Vigilancia Aduanera reclama más recursos para combatir fraudes

La policía judicial de la Agencia Tributaria pide una dirección general propia para investigar el blanqueo

La mitad de la plantilla se habrá jubilado en ocho años

Fernando Iglesias, presidente de IA.
Fernando Iglesias, presidente de IA.

Las distintas actuaciones de la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude permitieron recuperar en 2017 un total de 14.792 millones de euros, lo que supone un 0,6% menos que en el ejercicio anterior, cuando la recaudación también descendió tras años de incrementos en el afloramiento de economía sumergida. Desde la Asociación Profesional de Investigación Aduanera y Fiscal (IAF), que representa a los miembros de la policía judicial de la Agencia Tributaria que combaten el contrabando, los delitos fiscales y el blanqueo de capitales, admiten estar “preocupados por los últimos resultados de cuantificación de delitos fiscales”, lo que achacan a “los recursos limitados que la Agencia Tributaria tiene para poner a disposición de jueces y fiscales”.

Así lo expuso ayer uno de los vocales de la asociación, Julio Lesmes, en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que el presidente de la IAF, Fernando Iglesias, reclamó más recursos para los agentes de aduanas y lucha contra el delito fiscal así como la creación de una nueva dirección general especializada dentro de la Agencia Tributaria. La idea es equipararlo al área de informática, por ejemplo, para proseguir su labor bajo el mandato directo del responsable de la Agencia y con vocación de transversalidad con el resto de departamentos.

Ambos ponentes hicieron hincapié en que Vigilancia Aduanera son “los ojos en las calles” de la Agencia Tributaria para obtener las pruebas con las que los inspectores y técnicos de Hacienda calculan el importe defraudado, principalmente por “redes del crimen organizado”. También han sido clave en célebres investigaciones por blanqueo, como la que atañe al expresidente de Bankia y exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, al que uno de los agentes de Vigilancia Aduanera sujetó la cabeza al introducirlo en un vehículo tras su detención en una imagen que ha pasado a la posteridad.

Actualmente, Vigilancia Aduanera cuenta con 2.000 funcionarios de distintos cuerpos, divididos en las áreas de investigación terrestre y marítima, donde son absoluta referencia gracias a su dotación y experiencia en abordaje de embarcaciones para la incautación de drogas, por ejemplo. El departamento cuenta con 500 vehículos, incluyendo cuatro aviones, seis helicópteros, 33 patrulleras o dos buques insignia dedicados a operaciones especiales, con helipuerto y calabozos.

El cuerpo afronta, sin embargo, un importante reto a medio plazo. “Tenemos menos de la mitad de funcionarios aduaneros que Francia o Alemania, y trabajamos de tú a tú con menos medios”, expuso Iglesias, que aseveró que la dotación de personal es similar hoy a la que había hace 25 años pese al incremento del PIB y de la complejidad de los fraudes que combaten. A eso se suma “una plantilla envejecida”, “casi la mitad del cuerpo se jubila en los próximos ocho años”, aduce el presidente de la IAF, reclamando la pronta incorporación de nuevo personal para poder gestionar el traspaso de formación antes de su marcha.

Iglesias expone que las redes criminales se adaptan a los flujos económicos y explica que en los últimos tiempos buena parte de las actuaciones se centran en combatir los fraudes del IVA o los aranceles, el resurgir del contrabando de tabaco o el uso de divisas virtuales para mover dinero procedente del crimen.

El Fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza alabó la labor de Vigilancia Aduanera, a menudo en colaboración las Fuerzas de Seguridad del Estado, en las investigaciones judiciales y destacó el reto que suponen los paraísos fiscales, especialmente los no incluidos en las listas oficiales. La región estadounidense de Delawere, Londres y Luxemburgo encabezan el registro real de territorios fiscalmente opacos, denunció, pese a que los organismos internacionales no los tengan por paraísos. 

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