Los fondos de inversión deberán revelar qué votan en las juntas de accionistas

Gestoras, planes de pensiones y aseguradoras serán más transparentes y publicarán los datos cada año

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

Los fondos de inversión europeos cuentan con un patrimonio de más de 15 billones de euros, unas 12,5 veces el PIB español. Y una parte importante de este dinero está en Bolsa, pero solo en excepcionales ocasiones los gestores dan explicaciones sobre cómo votan en las juntas de accionistas de las compañías en las que participan. A partir del mes de junio será obligatorio que los fondos de inversión, los de pensiones y las aseguradoras de la Unión Europea se expliquen detalladamente.

“Los inversores institucionales [fondos de pensiones y aseguradoras] y los gestores de activos revelarán públicamente con carácter anual cómo se ha aplicado su política de implicación, incluidos una descripción general de su comportamiento de voto, una explicación de las votaciones más importantes y el recurso a los servicios de asesores de voto”, detalla la norma. “Publicarán el sentido de su voto en las juntas generales de las sociedades en las que poseen acciones”, añade.

Las gestoras deberán dar toda la información sobre cómo invierten y que hacen en las juntas en sus páginas webs

La primera directiva de derechos de los accionistas se publicó en 2007. Su gran misión era proteger al inversor. Obliga a las empresas a mejorar su transparencia y gobierno corporativo. “Pero las mejoras introducidas en esa norma fueron insuficientes, como prueba la Gran Crisis que estalló en 2008”, explica Juan M. Prieto, director general del asesor de voto (proxy advisor, en la jerga) español Corporance.

Este experto destaca que la reforma de esa directiva impone más obligaciones a los emisores. Se exigirá transparencia en las remuneraciones, que no deben estar desligadas de objetivos a corto plazo, y en las operaciones con partes vinculada. Estas últimas deberán comunicarse mediante un hecho relevante al supevisor a más tardar en el momento de su celebración. El anuncio irá acompañado de un informe que valore si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas. Los asesores de voto, por su parte, deberán revelar su metodología y sus conflictos de interés. Pero la clave está en los inversores: “De poco sirven las mejoras en las compañías si sus accionistas y dueños no ejercen su labor de control y supervisión”, sentencia el socio director de Corporance.

Las gestoras de fondos de inversión y de pensiones y las aseguradoras tendrán que desarrollar y publicar una política de implicación de los accionistas o explicar por qué han decidido no hacerlo. “En esta política explicarán cómo integran la implicación de los accionistas en su estrategia de inversión, así como las actividades que lleven a cabo al respecto”, explica en una nota el Consejo de la Unión.

El ranking de cotizadas por gobierno corporativo

Entrega de notas. La alianza global de asesores de voto (proxy advisors) independientes ECGS (Expert Corporate Governance Services) ya tiene el rating anual de las compañías españolas con respecto a su gobierno corporativo que cubre Corporance. Este fue el proxy advisor que recomendó votar en contra de las propuestas del consejo de Dia relativas a la ampliación de capital por 600 millones de euros en la junta que el grupo de alimentación celebró el pasado miércoles 20 de marzo. Para elaborar el rating se utilizan cuatro variables: los derechos de los accionistas, con un peso del 30% en la nota global, las cuestiones relativas a la junta, al consejo y comisiones (el 30%), los temas relacionados con la auditoría (15%) y aspectos relacionados con la remuneración (25%). Las compañías analizadas son las que forman parte de los índices FTSE 300 y MSCI 450 con 22 empresas españolas. El ranking, de acuerdo a Corporance, está encabezado por Red Eléctrica, seguida por Bankinter, Bankia, IAG, Iberdrola, BBVA, Amadeus, Endesa, CaixaBank, Enagás, Mapfre, Repsol, Inditex, Sabadell, Siemens Gamesa, Santander, Ferrovial, Telefónica, Grifols, Naturgy, Aena y ACS, que cierra la lista.

Los puntos de ese informe se refieren a cómo hacen el seguimiento de las sociedades en las que invierten: la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero y los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo, entre otras cuestiones. La información estará disponible de forma gratuita en las páginas webs.

Pero además tendrán que aterrizar toda la teoría. No basta con escribir los mandamientos, tendrán que cumplirlos. Así, revelarán públicamente cada año cómo los han aplicado, incluido el sentido de su voto, salvo que este no sea significativo por el tema o por el reducido peso en el capital.

“En realidad, se trata de armonizar prácticas, pues muchos países a través de códigos de conducta o recomendaciones normativas han introducido buenas prácticas. Son los casos de Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido o Suiza, mientras que en España, Portugal, Grecia o España estas prácticas se han ignorado”, puntualiza el jefe del proxy advisor Coporance.

Intermediarios

Los intermediarios, además, tendrán que facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, incluido el derecho a participar y a votar en las juntas generales, explica la UE. “También asumirán la obligación de entregar a los accionistas, en un formato normalizado y a su debido tiempo, toda la información de la sociedad que permita el adecuado ejercicio de sus derechos”, señala el comunicado del consejo de la UE.

Las compañías que están en Bolsa, por su parte, tendrán el derecho a conocer la identidad última de sus principales accionistas Podrán conocer el nombre y los datos de todos aquellos que posean un 0,5% o más de su capital. Los intermediarios deberán enviarles los datos de los inversores finales. Y existe la posibilidad de que ese porcentaje se reduzca e incluso de que desaparezca por completo en función de la adaptación de la directiva que efectúe cada país. La norma debería entrar en vigor el próximo 10 de junio en toda la UE, pero en España se hará con retraso, como suele ocurrir con todas las directivas.

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