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El Gobierno aprueba nuevas medidas sobre alquileres, igualdad y el Brexit

El Ejecutivo amplía los permisos de paternidad y exige que los servicios sociales coordinen los desahucios de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (en el centro),conversa con la vicepresidenta, Carmen Calvo y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante un Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (en el centro),conversa con la vicepresidenta, Carmen Calvo y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante un Consejo de Ministros.Efe
Juande Portillo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado este viernes el último Consejo de Ministros previo a la disolución de las Cortes, prevista para el próximo martes, como paso previo a la celebración de las elecciones generales del 28 de abril. Aunque el Ejecutivo promete seguir tomando nuevas medidas en la cita de cada viernes hasta la fecha de los comicios, el Gabinete ha abordado hoy un importante paquete de medidas sociales en forma de decreto ley.

Una legislación en materia de alquiler de vivienda, igualdad de género, y medidas para adaptarse al Brexit que deberá convalidado ya por la Diputación Permanente del Parlamento, puesto que el Congreso de los Diputados y el Senado serán disueltos el martes.

Las medidas aprobadas incluyen la ampliación de los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas, con el objetivo de igualarlas a los permisos de maternidad en 2021; y medidas para paliar la consumación del Brexit y los desahucios de vivienda.

La rueda posterior al Consejo de Ministros ha sido ofrecida por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que han recordado que el Ejecutivo no estará en funciones hasta después de las elecciones, lo que les legitima para seguir aprobando nuevas medidas sociales durante su mandato.

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En materia de vivienda, Calvo ha subrayado que el real decreto aprobado -que entrará en vigor inmediatamente- amplía la protección en caso de desahucio al obligar a que se comuniquen estos procesos a los servicios sociales de los ayuntamientos para evitar que nadie quede en una situación de precariedad extrema.

Además, se habilita la creación de listas indicativas de precios de la vivienda en alquiler y su vinculación a la subida del IPC; se permiten bonificaciones en el impuesto del IBI para promocionar a propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler, y se regula la posibilidad de tanteo y retracto.

En el campo de la Igualdad, que depende directamente de Calvo, el real decreto ley aprobado busca garantizar que "a mismo trabajo, misma retribución" tanto para hombres como para mujeres obligando a las empresas a publicar las tablas salariales por sexos. Estas tablas serán accesibles a los sindicatos y deberán publicarse en el caso de empresas de más de 50 empleados.

"La maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres, la maternidad es una opción libre de las mujeres en la que, en términos políticos, jurídico y sociales, tenemos que hacernos corresponsables todos", ha defendido Calvo al anunciar que se equiparan los permisos de paternidad a los de maternidad en los mismo términos en que se debate la UE. 

La idea es pasar de las cinco semanas actuales del permiso de paternidad a las 16 semanas que ya tiene la maternidad en un periodo de tres años. El proceso será de cinco a ocho semanas en 2019, hasta 12 semanas en 2020 y hasta las 16 semanas en 2021.

Además, en este campo, Calvo ha avanzado que se obligará a impulsar planes de Igualdad en todas las empresas a partir de 50 trabajadores, frente al mínimo de 200 que se pide ahora y que a menudo ni siquiera se cumple, ha dicho. Se dará un año para registrarlos a las firmas de más de 250 empleados y tres años para las empresas de menor tamaño.

Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno ha criticado que los cuidadores de enfermos, ancianos y dependientes dejen de cotizar creando una brecha en el sistema de pensiones que afecta sobre todo a mujeres. Con la regulación aprobada hoy se impulsa la cotización de este colectivo a la Seguridad Social, a fin de ayudar a reducir la diferencia de pensión entre hombres y mujeres, que se sitúa en torno a los 360 euros.

Calvo ha especificado que estas medidas, que se desgajan de la ley de igualdad que el PSOE presentó hace un año a la espera de poder impulsar el resto de iniciativas cuando cuenten con una mayoría más amplia en el Parlamento, tendrá un coste total de 610 millones de euros. La vicepresidenta ha aseverado que la medida es prudente en términos presupuestarios.

Sobre las críticas de la oposición, que denuncian que el Gobierno hace campaña electoral a golpe de decreto desde el Consejo de Ministros, Calvo ha defendido que el Ejecutivo mantiene el ritmo de trabajo que ha tenido desde el primer día en que llegó al poder y recuerda que solo están limitados para legislar en los 15 días previos a los comicios.

Autoridad Macroprudencial

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado otros reales decretos ley para regular el estatuto del personal investigador en formación, aclarando su jornada, vacaciones y permisos por cuatro años, por ejemplo, o la creación de un observatorio de la salud de la mujer. Además, se han identificado áreas de formación profesional que deben ser reforzadas. 

Más allá, el Gobierno ha impulsado la regulación de una autoridad macroprudencial que busca que “no vuelva a repetirse nunca la situación de inestabilidad financiera y crisis porque han faltado elementos de previsión, esfuerzo y respuesta a lo que ha ocurrido”, ha dicho Calvo. La medida, a cargo del Ministerio de Economía, debería permitir prever crisis e igualar el grado de supervisión español al del resto de Europa.

Finalmente se ha declarado institucionalmente el 8 de marzo, Día de la Mujer, para luchar contra la desigualdad y la marginación de las niñas y mujeres del mundo.

Plan de contingencia ante el Brexit

Por su parte, el ministro Borrell ha explicado el plan de contingencia que se ha aprobado de cara a paliar los efectos de un Brexit duro. “Esperemos que no tenga que utilizarse, solo se haría si el Reino Unido decidiera salir de la UE por la ventana”, ha dicho sobre el real decreto, que solo entrará en vigor si se confirma esta opción.

Recursos materiales y personales para poner en marcha un plan logística para “preservar los intereses de los ciudadanos tanto españoles como británicos que ejercieron su derecho de libre circulación” antes de la salida de Reino Unido de la UE, y para preservar los flujos comerciales entre España y el país vecino.

El objetivo es garantizar que no hay ruptura con la situación actual, para lo que se regula acceso a la universidad, transporte, aduanas, contratación pública y hasta permisos de conducir, ha ilustrado Borrell. “Desconectar de la UE es bastante más difícil de lo que se podían imaginar, y eso que Reino Unido no está en el euro ni en Schengen”, ha dicho el ministro, explicando que lo que se busca es dar continuidad al trato entre los ciudadanos de ambos países. Estas medidas de contingencia excluyen a Gibraltar, dado el acuerdo de que es un territorio cuyas condiciones deberán ser negociadas por Londres, Bruselas y Madrid, ha defendido Borrell.

Las medidas tomadas, en todo caso, son unilaterales y requieren la contrapartida del Gobierno británico, si bien el ministro ha dicho que son acordadas y que habrá bilateralidad para que sin necesidad de un tratado internacional se consigan los objetivos. 

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