Hacienda dice que mantiene su plan de impulsar la ‘tasa Google’ aunque no aparezca en el texto de negociación con Podemos

El Gobierno asevera que su plan económico es el remitido a Bruselas, que contempla un impuesto español sobre los servicios digitales desde 2020

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Efe

La negociación entre el PSOE y Podemos para tratar de pactar la investidura de Pedro Sánchez como presidente en la votación prevista para el 23 de julio ha entrado en una fase decisiva con la presentación de un documento base elaborado por los socialistas. Este ha arrojado nuevas dudas sobre los planes económicos del Gobierno para la nueva investidura al no contemplar por ejemplo la creación de la denominada tasa Google, si bien desde Hacienda aseguran que el plan sigue en marcha y que si no aparece en el texto es porque este es una mera “síntesis” de las principales líneas de actuación previstas.

La polémica ha surgido a raíz de la publicación de España Avanza: Propuesta abierta de cooperación para un Gobierno social, feminista, ecologista, europeísta y progresista, que el PSOE ha remitido a Podemos como punto de partida para negociar un Ejecutivo de coalición.

El texto avanza que en el campo de la fiscalidad, el PSOE planea “aprobar la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y promover la creación de la denominada tasa Google en el ámbito europeo”.

La redacción contrasta con los anuncios realizados por el Ejecutivo hasta la fecha, que siempre ha hablado claramente de crear lo antes posible ambos impuestos a escala nacional, para armonizarlos luego a una futura regulación comunitaria o en el marco de la OCDE.

En esta ocasión, sin embargo, el PSOE pasa de puntillas sobre la creación de un impuesto sobre los negocios digitales y se limita a plantear que lo promoverá en el ámbito comunitario.

Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda aseveran a este diario, sin embargo, que la creación de la tasa sigue entre los planes del Ejecutivo y que la falta de mayor detalle responde a que el documento es una mera “síntesis” de su programa.

El planteamiento oficial del Gobierno de Pedro Sánchez es el que se remitió a la Comisión Europea en el marco del Plan de Estabilidad para los próximos ejercicios, alegan. Este documento recogía la creación de un nuevo impuesto sobre los negocios digitales a partir de 2020 que podría recaudar 1.200 millones de euros anuales.

Se trataría de un gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad, intermediación online y venta de datos de usuarios para empresas que facturen al menos 750 millones de euros anuales en todo el mundo y por lo menos tres millones en España. Una propuesta que va algo más allá del esquema planteado en el seno de la Unión Europea que, en todo caso, no se pondría en marcha al menos hasta 2021 ante las diferencias que ha provocado entre los países miembros.

El Ejecutivo llegó a presentar la tasa como anteproyecto de ley pero este decayó tras la convocatoria de elecciones anticipadas al 28 de abril que Sánchez convocó al no ser capaz de lograr apoyos para sus Presupuestos. El texto incluía multas para las sociedades que trataran de eludir el pago alterando la IP de los usuarios y fue muy criticada por las empresas del ramo.

Desde Hacienda matizan que el documento socialista tampoco recoge otras propuestas en firme como la subida del IRPF para rentas altas o las deducciones para empresas que contraten más mujeres en comités de dirección. Aunque aclaran que las medidas que se acaben tomando dependerán del nuevo Gobierno que se forme tras la investidura –si es que tiene éxito- desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero aseveran que hoy por hoy los planes no han cambiado.

A falta de ver cómo avanzan las negociones, el documento presentado por el PSOE ha sido recogido con escepticismo por parte de Podemos. Su secretario de Economía, Nacho Álvarez, ha criticado este martes en Twitter que el texto no incluya otras medidas previamente acordadas entre ambos partidos.

Es el caso de subir un 1% el impuesto de grandes patrimonios para fortunas de más de 10 millones de euros, elevar el control fiscal sobre las Sicav y las Socimi, la derogación de los aspectos más lesivos de la última reforma laboral o el control sobre la subida de precios de los alquileres.