Los hoteleros se rebelan contra el rescate a los afectados por Thomas Cook
Las patronales de Andalucía, Cataluña y Valencia protestan al quedar fuera del plan elaborado por el Gobierno
El plan de ayudas presentado el jueves por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para compensar el impacto de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook no ha dejado satisfecho a una parte importante de la industria hotelera. El rescate cuenta con un presupuesto de 300 millones, de los que 200 serán créditos blandos destinados en exclusiva a empresas de Canarias y Baleares.
Una limitación que ha provocado las críticas de las patronales de Costa del Sol, Cataluña o Comunidad Valenciana, al sentirse discriminadas. Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, remarcó que las firmas de esa zona acumulan una deuda de dos millones de euros por la quiebra del turoperador. “Está muy concentrada en algunos establecimientos, que irán directamente a pérdidas, por lo que también necesitarán de algunas ayudas para soportar el invierno”, recalcó.
En esa misma línea se expresó Santiago García-Nieto, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña, quién advirtió del impacto negativo en el empleo. “Las zonas turísticas del litoral catalán han resultado gravemente afectadas por la quiebra, con unas consecuencias que, de no actuarse con especial rigor y contundencia, perjudicaran de forma muy destacada, a medio y largo plazo a la industria, tanto en el ámbito comercial como en el laboral”.
Desde la Asociación Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) reclamaron al Ejecutivo que las medidas diseñadas para dar respuesta a la quiebra sean de aplicación “a todas las comunidades autónomas, todos los aeropuertos y todas las empresas afectadas”. Desde la patronal valenciana criticaron que no se haya actuado con el mismo criterio que en anteriores crisis. “En la quiebra de Monarch, acontecida hace dos años, no se arbitró ninguna reducción de tasas aeroportuarias ni bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, cuando provocó la pérdida de 600.000 asientos en el aeropuerto de Alicante-Elche y varios millones para el sector hotelero”.