Arreglar la ley de EE UU sobre información privilegiada está al alcance
Un proyecto de ley en curso podría clarificar las lagunas que permiten a los ‘traders’ seguir cometiendo abusos y a los fiscales estirar la legalidad
He aquí un buen consejo que el Congreso de EE UU puede estar listo para escuchar: La ley sobre uso de información privilegiada en trading está madura para una reforma. Los legisladores, con frecuencia en situación de bloqueo, parecen estar más cerca que nunca de clarificar las reglas que llevan décadas dejando perplejos a los inversores, a los guardianes de Wall Street y a los jueces. Ahora que los fiscales están encontrando nuevas formas de estirar los límites legales y los traders marrulleros se escabullen por los vacíos legales, la solución no podría llegar en un mejor momento.
Un caso que del Tribunal de Distrito de Manhattan demuestra por qué. Hace seis años, Richard Lee, un ex-trader del hedge fund SAC Capital Advisors de Steven Cohen, se declaró culpable de usar información privilegiada, apenas unos días antes de que se acusara a la propia firma. SAC acabó llegando a un acuerdo por un monto récord de 1.800 millones de dólares, pero los cambios en la jurisprudencia le dieron nueva vida al caso de Lee. En junio, un juez le permitió retirar su anterior declaración de culpabilidad. El 27 de agosto, se programó un juicio para diciembre.
Es la clase de problema para cuya prevención está diseñado el último proyecto de ley federal –la Ley de prohibición de uso de información privilegiada–. Lee, que admitió haber operado con un dato de segunda mano sobre un acuerdo confidencial de Yahoo, explotó una laguna legal que se abrió un año después de su declaración de culpabilidad. En 2014, un tribunal federal de apelación de Nueva York dictaminó que un trader como Lee no era culpable a menos que supiera que el que filtró el secreto corporativo original recibía dinero u otra cosa de valor a cambio. Fue la clase de interpretación novedosa que pone de relieve el riesgo de dejar que los jueces se encarguen de legislar.
Aunque el Tribunal Supremo y, este año, el Tribunal de Apelación de Nueva York cerraron el vacío legal, todavía era lo suficientemente amplio como para que Lee pudiera escabullirse porque no había pruebas de que tuviera idea de si se le había pagado a la persona que había filtrado la información original. La nueva ley, si se aprueba, eliminaría el requisito de probar que existe un quid pro quo para una filtración, simplemente haciendo ilegal que los traders se aprovechen de importantes secretos corporativos que supieran –o debieran haber sabido– que fueron “obtenidos injustamente”.
La ley definiría esa frase de forma lo suficientemente amplia como para atrapar también a otros tipos de delincuentes. Por ejemplo, en los últimos años, los piratas informáticos han robado información confidencial y la han vendido a traders o han operado con ella ellos mismos. A principios de año, la SEC acusó a nueve personas de irrumpir en su base de datos y utilizar secretos corporativos para ganar al menos 4.100 millones en operaciones. Ese tipo de comportamiento puede violar las leyes contra el robo y la privacidad de los ordenadores o de los datos pero, por razones técnicas, no las prohibiciones sobre información privilegiada. La nueva legislación cubriría a los hackers y a cualquier otra persona que “se apropie indebidamente” de secretos, sometiéndolos a las sanciones, a menudo más severas, de la legislación sobre información privilegiada.
La amplitud de la nueva ley parece dar a los funcionarios un extenso margen de maniobra para tomar medidas enérgicas contra las transacciones dudosas, pero hay una trampa. Ante el confuso estado de la legislación actual, los fiscales ya están encontrando formas cuestionables de eludirla. Está ganando popularidad una disposición de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. A diferencia de la actual ley de uso de información privilegiada, permite que las personas que operan basándose en secretos corporativos sean condenadas sin pruebas de un quid pro quo o incluso la obligación de mantener la confidencialidad de la información. Esencialmente, todo lo que el Gobierno necesita mostrar es la intención de operar con información no pública que involucre un valor.
Ese enfoque entraña graves riesgos. Podría, por ejemplo, significar prisión para alguien que accidentalmente se encuentra con información confidencial sobre una empresa y luego opera con ella, sin deberle a la empresa ni a nadie el compromiso de no hacerlo. En teoría, esto podría ayudar a nivelar el campo de juego en los mercados, pero también desalentaría la obtención de información valiosa, y hasta ahora legal, sobre una cotizada.
La ley propuesta protegería contra ese riesgo, entre otras cosas, exigiendo que la información haya sido “obtenida ilegalmente”. Sin embargo, nada en la propuesta impide que los organismos de control sigan utilizando, por ejemplo, la disposición Sarbanes-Oxley. Es un fallo que los legisladores deberían pensar en solucionar haciendo la nueva ley exclusiva al menos para los procesos penales sobre información privilegiada.
Todavía queda mucho camino por recorrer. El proyecto obtuvo la aprobación del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en mayo, con el apoyo de republicanos y demócratas por igual, lo que no es poca cosa en un Congreso muy partidista. Se espera que el pleno de la Cámara se ocupe de ello en otoño.
Como muchas otras leyes, por supuesto, el proyecto de ley aún puede enfrentarse a lagunas inspiradas por los lobbys y otros obstáculos potenciales, además de requerir la aprobación del Senado y la firma del presidente Trump. Sin embargo, ninguna medida sobre el tema ha llegado tan lejos en mucho tiempo, y los argumentos a favor son bipartidistas y convincentes. Es una solución demasiado buena para dejarla pasar.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías