Las constructoras se enfrentan al riesgo de un nuevo parón en la inversión pública
Están en fase decisiva la liberalización del ferrocarril, compras de trenes, el rescate de autopistas o el plan de carreteras
A la obra civil y la industria pesada les llega el previsible anuncio de un adelanto electoral con todo un armazón de medidas e inversiones por desarrollar. La construcción ya recibió el revés de la devolución de los Presupuestos al Gobierno cuando se había proyectado la reanimación de la conservación de carreteras y un fuerte impulso a la red convencional de ferrocarril.
Vuelve a estar en riesgo el programa extraordinario de inversión en carreteras, previsto por vía extrapresupuestaria. El plan, que contempla contratos de construcción y operación por 1.000 millones en el presente ejercicio, ha sido articulado tras más de una década con nulo recurso a la colaboración público-privada.
Fomento también ha desatascado el contrato programa a diez años vista entre Renfe y el Estado. Un marco de financiación para la empresa, a través de la prestación de obligaciones de servicio público, que ha permitido el anuncio de compra de trenes por 3.000 millones hasta junio.
Fomento está defendiendo a Iberia y Vueling ante Bruselas con el fin de que conserven sus certificados de vuelo tras el Brexit
Este proceso está en su primera fase, después de 14 años sin nuevo material rodante en Cercanías y Servicios de Media Distancia, y la industria del ferrocarril teme un parón mientras se despeja la incertidumbre política. De este programa depende dar solución a situaciones de emergencia como la del ferrocarril extremeño, la red de ancho métrico (la antigua FEVE) o las Cercanías de Madrid y Barcelona. La gran licitación, por unos 1.700 millones, se espera en marzo.
Urge, del mismo modo, regular el marco en que se desenvolverán Renfe y Adif en la liberaliación del transporte de pasajeros, prevista para diciembre de 2020. Y son críticas en estas semanas las negociaciones de altos cargos de Fomento con la CE para preservar los derechos de vuelo de Iberia y Vueling tras el Brexit. El Gobierno defiende el mantenimiento del certificado de operaciones de ambas como empresas asentadas en España.
Otra maraña por desenredar es la del rescate de las autopistas quebradas. Está en marcha el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, del que se espera una factura superior a los 2.000 millones a cargo del Estado. Y se espera la activación de una subcomisión en el Congreso para tratar el marco de financiación de las infraestrcuturas. El pago por uso en las autovías centra este esperado debate.
En otros terrenos, el Proyecto de Ley de impulso a la industria ha generado altas expectativas entre los grandes fabricantes por el desarrollo de un estatuto de grandes consumidores de energía o la figura de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. Todo un blindaje contra la imprevisibilidad de unos costes de la luz que llegan a doblar los que soporta la industria electrointensiva en Alemania o Francia.
El rechazo a los presupuestos también amenaza al segundo dividendo digital, derivado de la liberación de la banda de 700 MHz, actualmente dedicada a la televisión, para ser utilizada por las telecos en el móvil 5G. El Gobierno había incluido una transferencia de capital por parte de Economía por 50 millones para compensar a las comunidades de propietarios por los costes derivados de la obligatoria reantenización.
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