¿Cómo protege la legislación española los derechos de la comunidad LGTBI?
España es el sexto país más avanzado en materia legislativa de protección internacional a este colectivo
Esta semana se celebra en Madrid la semana del Orgullo LGTBI, que aglutinará en las calles de la capital a miles de personas con la finalidad de visibilizar el colectivo y reivindicar sus derechos. Una de las peticiones históricas, repetidas también este año por las asociaciones organizadoras, es la aprobación de una Ley Estatal de Igualdad LGTBI que blinde los derechos del colectivo y afiance la protección especialmente sobre el colectivo trans.
Esta normativa ya se intentó sacar adelante durante la pasada legislatura, pero la disolución anticipada de las Cortes impidió su aprobación. Ahora, el PSOE propondrá a los demás grupos parlamentarios una ley a nivel estatal: “ahora más que nunca es necesario proteger los derechos LGTBI”, aseguró hace unos días Pilar Cancela, diputada socialista y expresidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso.
El ordenamiento jurídico español reconoce en diversos preceptos los derechos de la comunidad LGTBI y establece garantías para la protección de los mismos. De hecho, un estudio de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA, por sus siglas en inglés) elaborado en 2019 sitúa a España como el undécimo país europeo con la legislación más progresista en favor de los derechos LGTBI. Un resultado que, no obstante, choca con el de 2018, año en el que nuestro país ocupó el sexto puesto.
La protección más significativa es la que presta el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre las que se incluye la orientación sexual e identidad de género. Esta restricción también viene recogida en otros tratados internacionales a los que España está adscrito, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Asimismo, España ha sido pionera en diversas iniciativas legales, convirtiéndose en el tercer país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el primero en legalizar la adopción monoparental.
El primer paso se dio en el Parlament catalán en 2015, cuando reformó el Código de familia legalizando la adopción entre parejas del mismo sexo. Unos meses más tarde, el congreso de los diputados reformó el Código Civil (CC) y reconoció el derecho al matrimonio (art. 44 del CC) y la adopción a parejas del mismo sexo a través de la Ley 13/2005. Además, esta normativa cambió la redacción de varios preceptos del Código, sustituyendo "el marido y la mujer" por "los cónyuges".
Por otro lado, y en lo que respecta a los derechos de la comunidad transexual, España aprobó en 2007 la ley de identidad de género, que permite el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil, siempre que la inscripción inicial no se correspondiese con su verdadera identidad de género y se cumplan ciertos requisitos.
Delitos de odio
En 2013, el Ministerio del Interior reportó que casi el 31% de los delitos de odio que se produjeron en España fueron por motivos de orientación e identidad sexual, dato que descendió en 2017 no llegando a alcanzar el 20%.
La legislación española ampara a las personas LGTBI frente a cualquier tipo de agresiones o discriminación que puedan sufrir. De hecho, el Código Penal considera como agravante (circunstancia que incrementa la responsabilidad penal) cuando el delito se comete por la orientación o identidad sexual de la víctima.
La misma normativa prohíbe expresamente la discriminación en el trabajo (artículo 314) y en el acceso a los servicios públicos o privados (artículos 511 y 512) si esta se produce por razón de sexo u orientación sexual. Asimismo, prohíbe las asociaciones que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, por su orientación sexual y penaliza el discurso de odio por este motivo.
Delito de homosexualidad
El 26 de diciembre del año pasado se cumplió el 40º aniversario de la modificación de la ley de peligrosidad social que eliminó la homosexualidad como práctica delictiva, poniendo fin a la persecución legal de la homosexualidad en España (el precepto se suprimió en 1978). Esta ley, vigente durante el franquismo y derogada completamente en 1995, establecía en su artículo segundo que "serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación (...) los que realicen actos de homosexualidad".
