Autónomos y pymes siguen fuera de concursos públicos. ¿Qué sucede?
La Confederación Intersectorial de Autónomos asegura que la ley no se cumple y que son pocas pymes las que acceden a los contratos.
Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas empresas no se benefician de la ley de Contratos Públicos. La norma, que entró en vigor hace un año, no está cumpliendo las expectativas, a juicio de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español.
Denuncian que la ley se presentó como una puerta abierta a que autónomos y pymes pudieran acceder a las licitaciones de las Administraciones locales, regionales y estatal.
Alertan de que son muy pocos autónomos y pymes los que acaban enterándose de la licitación, porque estas empresas “no pueden disponer” de un trabajador que se dedique de manera exclusiva a buscar y analizar las convocatorias y encontrar la que se adapta a su modelo negocio.
Una ley “poco operativa”
De hecho, creen que lo que era un “avance significativo “ para las pymes y los autónomos respecto a las leyes de contratación, es “poco operativa” porque el sistema carece de canales de difusión apropiados para que estas empresas conozcan los detalles de los concursos que se licitan.
Se estima que 200.000 millones de euros, esto es, un 20% del PIB, se mueve por medio de este procedimiento. El Estado ha convocado 105.895 licitaciones en España, el 60% de ellas han sido destinadas a servicios, el 22% a suministros y el 16% a obras.
La ley suprimía la posibilidad de contratación sin publicidad, estableciendo la obligación de la factura electrónica y la capacidad de pago directo de la Administración a subcontratistas. Además, en la norma, existe el riesgo de la morosidad pública que aún supera el límite de 30 días que marca la Ley para el pago de las facturas.