De la Rocha: “Necesitamos más ingresos, no es un capricho, es para reducir la desigualdad”

El responsable de Economía de La Moncloa aboga por imponer un tipo mínimo en los impuestos autonómicos para limitar la competencia fiscal a la baja

Manuel de la Rocha Vázquez, director del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.Pablo Monge

Todos nuestros esfuerzos están en ganar y poder formar un Gobierno fuerte y estable que pueda llevar a cabo las reformas que necesita este país”, asegura Manuel de la Rocha Vázquez, director del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Ejecutivo. Sin aclarar si darían entrada a Podemos en un Gobierno de coalición, De la Rocha (Madrid, 1972) asegura que si el PSOE gana las elecciones tenderá la mano a pactos con todas las fuerzas “constitucionalistas” aunque lamenta que Ciudadanos “ponga un cordón sanitario al partido socialista y no a Vox” o “el tono bronco y la deriva hacia la ultraderacha del PP”.

Tras su paso por el Banco Mundial y la Comisión Europea, este economista –que mide cada palabra– subraya que “liderando la descarbonización de la economía a nivel global”, la transición ecológica permitirá a España “crear de 250.000 a 350.000 empleos adicionales en la próxima década”. “Gracias a medidas que hemos tomado para fortalecer los salarios, esta economía está aguantando mejor” que las vecinas al crecer “la demanda interna frente a la ralentización de las exportaciones”, asevera sobre la desaceleración. Sostiene, además, que “no hay evidencia en los datos” de que el alza del salario mínimo haya producido “una destrucción de empleo relevante”.

R. La Airef ha concluido que se reducirá más el déficit con la prórroga presupuestaria que con las cuentas que ustedes presentaron. ¿Cómo lo subsanará el PSOE si gana?

R. El compromiso de este Gobierno con la consolidación fiscal y la reducción del déficit es indudable. El año pasado los analistas y la AIReF hablaban de que se iría al 2,7%. Con un Presupuesto que no era nuestro, terminamos en el 2,6%. Podía haber sido tres décimas menos si no es por gastos no recurrentes, fundamentalmente el rescate de las autopistas del PP. Hemos rebajado la deuda pública, hemos dejado el déficit primario prácticamente en equilibrio. No es lo que digamos, sino lo que hemos hecho. Si hubiera habido Presupuesto el déficit habría sido mucho menor porque habríamos podido introducir medidas de ingreso. De cara a este año planteamos una reducción del déficit al 2%. La Airef habla de acabar en el 2,1%, estamos en línea.

R. ¿Pero haría falta hacer algún ajuste?

R. No vamos a hacer recortes en ningún caso.

R. ¿Impulsarán la misma reforma fiscal que ya plantearon en su plan presupuestario?

R. Sería básicamente algo muy similar. Es un paquete de medidas que puede elevar los ingresos entre 5.000 y 5.500 millones, que mejora la progresividad de nuestro sistema fiscal al tiempo que lo adapta a los nuevos desafíos de una economía digital, financiera, medioambiental.

R. ¿Se replantean que la tasa Tobin grave toda operación intradía en vez del neto diario para penalizar la especulación?

R. En principio, tal y como está diseñado el gravamen será al final del día. Existen razones técnicas que dificultan la otra propuesta.

R. Usted ha defendido la necesidad de reformular la tributación de la riqueza. ¿Bastará con esta reforma fiscal?

R. Llevamos un paquete fiscal sólido. No es el final del recorrido a largo plazo. Los organismos internacionales están hablando de que es necesario reforzar la fiscalidad de la riqueza, en particular la de las herencias. Cs y el PP plantean la eliminación del impuesto de Sucesiones que afecta a muy pocos contribuyentes, garantiza la igualdad de oportunidades y mejora la justicia social. No lo consideramos adecuado.

R. ¿Les preocupa que aunque el PSOE mantenga el impuesto esos partidos lo anulen bonificándolo en sus comunidades?

R. No nos parece de recibo el dumping fiscal que se está produciendo en este país, por ejemplo, con la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio en Madrid. En el marco de una reforma de la financiación autonómica debe haber unos mínimos en determinados impuestos actualmente de gestión autonómica, como son el de Patrimonio o el de Sucesiones, para impedir esa carrera a la baja que se está produciendo entre las comunidades. Se tiene que hacer por consenso. Esperamos tener una mayoría fuerte y estable para poder llevarlo a cabo con el apoyo de las grandes fuerzas políticas.

R. ¿Sería esa reforma una de las palancas para resolver el conflicto catalán?

R. El conflicto con Cataluña es fundamentalmente entre catalanes, de naturaleza política. Para nosotros la clave está en la profundización del autogobierno siempre dentro del marco constitucional. Una reforma de la financiación autonómica puede ser buena para Cataluña y para el resto de las comunidades y, por lo tanto, para España.

R. El PP aboga por rebajar al mínimo otros impuestos como el IBI, ¿qué le parece?

R. Nos preocupan mucho las propuestas de eliminación y rebajas fiscales del PP. Según nuestros cálculos el impacto en las arcas públicas sería de al menos 18.000 millones de euros. Ellos hablan de 16.000 millones. Lo que no dicen es cómo van a financiarlas. El otro día leía al gurú económico del PP diciendo que se pueden rebajar impuestos y reducir el déficit. En efecto, haciendo recortes. El PP debe ser claro y transparente y decir qué partidas del Estado del bienestar piensa recortar. Si no, está engañando.

R. Propone elevar la presión fiscal para ir equiparándola a la europea. ¿Hasta dónde?

R. España no tiene un problema de elevado gasto público, lo que tenemos es una insuficiencia fiscal con una diferencia de ingresos en relación a la media de la zona euro de ocho puntos. Necesitamos más ingresos, no es un capricho, es para reducir la enorme desigualdad y fortalecer el Estado del bienestar. También para afrontar los desafíos que requieren mayor inversión. Necesitamos en el medio y largo plazo ir convergiendo hacia las tasas de otros países y hacerlo de forma que no ahogue el crecimiento económico.

R. ¿Les preocupa que la desaceleración económica global se acentúe en España?

R. La desaceleración económica internacional es una evidencia, también en España que viene de largo. Pero de ahí al catastrofismo del PP hay una gran brecha. España está creciendo de forma sólida y aguanta mucho mejor que las economías del entorno las incertidumbres internacionales. Las perspectivas siguen siendo buenas. Eso no significa que no estemos vigilantes porque España no es una isla inmune al entorno exterior. Por eso hemos trabajado un paquete de reformas, la Agenda de Cambio, para afrontar los desafíos futuros. Tenemos que aprovechar el tiempo de bonanza actual para llevar a cabo reformas que permitan a la economía capear mejor las tormentas que puedan venir.

R. Pero la desaceleración ya es palpable, ¿no afectará a su previsión de ingresos?

R. Nuestras previsiones para este año son razonablemente optimistas y las están confirmando los organismos internacionales. Estaremos creciendo el 2,2%. Los datos del primer trimestre son buenos, 3% en creación de empleo y reducción del paro del 5%. Los ingresos están yendo a buen ritmo. Este va a seguir siendo un buen año. Tendremos que estar vigilantes y ajustar las políticas al entorno cambiante. Pero la responsabilidad fiscal debe ir acompañada de responsabilidad social para reducir la desigualdad.

R. Vamos a pasar de crear 566.000 empleos en 2018 a unos 330.000 este año. ¿Les preocupa que la caída del paro se detenga?

R. Nos preocupa la elevada tasa de paro. Sin embargo estamos creando empleo y de calidad. Hemos superado los nueve millones de contratos indefinidos. Se han reducido las tasas de temporalidad y parcialidad. Lo que parece claro es que si no hacemos reformas, la tasa de crecimiento de la economía tenderá a converger al crecimiento potencial.

R. ¿Hasta dónde prevén elevar el salario mínimo en la próxima legislatura?

R. A medio plazo queremos converger al 60% del salario medio que es lo que recomienda la Carta Social Europea [lo que hoy rozaría los 1.200 euros]. Acabamos de subirlo un 22%, la mayor subida en Democracia. Centrémonos en esta subida y no estemos tratando ya de anticipar la siguiente. Tendremos que ver cómo evoluciona la economía, cómo se absorbe la actual alza... Es algo que querríamos pactar con los agentes sociales.

R. ¿Cómo rebajaría el galopante déficit de Seguridad Social?

R. Vox ya dice que va a privatizar las pensiones y son los aliados del PP y Cs. Nosotros vamos a blindar el carácter público y el mantenimiento del poder adquisitivo en una reforma constitucional. Hemos contenido el déficit de la Seguridad Social generado en la época del PP por la crisis y la devaluación salarial. Las mejoras salariales han tenido efecto en las cotizaciones. El sistema público de pensiones en España es perfectamente viable y financiable. De cara a hacer frente al envejecimiento de la población, las reformas deben hacerse con amplio consenso. Y a medio plazo, planteamos mayor separación de fuentes, reforma del factor de sostenibilidad, algún tipo de imposición directa y no nos oponemos a reformas paramétricas. Pero insisto, dentro de los mayores consensos posibles.

R. ¿Se acabará la hucha de las pensiones en la próxima legislatura?

R. Crear empleo de calidad y con salarios dignos es lo que va a permitir volver a llenar la hucha de las pensiones.

R. ¿Qué coste tendrá el ingreso mínimo vital de 580 a 858 euros que han planteado?

R. No es coste pequeño, pero es que estamos hablando de la erradicación en 4 años de la pobreza infantil severa, una de las mayores lacras como sociedad. Planteamos una introducción gradual en 4 años, con un suelo mínimo estatal homogéneo para que no haya ninguna familia que se quede sin ningún ingreso. En el cuarto año beneficiaría a unas 950.000 familias.

R. ¿Fue prudente aprobar los decretos de los viernes sociales sin Presupuestos?

R. Las medidas son perfectamente legítimas y eran una urgencia social. El coste total ronda 1.000 millones aunque su impacto en déficit es bastante menor porque muchas implican aumento de cotizaciones a la Seguridad Social. Pero es que hemos tomado medidas para elevar las cotizaciones por más de 3.000 millones. Si el PP no está de acuerdo que diga a cuáles de estos colectivos se las quiere retirar.