¿Ahogados en burocracia en el siglo XXI?
Resta competitividad y agilidad a las empresas: ¿es razonable en el siglo XXI?
Habrán oído ustedes la frase “Sólo hay dos cosas inexorables en esta vida, la muerte y Hacienda”. Atribuida a Thomas Jefferson, el padre fundador y principal autor de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos ha pasado a la historia por muchos de sus logros y aciertos. Sin embargo, es evidente que Jefferson aquí se equivocaba: olvidó la burocracia.
Mientras que las obligaciones de uno con Hacienda normalmente desaparecen al fallecer (otra cosa diferente son las de los herederos), la burocracia nos sigue persiguiendo más allá de la otra vida. Entregamos nuestra primera declaración de renta al entrar en la mayoría de edad y para entonces la implacable burocracia lleva ya presente 18 años en nuestras vidas. Registros, formularios, colas, papeleo, trámites y fotocopias compulsadas serán inevitables compañeros de viaje con los que transitar por este mundo desde la cuna. La situación no es diferente para las empresas, con trámites y normas que regulan desde cómo y cuándo abrir un local hasta el inicio de un negocio.
¿Tenemos un exceso de burocracia? Según la UE, la carga administrativa derivada de la legislación comunitaria supone anualmente más de 123.000 millones de euros para las empresas. En España este coste se sitúa alrededor del 4,7% del PIB. No es un fenómeno aislado: el Banco Mundial calculó en 2012 que el ahorro agregado por simplificar la burocracia de los 90 primeros países de la OCDE superaría los 180 millardos de dólares.
Cada país tiene su propia burocracia y ninguno se salva de las críticas. España no se encuentra entre los mejor valorados en este ámbito y hay razones objetivas para ello. Aquí crear una empresa supone 13 días, obtener los permisos para construir un almacén implica 15 procedimientos administrativos distintos y dedicamos más de 4 horas semanales a resolver trámites burocráticos. A muchos trámites obligados se suma la necesidad de tener que pasar por un notario primero y por un registrador después, gestorías aparte ¿Es comprensible este nivel de papeleo normativo, procedimientos y trámites en la era del blockchain, los smart contracts y la digitalización?
Detrás de toda carga administrativa existe un mundo paralelo de funcionarios y servidores públicos. Tan solo en la UE, el tamaño de este aparato administrativo alcanza el 6% del presupuesto comunitario. Son 32.000 personas repartidas entre varios países, sin considerar algunas agencias públicas e instituciones necesarias para el funcionamiento de la UE, como el Tribunal de Justicia Europeo. La burocracia genera su propia burocracia: únicamente en traducciones la UE nos cuesta más de 2 euros por ciudadano y año, debido al pequeño ejército de 4.300 traductores responsable de transcribir a varios idiomas los documentos de la institución.
España no es el país con un mayor peso de empleo público, si bien sí uno de los que muestra mayor complejidad y volatilidad en los trámites y normas que debe afrontar una empresa. En ocasiones la multitud de niveles político-administrativos o la duplicidad de administraciones con competencias sobre un mismo problema lleva a que lo que un día es de un color, al siguiente cambie de tono. Creamos legislaciones diferentes en cada región, que fragmentan la unidad de mercado y limitan la competitividad empresarial, a veces de forma caprichosa y ambigua. En ámbitos como el inmobiliario o urbanístico no es infrecuente que pequeñas administraciones locales intervengan discrecionalmente en generar su propia burocracia a medida, lo que a veces aumenta la percepción de inseguridad jurídica y puede llegar a constituir un estímulo para el burocratismo y la pequeña corrupción institucional.
La sobrerregulación es un problema en sí mismo. Tenemos leyes y decretos locales que superan lo establecido por la UE, generándose un vigoroso caudal de papeleo que alcanza las 960.000 páginas de BOE al año. A 200 palabras por minuto y tomando como base 462 palabras por página (las que suma la disposición 11.119/julio 2018 sobre reducción de cargas administrativas para los autónomos), sale a casi 19 años de lectura para el autónomo promedio. España no es una excepción en la UE, donde la fertilidad en este campo se ha manifestado en el pasado en la proliferación de normas tan variopintas e imprescindibles como la que determina el grado máximo de curvatura de los plátanos, o la que prohíbe etiquetar las ciruelas indicando que son laxantes.
La burocracia puede llegar a ser contagiosa y sabe buscar formas de perpetuarse más allá de la Administración que la contiene. En España se ha intentado a veces trasladar al sector privado parte de la carga administrativa: vemos bancos haciendo de policías de la ley de blanqueo de capitales, o llamadas ocasionales de amables encuestadores para que rellenemos la temida (y obligatoria) encuesta del INE. La ley de protección de datos personales merecería capítulo aparte.
¿Cómo reducir la carga administrativa? La UE, erudita en esta materia (no en vano los europeos inventamos la burocracia moderna), ha establecido que existe un potencial superior a los 800.000 millones de euros de ahorro en este sentido. La receta: menos normas, más integración de mercado, más eliminación de barreras, más convergencia y simplificación en origen, más digitalización y transparencia. En definitiva, más y mejor Europa. En EE UU también Trump tiene su propio sistema: eliminar dos normas existentes por cada nueva norma aprobada. Sin duda, Trump style.
En plena campaña electoral, los candidatos prometen que lucharán contra la burocracia. Luego, cuando gana el político de turno, con suerte se crea una comisión para estudiarlo. Burocracia.