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¿Quiénes son los 10 mayores deudores de la lista de morosos con Hacienda?

Reyal Urbis, Isolux, los dueños de Aifos o Mario Conde se encuentran en un listado en el que destacan las firmas ligadas al ladrillo y a polémicos empresarios

Evolución del número de contribuyentes morosos

La Agencia Tributaria difundió ayer su particular amonestación pública anual en la que, desde hace cinco años, señala a aquellos contribuyentes que adeudan más de un millón de euros al fisco. El tamaño de la lista de morosos se redujo este ejercicio un 6,7% frente al anterior, con 4.028 miembros (315 personas y 3.713 empresas) que deben en total 14.100 millones de euros a Hacienda (700 y 14.600 millones, respectivamente), lo que supone una reducción del 7,8% en el monto reclamado por Hacienda. La constructora Reyal Urbis, la filial del ramo de Isolux, del lado de las compañías, y los dueños de la promotora Aifos o el exbanquero Mario Conde, del de las personas físicas, encabezan un listado que recoge los datos fiscales de cierre de 2018.

La lista de ayer es la quinta desde que el sistema fuera puesto en marcha en 2015 por el entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, como método para presionar públicamente a los deudores, y la segunda que publica su sucesora, la socialista María Jesús Montero. Esta aspira ahora a endurecerla una vez que el PSOE logre volver a formar Gobierno. Desde el registro inicial han desaparecido del listado el 42% de los 4.855 morosos originales, habiendo abonado ya 591 de los 15.600 millones de deuda de los que se partía. Dado que la lista se modifica cada año (de esta edición han salido 745 morosos que en 2018 registraban una deuda de 2.530 millones y han aparecido 455 nuevos deudores con 1.198 millones pendientes de pago), el tamaño de la lista original solo se ha reducido un 17% y el monto que el fisco reclama tan solo ha descendido en 1.500 millones.

Principales deudores a cierre de 2018

Lo que no ha cambiado en estos años es que los grandes protagonistas del listado son firmas constructoras y promotoras inmobiliarias, los dueños de estas así como algunas celebridades, clubs de fútbol y otras compañías que la crisis se llevó por delante.

Así, la compañía más morosa de la lista vuelve a ser la promotora Reyal Urbis por cuarto año consecutivo, pese a que en el último ejercicio ha reducido su deuda de 361,52 a 353,2 millones. La firma presidida por Rafael Santamaría sufrió la segunda gran liquidación del ramo del ladrillo por detrás de Martinsa-Fadesa, que aparece en el puesto decimoséptimo de la lista de morosos con 50,34 millones.

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La gran novedad del listado este año es la irrupción de Isolux Corsan que se sitúa directamente en el segundo puesto con 315,88 millones de deuda. De hecho, el grupo Isolux podría encabezar la lista si se agrupan los 53,95 millones que debe otra de sus filiales, Isolux Concesiones, tras la pírrica victoria de haber sacado del registro de 2019 a Isolux Ingeniería, que adeudaba 1,2 millones.

El tercer puesto es para la compañía italiana de bebidas alcohólicas Vittone 1842, asentada en Girona. Debe al fisco 134,24 millones.

La malograda promotora malagueña Aifos ocupa el cuarto lugar, con 98,64 millones de deuda, mientras que su dueño Jesús Ruiz Casado y la mujer de este, Teresa Maldonado Taillefer, figuran en el tercer y segundo puesto del podio de personas físicas deudoras con 15,57 y 15,68 millones de euros pendientes de pago, respectivamente.

Banreal Holding, una firma financiera especializada en el mercado inmobiliario, es la quinta firma más morosa del país (98,39 millones).

En sexto lugar, con 97,95 millones de deuda, se sitúa el Grupo PRA S.A., la promotora cordobesa de José Romero. Este llegó a ser el principal accionista del Córdoba Club de Fútbol después de que el constructor Rafael Gómez Sandokán vendiera su parte. Este último, investigado en su día en el caso Malaya, también aparece en la lista, con 2,69 millones. De hecho, su promotora, el Grupo Inversor Arenal 2000, séptima firma del listado de morosos con 89,76 millones.

El octavo grupo por deuda es Obras de Nueva Edificación 2000 S.L., controlada por una de las sociedades del constructor Francisco Hernando, alias el Pocero, célebre por la urbanización de Seseña. Adeuda 86,22 millones.

Llegados a este punto del top 10 de deudores, el ladrillo da sorprendente paso a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que comercializa el euroboleto y adeuda 86,14 millones al fisco.

El décimo puesto es para Anca Corporate, empresa participada en un 6% por el fundador de AC Hoteles, Antonio Catalán, inmersa en un pulso judicial contra Hacienda por su supuesta categoría de sociedad patrimonial (81,93 millones).

Del lado de las personas físicas, vuelve a repetir en primer puesto el empresario Agapito García Sánchez, que hizo fortuna al vender sus empresas de materiales de construcción, por lo que la Agencia Tributaria le pide 15,98 millones. La cifra, eso sí, ha descendido en un millón de euros desde el año pasado y en 10 desde que apareció en la lista original de 2015.

Le siguen los mencionados dueños de Aifos y, en cuarto lugar, se sitúa el exbanquero Mario Conde, pese a que rebaja su deuda de 14,96 a 12,37 millones en el último ejercicio. El quinto lugar es para Carmen Elena Blázquez del Pozo, empresaria ligada a negocios de las construcción y, a partir de ahí, el resto de morosos adeudan ya menos de 10 millones de euros.

Más allá de este ranking, la lista de morosos incluye otras novedades este año como la irrupción de dos filiales de Abengoa, Abengoa Energía, con 1,14 millones de deuda, y Abenewco, con otros dos millones. La propia matriz adeuda 9.09 millones.

Por segundo año consecutivo, el listado incluye también al exvicepresidente del Gobierno y exresponsable de Bankia, Rodrigo Rato, con 1,019 millones de deuda, que hoy permanece en prisión por el caso de las tarjetas black.

Aparecen también en el registro las empresas de dos de sus célebres compañeros de banquillo. Se trata de varias compañías del expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, con 13,9 millones reclamados a Air Comet; o el conglomerado empresarial del exresponsable de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández (7,44 millones de Cantoblanco Alimentación; 6,51 millones de su filial de colectividades; 3,3 del grupo o 2,08 de sus Servicios Generales).

La lista también deja constancia del agujero fiscal dejado por los Ruiz Mateos (8,92 millones de Nueva Rumasa; 2,2 de Dhul; 7,4 de bodegas Garvey; 1,9 de José María Ruiz Mateos S.A.; o 12,8 de Inversiones Ruiz Mateos).

Tras sendos macrojuicios por estafa a inversores en la venta de sellos, Hacienda reclama 1,58 millones a Fórum Filatélico y 1,49 millones a Afinsa Bienes Tangibles.

En el plano político destaca la presencia de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que entra por los pelos en el listado con 1,01 millones. También resulta reseñable en este campo, indirectamente, el operador postal en quiebra Unipost, al que la Generalitat de Cataluña habría encargado el envío de tarjetas censales para celebrar el referéndum secesionista del 1 de octubre. Se le exigen 12,43 millones.

El listado también incluye otras empresas destacadas como la inmobiliaria Nozar (56,87 millones); Bami (1,58) que fue accionista de referencia de Metrovacesa; el quebrado grupo turístico Orizonia (3,46); Spanair (7,15); el Aeropuerto de Ciudad Real (4,5) ; la Editorial Católica (4,6); la concesionaria Acceso de Madrid, gestora de las vías R-3 y la R-5, rescatadas por el Gobierno (38,5) o Fotoprix (6,46).

Procesos concursales y de derivación de la deuda

 

Difícil cobro de casi la mitad de la deuda. Los datos de la Agencia Tributaria detallan que más de 6.700 millones de euros de la deuda (el 46% del total) corresponden a 1.570 deudores (el 39%) en proceso concursal, lo que hace especialmente incierto su recobro, unas cifras similares a las del listado anterior.

Reclamación a terceros. En 1.098 casos, Hacienda ha reclamado el pago de la deuda a terceros por su responsabilidad subsidiaria o solidaria con el deudor quebrado, y que suponen casi 2.000 millones de euros (14% del total), un 18% más que la cuantía reclamada a terceros en 2018.

 

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