El Gobierno lanza su fórmula para calcular el agujero por las autopistas quebradas
Fomento quiere tener la cifra de ‘RPA’ en el arranque de 2019 Habrá audiencia previa para los administradores concursales y avalistas
El Ministerio de Fomento va a activar hoy mismo los trámites para intentar blindar la seguridad jurídica del cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la vuelta anticipada a manos públicas de las ocho concesionarias de autopistas quebradas durante la crisis, entre ellas las radiales de Madrid.
Esa fórmula, en la que entra la determinación de los valores patrimoniales de las inversiones en expropiaciones, obras y bienes inmuebles, el cálculo de la amortización o los intereses, fijará la multimillonaria factura que el Estado tendrá que afrontar ante los titulares de la citada RPA después de los rescates que se han ido ejecutando a lo largo del año.
En principio, los posibles beneficiarios con la RPA eran las concesionarias, que pignoraron esta garantía de cobro para levantar la financiación que soportó la construcción de las citadas autopistas. A su vez, los bancos fueron vendiendo sus posiciones en la financiación de los proyectos a fondos oportunistas, que son quienes esperan cobrar tras la liquidación.
Pese a no existir aún una fórmula en firme, hay valoraciones extraoficiales que hablan de una factura para la Administración que va de 2.000 a 4.000 millones de euros. De hecho, el Gobierno fijó un impacto en déficit de 2.000 millones en el plan presupuestario de 2018.
El primer paso de Fomento será dar a conocer la documentación que obra en su poder a los administradores concursales y avalistas que prestaron las garantías constituidas. Este plazo de audiencia de 15 días, previo a la propuesta de la fórmula de cálculo, es absolutamente extraordinario. El departamento que dirige José Luis Ábalos busca que las partes implicadas aporten información adicional o maticen el esquema preliminar de estimación de la RPA. De hecho, según fuentes conocedoras de los detalles de tramitación, también se van a establecer límites y posibles minoraciones que podrían avivar las alegaciones.
Cerrado esta primera exposición, Fomento realizará la propuesta de interpretación de la RPA, volverá a someterla a audiencia y la llevará a la Abogacía del Estado. Con el informe en la mano, se pedirá un dictamen al Consejo de Estado y, finalmente, se elevará la cuestión al Consejo de Ministros. La intención de Ábalos y su equipo es tener la cifra de la RPA en los primeros meses de 2019.
Un asunto abocado a los tribunales
Judicialización. Ante las estimaciones de cobro que manejan los acreedores de las autopistas quebradas, el anterior Gobierno daba por hecho que el cálculo de la RPA iba a terminar en los juzgados. Y es que la interpretación de los contratos concesionales, la fórmula utilizada y la suma final podrían ser recurridos por los fondos, representados por la firma Houlihan Lokey.
La cantidad debía fijarse en los seis meses siguientes a la liquidación. Con la cifra ya determinada, vuelve a correr un periodo de tres meses para el pago.
Quiebras en cadena
Las concesionarias de las autopistas que vieron rescindidos sus contratos de explotación estuvieron participadas por firmas como ACS, Ferrovial, Abertis, Globalvía, Sacyr u OHL. Estas son la R-3 Madrid-Arganda; R-5 Madrid-Navalcarnero; la R-4 Madrid-Ocaña; la R-2 Madrid-Guadalajara; la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas; de la AP-36 Ocaña-La Roda; la circunvalación de Alicante; el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la AP-41 Madrid-Toledo.
Todas ellas fueron licitadas entre 1998 y 2003, y en su financiación participó la banca española en pleno. Tras la cascada de concursos de acreedores, entre 2008 y 2012, las entidades vendieron sus posiciones a fondos oportunistas. Veían pasar los años y el único plan sobre la mesa, apadrinado por Ana Pastor, era cobrar con bonos a 30 años tras una fuerte quita.
En su caída, las concesionarias se vieron afectadas por la crisis de tráfico en los años de recesión. Además, las titulares de las autopistas madrileñas recibieron el impacto de los sobrecostes por expropiaciones y modificados de obra demandados por la Administración.
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