Sin presupuestos, ¿qué pasa con las ayudas a autónomos, franquicias y pymes?
La ministra de Hacienda ha señalado que conlleva una renta indirecta en prestaciones y servicios públicos de 4.171 euros
Sin Presupuestos Generales del Estado, se perderá una renta indirecta de 4.174 euros por español y el déficit será del 2,4%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 conlleva una renta indirecta en forma de prestaciones y servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano, que se podría perder si las nuevas cuentas son devueltas, lo que podría elevar el déficit público "al 2,2% o el 2,4% del PIB", frente al objetivo actual del 1,3% del PIB.
Montero ha defendido que los Presupuestos de 2019 "son buenos para el país y los que necesita España en este momento del ciclo económico", al tiempo que ha subrayado que "le tocan el bolsillo a todos los ciudadanos y no hay ninguno que por razón de dinero en el banco, cuna o procedencia no tenga derechos a recibir".
Según ha indicado, la renta media indirecta de 4.174 euros que suponen los Presupuestos se eleva a 5.148 euros si se tienen en cuenta los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas por las transferencias del Estado.
Reducir el déficit
La ministra ha dejado claro que las nuevas cuentas públicas permiten reducir el déficit público y la deuda pública, y ya ha avisado, al no haber sido aprobados los presupuestos, que el déficit público se elevará "al 2,2% o el 2,4% del PIB", frente al objetivo del 1,3% actual, tras el rechazo de la mayoría del PP en el Senado a la senda de déficit propuesta por el Gobierno que aportaba un margen fiscal de 6.000 millones al plantear una meta del 1,8% del PIB.
Ha resaltado que conllevan un "colchón presupuestario" para que las familias puedan dedicar a recursos a sus proyectos personales, gracias al aumento de las pensiones del 1,6% y del 3% de las pensiones mínimas, el alza del gasto en dependencia en un 60%, la recuperación del subsidio de mayores de 52 años, el aumento del 10% en becas o el alza en las partidas para libros de texto y comedores.
