El Gobierno que salga del 10N deberá lograr 11.000 millones para rebajar el déficit en 2020

Tendrá que elevar ingresos o rebajar gastos para acabar el año en el 1,1% prometido a la UE pero la previsible demora de los próximos Presupuestos dificulta el objetivo

Belén Trincado / Cinco Días

El nuevo Gobierno que acabe conformándose tras la repetición electoral del 10 de noviembre tendrá por delante el reto de encarar con premura la revisión de gastos e ingresos de 2020 a fin de cumplir con los compromisos de déficit alcanzados con Bruselas. El nuevo Ejecutivo tendrá que conseguir al menos 11.000 millones de euros para cumplir la última senda fiscal comunicada a la Comisión Europea, con la dificultad añadida de que previsiblemente los Presupuestos de 2020 no acaben aprobándose hasta ya avanzado el año, si es que salen adelante.

Y eso dando por buena la senda fiscal comunicada en primavera por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas en el Programa de Estabilidad 2019-2022, cuyos objetivos de déficit siguen sin estar aprobados en el Parlamento español. De aplicarse los objetivos de déficit oficialmente vigentes, heredados del Ejecutivo de Mariano Rajoy, España debería acabar 2020 con un déficit del -0,5%, lo que supondría un ajuste de 18.000 millones vía ingresos o gastos en el próximo ejercicio.

De momento, en todo caso, el Ejecutivo en funciones viene trabajando con la idea de rebajar el déficit del -2,48% de 2018 al 2% este año y al 1,1% en 2020, como se dijo a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el objetivo para 2019 es “factible”. El organismo asume la previsión del Gobierno de que al cierre de este año los ingresos habrán pasado a suponer el 39,1% del PIB, frente al 38,9% de finales de 2018, gracias en buena medida al incremento inercial de la recaudación y al alza aprobada para las bases máximas y mínimas de cotización (que aportan 2.320 millones, según Airef).

A su vez, el gasto público habrá descendido del 41,3% del PIB al 41,1% a finales de 2019, debido a ausencia de nuevas medidas de gasto más allá de los reales decretos sociales (que costarían unos 1.508 millones) y a la pérdida de peso de desembolsos extraordinarios como la devolución del IRPF de maternidad, concentrados al inicio de 2019, dice la Airef.

De comenzar 2020, por tanto, con un agujero fiscal del -2%, el Gobierno de turno deberá encargarse de rebajar el déficit en nueve décimas de PIB durante el ejercicio para concluirlo en el -1,1%. Esto supone rebajar gastos o elevar ingresos hasta lograr reducir el diferencial en 10.819,7 millones.

Para hacerse una idea del reto que supone, conviene tener en cuenta que la reforma fiscal pactada entre PSOE y Unidas Podemos para los Presupuestos de 2019, que finalmente tumbó el Congreso, aspiraba a recaudar la mitad, 5.654 millones. Y eso para un ejercicio completo con las nuevas tasas Google y Tobin, o las alzas en Sociedades y tramos altos del IRPF. En 2020, en cambio, se espera una nueva prórroga de las cuentas de 2018 pues la formación de nuevo Gobierno y la tramitación parlamentaria amenazan con retrasar la hipotética aprobación de unas nuevas cuentas, y sus efectos, hasta primavera.

A partir de ahí, varias fuerzas contrapuestas influirán en la evolución de las cuentas públicas. De un lado, es de esperar que la recaudación de ingresos siga creciendo pese a la ausencia de nuevas medidas. Sin embargo, el avance del ritmo de ingresos ha comenzado a frenarse debido a la desaceleración de la economía y de la creación de empleo, reconoce el fisco en su último informe de recaudación.

Sin contar con el efecto del SII del IVA (ver despiece), la recaudación se incrementó un 5,5% en 2018 (10.682 millones) pero a cierre del pasado julio el aumento era ya del 2,1% (2.478 millones). La tendencia se agravará en 2020 cuando el PIB pase de crecer un 2,2% a 1,9%, según las estimaciones oficiales, que finalmente no se revisarán al alza después de que el INE haya actualizado sus cálculos revelando que la desaceleración es más grave de lo que se creía. A su vez, el peso del gasto podría elevarse de nuevo en 2020 si el Gobierno vuelve revalorizar las pensiones con el IPC, a incrementar el salario mínimo o a subir el sueldo de los funcionarios.

Sería de esperar que los partidos políticos aclaren sus planes para 2020 en los programas electorales del 10N. Está por ver. Por ahora encaran la cita con más reproches que cifras.

El efecto del mes perdido de IVA

El SII. Una reforma del IVA de 2017 ha acabado impactando en las cuentas públicas de este año, mejorando el déficit a la para que elevando la tensión entre las comunidades autónomas y el Estado a cuenta de la financiación autonómica. El llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA entró en vigor en julio de 2017 rebajando de meses a solo unos días el plazo en el que Hacienda es informada de las facturas emitidas. El cambio de plazos, sin embargo, restó un mes de recaudación a recuperar este año con la liquidación definitiva. Se trata de unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros de los que las comunidades tendrían que haber recibido la mitad que les corresponde, 2.500 millones, gracias a un cambio legal introducido en el proyecto presupuestario de 2019. Su fracaso en el Parlamento, sin embargo, ha dejado a las comunidades sin estos fondos. Como consecuencia, el déficit de las regiones saldrá peor parado de lo previsto, pero el efecto del conjunto de las administraciones seguirá siendo beneficioso porque la administración central retiene los 5.000 millones y sale mejor parada. Las regiones tampoco recibirán el monto en 2020, cuando se liquidará el impuesto de 2018 ya con los 12 meses correspondientes.