Optimizar el control fiscal sin ahogar las libertades económicas

La lucha contra el fraude es un objetivo indiscutible, pero ello no implica que todos los medios sean adecuados

El BCE ha vertido un jarro de agua fría sobre los planes del Gobierno de aumentar las limitaciones en el uso del pago en efectivo como fórmula para prevenir el fraude fiscal. La medida, que forma parte del anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, todavía no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, lo que hace probable –y también aconsejable– que sea retocada con el fin de adaptar el texto a las recomendaciones de Fráncfort. El dictamen del BCE califica de “desproporcionados” los límites que se imponen a los pagos en efectivo, y que incluyen rebajar la cantidad máxima de 2.500 a 1.000 euros en operaciones en las que una de las partes, al menos, sea un profesional, y de 15.000 a 10.000 euros cuando intervenga una persona física sin domicilio fiscal en España. El anteproyecto no modifica las restricciones vigentes en los pagos entre personas físicas en España, cuyo tope sigue siendo de 2.500 euros, pero endurece en general el régimen de sanciones, con multas de hasta un 25% de la cuantía abonada.

El BCE recuerda que la normativa europea permite establecer límites a esta forma de pago si estos están motivados por el interés general, una condición que se cumple sobradamente en este caso. Más allá de ese extremo, el organismo asevera que rebajar esos límites en la cuantía que pretende el Gobierno puede dañar el propio sistema de pagos en efectivo, además de perjudicar las operaciones legítimas que se efectuan en metálico. Aunque el uso del dinero físico está en retroceso en los países industrializados, todavía supone más del 70% de las transacciones en la eurozona y equivale a la mitad del valor movilizado en esas operaciones. A ello se une que existen razones perfectamente legítimas para realizar pagos en metálico, como evitar comisiones financieras, controlar mejor los abonos o simplemente defender la libertad y los usos individuales del tráfico comercial en una Europa en la que el efectivo tiene pleno curso legal.

La lucha contra el fraude fiscal es un objetivo de importancia indiscutible, pero eso no implica que todos los medios utilizados para alcanzar ese fin sean adecuados o aceptables. Sin duda la opacidad de las transacciones en efectivo obstaculiza el control tributario –de ahí las limitaciones vigentes– pero ello exige una mayor optimización de los medios de inspección, que no deben reducirse solo al control directo, sino extenderse a la universalización de herramientas tecnológicas que permitan reastrear el dinero en origen, pero lo hagan sin lesionar las libertades personales propias de una economía abierta.

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