España reduce a una cuarta parte el IVA perdido por fraude en un lustro
La UE estima que es el país europeo que aplica el tipo efectivo más bajo
Los esfuerzos de las autoridades españolas por acabar con el fraude fiscal en torno al IVA parecen estar dando sus frutos en los últimos años. Así lo destaca un informe publicado este jueves por la Comisión Europea que detalla que España dejó de percibir 1.806 millones de euros en 2017, cuando ingresó 75.913 millones por este tributo, debido a casos de fraude, evasión fiscal o impagos, entre otras causas. Aunque la cifra resulta significativa, el monto supone apenas un 2% de la recaudación potencial del país, siempre según las autoridades comunitarias, y una excepcional mejora desde el 12% de ingresos que se perdían por fraude del IVA en 2013.
El informe destaca que el conjunto de países de la Unión Europea perdieron por los mismos motivos 137.000 millones de euros de recaudación por impuestos sobre el valor añadido en 2017, lo que supone un 11% de su capacidad real de recaudación. La cifra, en todo caso, mejora los 147.146 millones (12,3%) de 2016.
“La coyuntura económica favorable y algunas soluciones políticas a corto plazo aplicadas por la UE contribuyeron a reducir la brecha del IVA en 2017. No obstante, para lograr un progreso más significativo, tendremos que llevar a cabo una profunda reforma del sistema del IVA para hacerlo más resistente al fraude”, defendió el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici.
La mayor brecha de IVA, según la denominación comunitaria, la sufrió Rumanía, que perdió un 36% de sus ingresos. Le siguen en la lista Grecia (34%) y Lituania (25%) mientras que Suecia, Luxemburgo y Chipre (1%) son las autoridades fiscales más efectivas en este terreno. Por volumen, en todo caso, el mayor problema lo sufre Italia, con una pérdida de recaudación de 33.629 millones, si bien estos suponen el 24% de su recaudación potencial.
El documento europeo también analiza las diferencias entre los esquemas de gravamen de los distintos países, según el tipo general que aplican y los tipos reducidos y superreducidos con los que cuentan para determinados productos y servicios. En el caso de España, con un tipo general del 21%, uno reducido del 10% y otro superreducido del 4%, la Comisión Europea concluye que el país acaba aplicando el tipo efectivo más bajo de toda la UE, un 8,5%.
El dato responde en parte a que el país grava un gran número de productos con los tipos especiales, motivo por el cuál organismos como la OCDE suelen aconsejar a España que eleve las transacciones suejtas al tipo ordinario para elevar su recaudación.
Sin embargo, la Agencia Tributaria española estima en su último informe anual que el tipo efectivo real es 15,3% y fuentes cercanas a la administración matizan que el cálculo europeo está desvirtuado porque incluye en el cómputo todas las exenciones de IVA sobre determinadas actividades o territorios como Canarias.
