El Gobierno pone en cuarentena una docena de beneficios fiscales para ingresar más

Hacienda pide a la Airef que revise las exenciones de IVA, IRPF y Sociedades, un esquema que actualmente resta 57.000 millones de la recaudación

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Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para esta legislatura pasan por lograr el equilibrio de las cuentas públicas en 2022 elevando los ingresos tributarios y moderando el gasto, sin descuidar las políticas sociales. Lo fía a que el gasto pierda peso sobre el PIB por el crecimiento económico y a la revisión de partidas superfluas. En este ámbito, asumiendo ya que la reforma fiscal que tiene diseñada no se pondrá en marcha hasta 2020, Hacienda ha puesto en cuarentena este año una docena de beneficios fiscales que reducen la recaudación en 57.000 millones de euros.

Así figura en el Programa de Estabilidad remitido por el Ejecutivo el martes a la Comisión Europea. “Una gestión eficiente de los recursos públicos permite destinar los mismos a aquellas áreas de gasto más prioritarias o con mayor potencial de impacto en la sociedad y la economía”, reza el texto, que sella “el compromiso frente a nuestros socios comunitarios de llevar a cabo una revisión integral del gasto público que afecta al conjunto de las Administraciones Públicas, con la finalidad de detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre administraciones”.

Dentro de este plan, el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre identificó una serie de partidas a revisar durante 2019. El documento enviado a Bruselas revela que incluyen los beneficios fiscales, deducciones, exenciones o tipos bajos que minoran la recaudación pública. Su sentido es favorecer determinados comportamientos o a ciertos colectivos reduciendo sus cuotas tributarias, por lo que el Gobierno considera que “conocer su efectividad resulta crucial para poder diseñar un sistema tributario que alcance sus objetivos de manera óptima”. El listado se centra en 13 beneficios fiscales: seis vinculados al IRPF; tres a Sociedades; tres al IVA y otro sobre los Impuestos Especiales.

El bloque de la renta lo componen la reducción por rendimientos del trabajo (que merma los ingresos públicos en 2.575 millones); la reducción por arrendamientos de vivienda al propietario y la deducción por alquiler al inquilino (1.080 millones); la reducción por aportaciones al sistema de previsión social (1.630); la tributación conjunta (2.140); las deducciones por donativos (500); o las deducciones sociales por maternidad, familia numerosa y discapacidad (4.800). 

Del lado de Sociedades se revisarán los incentivos a la I+D+i (335 millones), los tipos reducidos (395) y las donaciones (127).

De los Impuestos Especiales se evaluarán los tipos reducidos en Hidrocarburos (1.935 millones). La partida más relevante sujeta a revisión es la del IVA, por la exención a servicios financieros (7.040 millones); las exenciones sobre sanidad y educación (9.010) y, especialmente, los tipos reducidos del impuesto (25.600 millones). La revisión al alza de estos últimos es una recomendación recurrente de organismos internacionales como la OCDE.

No parece probable, en todo caso, que un Gobierno socialista opte por restar beneficios fiscales a los gastos educativos o sanitarios y eleve los tipos mínimos de productos de primera necesidad, cuando lo que ha anunciado es precisamente que rebajará los tipos de los productos de higiene femenina o libros electrónicos. Lo que el Gobierno hará en realidad es un ejercicio de revisión general para identificar posibles ineficacias manteniendo el grueso de medidas en vigor. De hecho, de llegar a cancelar un 10% estaría ingresando 5.700 millones extra al año, más que con toda su reforma fiscal.

El examen se ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ya inició un proceso de análisis del gasto en 2018 centrado en las subvenciones y becas públicas. Su resultado, que no es vinculante para el Gobierno, llevará a este a moderar al 1% el alza de gasto en esta partida en 2020, recoge el Programa de Estabilidad.

A modo de ejemplo, del análisis que también se realizará este año sobre los incentivos laborales, se espera una reordenación de las ayudas a la contratación (2.600 millones en 2019) que permitiría al Estado ahorrar unos 500 millones anuales desde el próximo ejercicio.

Otras partidas a estudio

A examen en 2019. El proceso de revisión de gasto público para este año encargado por el Gobierno a la Airef incluye otras partidas más allá de los beneficios fiscales o los incentivos a la contratación. Se evaluarán también los gastos hospitalarios, especialmente en farmacia, o los de infraestructuras de transporte.

La evaluación de 2018. El análisis ya realizado por la Airef el año pasado se centró en las subvenciones y becas públicas; las políticas activas de empleo; los medicamentos recetados fuera de hospitales; los planes de promoción, talento y empleabilidad en I+D+i; los programas de competitividad empresarial; o la compensación que se abona a Correos por prestar el servicio postal. El resultado solo arroja ahorros potenciales en medicamentos y subvenciones. La Airef también recomendó mejorar el control de concesiones y ayudas.

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