Aplicar el índice de revalorización bajaría las pensiones un 2,13% en 2019
Informe de Willis Towers Watson y las Universidades de Valencia y Extremadura
La aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que continúa vigente legalmente aunque no se utiliza desde 2018, habría supuesto este año una bajada de las pensiones del 2,13%, de acuerdo con un informe elaborado conjuntamente por la consultora Willis Towers Watson y el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de las Universidades de Valencia y Extremadura. Esta reducción es menor que la que habría resultado en 2018 por el mismo motivo, el 3,02%.
El IRP fue un instrumento establecido en la Ley 23/2013 e ideado como "sustituto" de la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC). El objetivo es que este mecanismo de ajuste automático anual garantizara el equilibrio financiero del sistema público de pensiones. En realidad, nunca se llegó a aplicar pues el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decidió fijar un mínimo de subida, el 0,25%, todos los años. Este mínimo fue el incremento que experimentaron las pensiones públicas en los ejercicios de 2014 a 2017. En los Presupuestos Generales del Estado para 2018, aprobados a mitad del ejercicio, se pactó una subida del 1,6% con carácter general y del 3% para las mínimas y no contributivas con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con lo que los pensionistas recibieron una paga compensatoria a mediados de año. La decisión de la subida se extendía a 2019 y la prórroga de los Presupuestos de 2018 lo confirmó. En todo caso, y mientras tanto, el Pacto de Toledo acordó que a partir del año próximo la revalorización anual de las pensiones se realizará según el IPC.
Preocupación de los expertos
No obstante, el IRP sigue vigente legalmente aunque no se aplique. Este hecho sirve a los expertos para el análisis y el estudio de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, como es el caso de este informe conjunto de Willis Towers Watson y las Universidades de Valencia y Extremadura y también el de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) que ha realizado informes similares. A la vista de los datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social a diciembre de 2018, los expertos de estas instituciones han hecho el cálculo de lo que supondría la aplicación del IRP y han llegado a la conclusión mencionada, una reducción del 2,13% en la cuantía de las pensiones. Por ello, y aunque la bajada sería menor que la calculada para 2018 (3,02%), el estudio señala que "la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones no deja de preocupar a los expertos", dado que la puesta en marcha del IRP daría un resultado negativo.
Además, continúa el informe, se observa que este año los ingresos de la Seguridad Social sufrirán "una creciente ralentización" con lo que el déficit contributivo -la diferencia entre los ingresos y los gastos contributivos del sistema- en términos absolutos del organismo no mejorará respecto a 2018, cuando alcanzó los 19.563 millones de euros (el 1,62% del PIB).
"La moderación en el crecimiento de los gastos contributivos se verá frenada por la revalorización de las pensiones del 1,6% en 2019, el aumento de las pensiones de viudedad del 56% al 60% de la base reguladora y la compensación del 0,1% de la revalorización de 2018", según Javier González Gugel, director de Desarrollo de Negocio de Pensiones de la consultora.