Acuerdo de Paris por valor de 50.000 millones de dólares. No obstante, el sector podría verse atrapado por dos tipos de shocks.

En primer lugar, las políticas climáticas pueden volverse mucho más contundentes en el corto plazo como respuesta a la presión de una ciudadanía global que va viendo cómo los impactos son cada vez más preocupantes y las acciones de los gobiernos insuficientes. Un impuesto al carbono de 75 € por tonelada como el que acaba de proponer el FMI tendría efectos notables. Las centrales de carbón de todo el mundo, que suponen un 30% de las emisiones de carbono, tendrían muy difícil mantener su actividad. Lo que está ocurriendo en la UE, donde la mayoría de las centrales térmicas de carbón han entrado en pérdidas en 2019 ante el aumento en los precios del CO2 es un importante aviso para otros lugares y sectores. Aunque la transición será un proceso largo, la simple expectativa de medidas de calado puede devaluar rápidamente muchos activos y precipitar una transición que deberían ser gradual y ordenada.

En segundo lugar, la revolución tecnológica de las energías renovables y las baterías está comenzando a desplazar a las energías fósiles para servicios energéticos importantes. Este el caso de la movilidad de pasajeros, donde los vehículos eléctricos suponen una amenaza emergente para los convencionales, a medida que sus prestaciones mejoran, los Gobiernos despliegan las infraestructuras necesarias y las economías de escala reducen los precios de los vehículos. Según un reciente estudio de BNP Paribas, optar por un vehículo eléctrico será en poco tiempo “irresistible” desde un punto de vista económico, lo que abre nuevas oportunidades industriales, pero también afectará a un 36% de la demanda global de petróleo y a todos los activos asociados a dicha cadena de valor.

Por todo ello es urgente que, siguiendo las alertas y recomendaciones de los bancos centrales, todos los agentes implicados –bancos, inversores, aseguradoras y fondos de pensiones– valoren de forma adecuada estos riesgos. Decisiones como la del Banco Mundial, que ha decidido no financiar más proyectos en exploración de gas y petróleo o la propuesta de la nueva Comisión Europea que quiere convertir al Banco Europeo de Inversiones en un verdadero “banco climático” al que destinaría la mitad de sus inversiones, son avances muy importantes.

Hacer más verde el sistema financiero es urgente. No solo pone en marcha unas fuerzas del mercado que, bien orientadas, serán determinantes para lograr frenar a tiempo la crisis climática, sino que además contribuye a reducir los enormes riesgos financieros de seguir invirtiendo en unos activos fósiles que más pronto que tarde habrían de quedarse obsoletos.

Mikel González-Eguino es investigador de BC3, Basque Centre for Climate Change y Ricardo Pedraz es consultor de Afi