La alerta de la listeriosis: no es el cómo, es el cuándo

Las autoridades alertaron por los canales habituales, pero lo hicieron con lentitud

Fachada del edificio desde el que se ha comercializado la carne contaminada con listeriosis, en Sevilla.
Fachada del edificio desde el que se ha comercializado la carne contaminada con listeriosis, en Sevilla. EFE

La prensa titulaba el pasado día 22: “España lanza una alerta internacional por el brote de listeriosis de Sevilla”, dando a entender que la crisis iniciada en el país alcanza una proporción internacional. La realidad es algo diferente, pero las crisis alimentarias tienen una especial trascendencia mediática (y consecuentemente económica).

El mencionado titular se refiere a que las autoridades españolas comunicaron el día 20 a las europeas la existencia de un riesgo alimentario, concretamente de contaminación con listeria moncytogenes en carne mechada producida en España. Se comunica también que el producto se retira del mercado.

Dicha comunicación la han realizado las autoridades españolas utilizando el sistema de alerta rápida de alimentos y piensos (RASFF, por sus siglas en inglés), que es una red que gestiona la Comisión Europea y que conecta a todos los estados miembros. Sirve para informar de riesgos alimentarios y de las medidas que se adopten al respecto. El uso del RASFF es relativamente habitual y no implica necesariamente que los riesgos que por la misma se comunican tengan una dimensión internacional. De hecho, a través de esta red se comunican a diario los más variados tipos de riesgos, mucho de ellos sin demasiada trascendencia.

La comunicación a través de esta red es instantánea y obligatoria en ciertos supuestos, desde luego en aquellos en los que se ordena la retirada de un producto del mercado por una contaminación bacteriana. Es decir, cuando existe un riesgo serio y real para la salud pública. A nivel nacional el sistema de comunicación se replica en el SCIRI, que comunica al Estado con las Comunidades Autónomas por medio de un sistema que se tiene que usar para informar sobre los riesgos alimenticios graves y las medidas que se adopten. El brote se ha producido en Andalucía, y aunque la carne contaminada se ha vendido además en otras regiones no parece que el producto haya sido exportado, así que en principio el alcance de la crisis es meramente nacional.

Por tanto, más que la red (nacional o europea) elegida para comunicar el riesgo alimentario, la cuestión polémica que rodea a esta alerta es la del momento en que se debía de haber iniciado, es decir, cuándo las autoridades estaban obligadas a comunicar la alerta y qué medida tendría que haberse adoptado inicialmente. Al respecto existen varias posibilidades, como la retirada o la recogida del producto, informando o no a los consumidores, es decir, a la opinión pública, o incluso ordenar la paralización de las actividades. Mi impresión es que las autoridades han reaccionado con lentitud, más motivadas por el impacto mediático de la alerta –a medida que la misma ha trascendido a la prensa– que ante los datos que conocieron, o debieron haber conocido, sobre la gravedad de la contaminación y su efecto sobre la salud, en función del tipo de enfermedad y la amplitud de la distribución del producto en el mercado.

Lo cierto es que esta crisis es difícil de entender. Por supuesto, las contaminaciones existen y por muy estricto que sea el control sanitario e higiénico que se realice puede haber fallos y ocurrir accidentes.

A ello hay que añadir, que el responsable primero de la seguridad de los alimentos es la empresa alimentaria, que está obligada legalmente a conocer los riesgos específicos de su actividad y establecer mecanismos de vigilancia sobre riesgos y peligros. Pero la producción de alimentos de origen animal, y más concretamente la carne, está rigurosamente regulada y controlada y cabría pensar que los inspectores alimentarios están particularmente vigilantes frente a riesgos para la salud graves, como es el caso de una contaminación bacteriana, más vigilantes que ante otros problemas de calidad cuya gravedad, o daño potencial, es menor.

Pero, al menos en mi experiencia, existe una cierta confusión entre problemas de calidad y sanitarios en el control de los alimentos, lo que lleva a que en muchas ocasiones las administraciones sobreactúen y en otras quizás subactúen. En mi opinión esto puede deberse, al menos en parte, a la falta de criterios claros sobre cómo reaccionar ante una y otra situación.

Además existen distintas administraciones con competencia en la materia (nacional, autonómica y municipal, de sanidad y de agricultura), lo que de alguna forma dificulta la coordinación de este control, como estamos viendo, en los reproches entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

El impacto de la crisis es aún difícil de prever. Desde luego es muy serio para las personas que han enfermado por el consumo de un producto contaminado y, de modo secundario, nos hace cuestionarnos si la vigilancia que se ejerce sobre la producción de alimentos es la adecuada o, más bien, si está realmente enfocada en los riesgos reales.

Vicente Rodríguez Fuentes es abogado y vicepresidente de la Asociación Europea de Derecho Alimentario

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