El colchón anticrisis de la banca se debe proteger de un Brexit salvaje

Es una arista más de a dónde nos llevará ese mal trago de consecuencias imprevisibles para la ya delicada economía europea

La gira continental del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, que intenta renegociar el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE, ha tenido en Berlín y París la respuesta adecuada: el acuerdo es el que es. El plazo de 30 días planteado por Angela Merkel para escuchar alternativas de Londres sobre el principal punto de discordia, la salvaguarda irlandesa o backstop, es coherente con la corrección diplomática. Y con el hecho de no asumir la carga de ser quien dé el portazo en caso de lo haya. Pero Londres teme que sea una manera de anclar al Reino Unido en la unión aduanera y Johnson, muy en su estilo, presiona a la UE con un final abrupto de la libre circulación de trabajadores.

En estas aguas de indefinición deben navegar las empresas en la actualidad. Por ello deben tomar todo tipo de precauciones que las preserven del periodo de máxima incertidumbre e inestabilidad que significaría un Brexit a las bravas el próximo 31 de octubre. Es el caso de los bancos europeos, que han acometido serios esfuerzos en sus balances para establecer instrumentos de rescate interno, como los bonos contingentes convertibles (cocos), la deuda subordinada o la deuda sénior no preferente, con capacidad para absorber pérdidas y que de no ajustarse al nuevo marco podrían resultar inservibles en caso de una salida salvaje de Reino Unido.

Las autoridades europeas, precisamente las que han exigido a las entidades incrementar este colchón anticrisis para afrontar un potencial proceso de resolución, son conscientes de esa nueva peligrosa vía de agua y ya ha tomado cartas en el asunto. Los bancos europeos tienen que tener el parachoques listo para cumplir con Basilea III entre este año –los de importancia sistémica, como Santander– y 2023 –los de menor tamaño–. Pero se enfrentan al desafío de que una salida británica por las bravas haría que esas herramientas, cuando han sido emitidas bajo legislación británica, quedaran invalidadas. La Junta Única de Resolución (JUR), el organismo encargado de garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis de la UE, y el propio BCE urgen por ello a las entidades financieras a que emitan este tipo de deuda siempre en uno de los 27 países de la UE. En el caso de las emisiones en Reino Unido, la solución será que vuelvan a emitir esos instrumentos en un Estado miembro con legislación segura. Claro que siempre se deja la puerta abierta a añadir cláusulas que reconozcan a las autoridades de la Unión en caso de que se tengan que utilizar para un rescate interno. Es una arista más, pero clave para la seguridad financiera de la UE, de a dónde nos llevará un Brexit sin acuerdo, ese mal trago de consecuencias imprevisibles para la ya delicada economía europea.