Falcon Crest en la Ribera del Duero: denunciada la exmujer del fundador de Bodegas Pesquera por intentar echarlo
La fiscalía acusa a las familiares de simular contratos para expulsar a Alejandro Fernández de la gestión
Guerra familiar en Bodegas Pesquera, al más puro estilo de una serie americana. La Fiscalía Provincial de Valladolid ha remitido una denuncia a los Juzgados de Instrucción contra la ex mujer y una de las cuatro hijas del fundador del Grupo Pesquera, el bodeguero Alejandro Fernández, al considerar que hay indicios de posibles delitos de falsedad en documento mercantil y público, administración desleal y de tipo societario, en relación a una operación que buscaba apartar a Fernández de la administración de las bodegas.
La batalla de la familia del fundador de Pesquera se desencadenó tras la separación del matrimonio, hace dos años. Las hijas, como ocurre en estas situaciones, han dividido su apoyo. Alejandro Fernández, que fundó las Bodegas Pesquera en 1975, cuenta con el respaldo de una de sus cuatro hijas (Eva Fernández Rivera, enóloga del grupo). Su ex mujer, Emilia Rivera, está apoyada por las otras tres (Olga, Lucía y Mari Cruz). Juntas sumaban más del 50% del capital en la empresa familiar, Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L., una situación que utilizaron para desplazar a ambos en los consejos de administración, según las fuentes consultadas por Europa Press.
"Derivado de la ruptura matrimonial, aún no formalizada, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas, lo que se ha realizado a través de distintos acuerdos sociales en las mercantiles, incluyendo el no reparto de los beneficios de tales sociedades que habitualmente se realizaba", explica el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso esta agencia.
El escrito de la Fiscalía detalla que el 5 de marzo de 2018 se celebró una junta extraordinaria en la empresa en la que, con oposición de Fernández, se transformó la administración solidaria por un sistema mancomunado y que establecía como "suficientes" las firmas de dos de estos administradores para tomar decisiones. Con esas dos firmas, en la junta ordinaria del 23 de julio de 2018 Alejandro Fernández fue cesado como administrador mancomunado de Tinto Pesquera, "se denegó el acceso a las cuentas totales de la compañía y se acordó el destino de los beneficios de la sociedad, 4,4 millones de euros, a reservas voluntarias y no a dividendos", como él solicitaba.
Según consta en el Registro Mercantil, el 4 de abril de 2018 se inscribió el cambio en el órgano de administración de la sociedad, que pasó de ser solidario a mancomunado, al tiempo que se reducía el número de administradores de cuatro a tres. En ese acto se producía el cese de Alejandro Fernández Pérez (fundador de la bodega), Emilia Rivera Rueda, Lucía Fernández Rivera (hija) y María Olga Fernández Rivera (hija) como administradores solidarios de la sociedad Alejandro Fernández Tinto Pesquera S.L. Asimismo, consta el nombramiento de Emilia Rivera, Lucía Fernández y María Olga Fernández como administradoras mancomunadas.
Las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017 están firmadas el 23 de julio de 2018 por Emilia Rivera, Lucía Fernández y María Olga Fernández Rivera. Se aprobaron en la junta de accionistas celebrada el 10 de diciembre de 2018, en la que estuvieron representados seis socios (cuatro presentes y dos por representación), según consta en la memoria. La reunión fue presidida por Emilia Rivera Rueda y se aprobaron con el voto a favor de Emilia Rivera, y de las hermanas María Olga, Lucía y Mari Cruz Fernández Rivera, que representan el 50,14% del capital social. En contra votaron Alejandro Fernández y su hija Eva, que representan el 49,86%, según la memoria.
El beneficio del ejercicio 2018 de la sociedad ascendió a 5,6 millones de euros, un 81% más que en 2017 cuando se situó en 3,13 millones.
Similar situación en las filiales
La batalla familiar salpica no solo a la matriz, Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L., sino también a sus filiales, Bodegas Condado de Hazas, Pesquera Hotel y empresas relacionadas con la energía, Inversiones Energéticas Afer, Haza y BVFR.
En 2018 también se celebró junta de la sociedad Condado de Haza, que pertenece al grupo, y en ella se acordó el cese de Fernández y de la hija que le apoya, Eva Fernández, como miembros del consejo de administración. Los beneficios tampoco se repartieron, 978.028 euros que de acuerdo al escrito de la fiscal, se destinaron íntegros a reservas voluntarias.
Alejandro Fernández sigue siendo propietario de las tierras y edificaciones del Grupo Pesquera. Además, es el que dispone de la tarjeta de viticultor imprescindible para obtener la Denominación de Origen Ribera del Duero. Con ella, decidió vender la cosecha de 2018 a otras empresas, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Cuando trabajadores de Matarromera (a quien había vendido la producción) comenzaron a vendimiar, la exmujer de Fernández presentó un contrato que en febrero habría suscrito con su hija Olga y por el que le arrendaba "la totalidad de las fincas" de cultivo, de las que es propietaria en gananciales, por un periodo de diez años a "un exiguo precio" de 130.344,8 euros.
Ese contrato de arrendamiento, que Fernández no reconoce, junto a la denuncia y los atestados por los obstáculos a los trabajadores para la recogida de la uva, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, que ha enviado la denuncia al juzgado de instrucción. La denuncia original afirma que el contrato es falso y está manipulado, puesto que la fecha que consta no se corresponde con la de los documentos públicos que lo acompañan y que habrían sido expedidos en meses posteriores.
Contrato simulado
La Fiscalía sostiene que "es un contrato simulado con el fin de construir un instrumento jurídico que excluyera la Tarjeta de Viticultor de Alejandro Fernández, con el fin de conseguir otra a nombre de Olga Fernández Rivera que permitiera recoger la cosecha del año 2018 y su comercialización en las bodegas del Grupo Pesquera bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero'".
El escrito indica que además, se firmó "a sabiendas de que Emilia Rivera como partícipe de una sociedad de gananciales suspendida por la separación de hecho, no podía suscribir un contrato de arrendamiento de inmuebles por 10 años, por el exiguo precio pactado y con exclusión jurídica, física y económica de Alejandro Fernández".
La Fiscalía detalla que cuando se comunicó el alquiler de las tierras al Consejo Regulador -trámite ineludible para mantener la producción con la denominación de origen--, éste revocó la la Tarjeta de Viticultor al fundador del grupo en favor de la nueva arrendataria. Sin embargo, reclamación mediante, dejó sin efecto el cambio y restituyó la Tarjeta de Viticultor a Alejandro Fernández en detrimento de la hija.
"A pesar de ello", como dice la fiscal, ella recogió la cosecha de 2018, pero aquella "maniobra" supuso que "hoy por hoy no ha podido ser comercializada bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero, con las pérdidas económicas que ello ha supuesto" para las empresas. La cosecha está precintada y sin esa acreditación de calidad y procedencia, sólo podría comercializarse como vino de mesa, según fuentes del sector.
