Las casas y fincas de los narcos salen a subasta este noviembre
Hacienda saca a la venta 40 lotes de inmuebles decomisados, el más caro de ellos por un precio de salida de 4,8 millones de euros
Una casa de 330 metros cuadrados con piscina y jardín en Málaga, una nave industrial de 8.000 metros cuadrados en Madrid o un hotel de seis plantas en Pontevedra son tan solo algunos de los inmuebles incautados a traficantes de drogas que el Estado subastará este 6 de noviembre al mejor postor. La encargada de realizar la subasta, cuya cita tendrá lugar en el Hotel Wellington de la capital, es la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), que, una o dos veces al año, se encarga de enajenar inmuebles del Estado para que la Administración pueda desprenderse de ellos e ingresar recursos adicionales en las arcas públicas.
Del total de 43 lotes de inmuebles que se someterán a subasta pública dentro de un mes, 40 de ellos provienen de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), mientras que los otros tres restantes corresponden a parcelas de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), en proceso de liquidación, y a un local del Centro de Exportaciones de Libros Españoles. La importante prevalencia de los inmuebles provenientes de los decomisiones por tráfico ilícito de drogas no es nueva.
En la subasta del año pasado, de los 22 lotes, 20 provenían del PNSD y apenas dos de la Compañía de Ferrocarriles, mientras que un año antes, 20 de los 25 paquetes venían de los narcos, tres de la liquidación de Rumasa y otros dos de Puertos del Estado y Paradores. Entidades como el Banco de España o el Museo Nacional del Prado también han subastado de forma puntual locales y viviendas.
Entre los inmuebles que salen a subasta este noviembre hay una gran variedad para todo tipo de bolsillos e interesados. Según explican desde Segipsa –entidad que depende del Ministerio de Hacienda– siempre se acaba vendiendo un porcentaje bastante alto de los lotes y a la cita suelen acudir en su mayoría particulares, pero también empresas y fondos de inversión, según la naturaleza de los bienes. Y aunque su origen fuera inicialmente delictivo, el PNSD sostiene que los compradores no informan de problemas a posteriori. Entre la oferta, se pueden encontrar desde parcelas, fincas rurales, terrenos de secano y olivares, hasta casas unifamiliares y locales comerciales, pasando por discotecas, hoteles, garajes y trasteros.
Las propiedades incautadas a los narcos suelen estar ubicadas en los epicentros del tráfico de sustancias. El 40% de los lotes subastados el próximo mes se sitúan en Pontevedra, en plenas Rías Baixas, puerto de entrada de la cocaína y heroína provenientes de Centroamérica, mientras otro 30% se halla en Málaga y Huelva, primer punto de llegada del hachís desde El Estrecho.
El lote más barato es el de una finca rústica en Huelva con una casa no inscrita en el Registro de la Propiedad, por un precio de salida fijado por Segipsa de 12.100 euros, mientras que el más cuantioso es el de una parcela de 10.000 metros cuadrados en Coslada (Madrid) con una nave industrial de 8.000 metros cuadrados, y un precio inicial de 4,82 millones de euros.
Pero también hay, por ejemplo, una vivienda unifamiliar con zona ajardinada y piscina en una parcela de 2.500 metros cuadrados en Alhaurín de la Torre (Málaga) por un precio de salida de 247.400 euros, una casa de dos plantas con piscina y 625 metros cuadrados en Gondomar (Pontevedra), por 124.300 euros, o aún, un hotel de seis plantas en Sanxenxo (Pontevedra) por un precio de 396.000 euros de partida. Segipsa recuerda, eso sí, que cualquier carga fiscal o deudas que tenga las fincas, figuren o no en el Registro, tendrán que ser asumidas por los adjudicatarios.
Desde 1995, la ley prevé que los bienes decomisados en sentencia firme por delitos de tráficos de drogas pasen a formar parte del erario del Estado y que los ingresos derivados de su venta vayan destinados a programas de prevención de toxicomanías y asistencia a drogodependientes.
Segipsa no solo se encarga de subastar inmuebles que el Estado ya no quiere, sino también todo tipo de artículos intervenidos por actividades delictivas, ya sea por narcotráfico, blaqueo, trata de personas o terrorismo, y que van desde moda, y complementos, a bisutería y accesorios de telefonía. En 2015, de hecho, esta sociedad mercantil estatal llegó a subastar 60 kilogramos de lingotes de oro procedentes de decomisos de joyas por delitos de narcotráfico.
El proceso de subasta
Pujas mínimas de 2.000 euros. Según explica Segipsa, la venta de cada uno de los 43 lotes que se subastarán el próximo 6 de noviembre se realizará por separado y en el orden que indica la convocatoria. El proceso se inicia a partir del precio de salida fijado en primera subasta por Segipsa y las pujas deberán mejorar la oferta anterior en al menos 2.000 euros, salvo para el lote valorado en 4,82 millones de euros, en cuyo caso las pujas irán en tramos de 10.000 euros. De no haber ninguna oferta para el precio de salida de primera subasta en alguno de los lotes, se pujará a partir del precio de segunda subasta, más bajo que el anterior.
Potenciales compradores. Aunque la subasta es pública, Segipsa admite ofertas por escrito en sobre cerrado que deben entregarse el día antes de la subasta a mediodía con una fianza que equivalga al 10% del precio de salida en primera subasta, a través de un cheque a favor del Tesoro Público. No podrán participar en la subasta personas o entidades que estén declaradas en concurso o insolventes, sujetas a intervención judicial o inhabilitadas, o con prohibición de contratar con la Administración, así como el personal del Ministerio de Hacienda y la AEAT.
