El Gobierno asume ante la UE que su reforma fiscal no se aplicará hasta 2020
Se compromete con Bruselas a lograr superávit de las cuentas públicas, a bajar el paro del 10% y la deuda del 90% para 2022
El Gobierno de Pedro Sánchez, de momento en funciones, avanzó este martes a Bruselas que tras ganar las elecciones retomará íntegramente la reforma tributaria que intentó impulsar en su plan presupuestario de 2019 a fin de lograr el superávit de las cuentas públicas para el año 2022. Así lo recoge el Programa de Estabilidad que el Ministerio de Economía remitió anoche a la Comisión Europea. Aunque oficialmente el Ejecutivo no descarta tomar medidas adicionales este mismo año, el texto imputa ya a 2020 el efecto de su batería fiscal en un contexto en el que el retraso en la formación de nuevo Gobierno podría impedir la aprobación de unos Presupuestos para 2019.
“Sin perjuicio de las decisiones presupuestarias que pueda adoptar el nuevo Gobierno para el año en curso, esta estrategia fiscal parte del escenario actual de prórroga presupuestaria en 2019”, reconoce el Programa de Estabilidad, que recuerda que sí se han tomado ya medidas de gasto social y de incremento de cotizaciones sociales.
“Para los posteriores ejercicios, y dada la actual situación política, se plantea un escenario para 2020 sin medidas a excepción de tres elementos que el Gobierno actual ya había planteado: el paquete tributario incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, las medidas de lucha contra el fraude y la creación de las dos nuevas figuras tributarias que había impulsado mediante los correspondientes proyectos normativos”, expone el documento.
El paquete de medidas tributarias diseñado por el Ejecutivo de Sánchez, que aspiraba a elevar la recaudación en unos 5.500 millones de euros, incluía una subida del IRPF a rentas superiores a 140.000 euros; un tipo mínimo de Sociedades del 15% (y una rebaja al 23% para las pymes); reducir la exención sobre beneficios de filiales extranjeras; la equiparación del gravamen del diésel al de la gasolina o la creación de nuevos impuestos sobre los negocios digitales (tasa Google) y las transacciones financieras (tasa Tobin). Este plan presupuestario fue tumbado por el Parlamento, lo que llevó a Sánchez a convocar las elecciones generales del pasado domingo. Aunque volver a impulsar unas nuevas cuentas para este mismo año es uno de los compromisos electorales del PSOE, la formación parece dispuesta a esperar a que pasen los comicios autonómicos y locales del 26 de mayo antes de impulsar las negociaciones oficiales para formar un nuevo Gobierno tras pasar de 84 a 123 diputados. Esta demora podría complicar aún más el impulso de unos Presupuestos que no se debatirían hasta otoño, cuando deberían abordarse ya las cuentas de 2020.
"Hemos redistribuido, hemos repartido la mejora económica y al mismo tiempo somos capaces de reducir el déficit y la deuda", celebró este martes la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, admitiendo que el Ejecutivo no ha empezado aún a confeccionar un Presupuesto para 2019.
De acabar aprobándolo, esas cuentas podrían modificar las previsiones planteadas por Economía para el actual marco de prórroga presupuestaria en el que espera un alza de la recaudación del 4,6% (hasta el 39% del PIB, con el gasto en el 41%).
A políticas constantes, la previsión del Gobierno es que el total de ingresos sobre el PIB pase del 38,9% de 2018 (469.538 millones) al 40,2% en 2022, siendo el alza esperada en 2019 de dos décimas. Por su parte, el gasto pasaría del 41,3% (499.520 millones) al 40,7% en cuatro años, con una reducción de otras dos décimas en 2019. Sin embargo, con la reforma fiscal planteada, Economía estima que la ratio de ingresos sobre PIB aumentará al 40,7% para 2022 gracias a “la favorable evolución de la economía” y “a la estrategia del Ejecutivo de incrementar la recaudación” para acercarse a la media europea. De lograrlo, el salto supondría un incremento de ingresos de 21.700 millones en este periodo, en el que a su vez se rebajaría el gasto en 7.200 millones.
De momento, con la prórroga presupuestaria y los reales decretos leyes de los últimos meses, el Ejecutivo aspira a reducir el déficit del 2,48% de 2018 al 2% este ejercicio, cuando se lograría ya un superávit primario. A partir de ahí, prevé rebajar el agujero al 1,1% en 2020, con plena efectividad ya de la reforma fiscal, al 0,4% en 2021 y lograr el superávit en 2022.
Pese a que el objetivo de déficit oficial para 2019, heredado del Ejecutivo de Rajoy, sigue siendo rebajarlo al 1,8% este año, la victoria del PSOE en el Senado impedirá al PP volver a vetar de nuevo un cambio de la senda fiscal si Sánchez logra aprobarla otra vez en el Congreso de los Diputados.
De momento, el arranque del año juega en contra del plan de saneamiento fiscal del presidente en funciones. El alza de las pensiones y del sueldo de los funcionarios han elevado un 14% el déficit del conjunto de las administraciones entre enero y febrero. Como consecuencia del saneamiento de las cuentas, la deuda pública bajaría del 97,2% de cierre de 2018 al 95,8% este año, el 94% el próximo, el 91,4% en 2021 y por debajo del 90%, al 88,7%, en 2022.
A su vez, el programa remitido a Bruselas recoge un descenso del paro superior al estimado hasta ahora. El desempleo pasaría del 14,45% al 13,8% este año (frente al 14% previsto en enero), el 12,3% en 2020, el 11% en 2021, y el 9,9% en 2022. Calcula además que el empleo crecerá más de lo previsto: un 2,1% frente al 1,8% previo. Acompañaría a ello un freno a la desaceleración, con crecimientos del 2,2% del PIB este año, del 1,9% el próximo y del 1,8% los dos siguientes.
Los cálculos del Gobierno prevén además una aceleración de dos décimas en el gasto en el consumo privado, hasta el 1,9% este año, al que se suma el gasto de las Administraciones Públicas, que eleva cinco décimas al 1,9%, si bien reduce las inversiones (formación bruta de capital fijo) en cuatro décimas, al 4%. Asimismo prevé un avance de las exportaciones de una décima menos que en enero (2,7%).