Las eléctricas buscan in extremis un acuerdo sobre Almaraz con el Gobierno

Endesa, Iberdrola y Naturgy se reúnen hoy juntas por primera vez para lograr un acuerdo antes de la junta del martes

Central de Almaraz, en la provincia de Cáceres.

Por primera vez, las tres grandes eléctricas propietarias de Almaraz (Endesa, Iberdrola y Naturgy) se van a reunir juntas con el Gobierno para tratar sobre el futuro de la central nuclear cacereña, cuya prórroga de explotación o su cierre deben solicitar ante el Ministerio para la Transición Ecológica antes del próximo 31 de marzo.

La reunión, prevista para hoy por la tarde, tendrá lugar en el ministerio y a ella asistirán los responsables del área nuclear de las empresas y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Se trata del último intento de llegar a un preacuerdo antes de la junta de la sociedad prevista para mañana martes.

Hasta ahora, el secretario había celebrado encuentros por separado, por un lado, con Iberdrola y Naturgy, las dos empresas partidarias de que Almaraz siga funcionando solo otros cuatro años, hasta los 40 años de vida úti y, por otro, con Endesa, que disiente y quiere pedir la prórroga de Almaraz hasta los 50 años.

Finalmente, todas se han avenido a una reunión a cuatro bandas porque, en esto sí hay consenso, es necesario un proceso ordenado de cierre de todo el parque nuclear. Por el momento, según fuentes próximas al Ejecutivo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que el Gobierno va a remitir próximamente a Bruselas establece un calendario de cierre progresivo que termina en 2035 o 2036.

Sin embargo, en lugar de poner nombre y apellido a las centrales que deben calusurarse por el camino, hasta esa fecha, el Gobierno ha optado por una estrategia de cierre escalonado de potencia. Y deja a las eléctricas que decidan las centrales a clausurar a lo largo de estos años, siempre que se respete la fecha tope de 2036.

El plan de cierre tiene es muy complicado porque debe ensamblar muchas piezas: por un lado, la capacidad técnica y económica para desmantelar simultáneamente varias plantas y que sea compatible con los objetivos de descarbonización. Esto es, que la eliminación de capacidad nuclear no obligue, como ha ocurrido en Alemania, a aumentar la producción con energías fósiles, en este caso, con gas, ya que la mayoría de las instalaciones de carbón está en proceso de cierre.

Otra variable importante es la territorial y política: la central más longeva, Almaraz, y la primera que debería cerrar, se encuentra con la oposición del Gobierno de Extremadura. Por contra, Endesa, partidaria de prolongar el funcionamiento de las plantas, controla dos (Ascó y Vandellós) en la comunidad que más presiona para el cierre, Cataluña.

La eléctrica que preside Borja Prado insiste en que las centrales deben funcionar hasta los 50 años y, frente a las tesis de sus dos competidoras de que ampliar la vida útil es incrementar de forma sustancial las inversiones a las que les obligará el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), considera que la diferencia de las inversiones anuales entre cuatro años o 10 no son mucho mayores.

Además, a la vista de que el Gobierno deberá cambiar el reglamento de instalaciones nucleares para solicitar solo cuatro años de prórrga (este establece que las titulares deben pedir 10 años), cree que es más sencillo pedir este plazo.

Solución política

En cualquier caso, y en esto coincide con Iberdrola y Naturgy, la solución debe estar tutelada por el Gobierno y Enresa, que sigue trabajando en un nuevo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que sustituya al que está en vigor aunque data de 2006. “¿De qué nos sirve que las empresas lleguemos a un acuerdo si luego no encaja con la política del Gobierno ni hay fondos suficientes para aplicarlo?”, se preguntan en una de las compañías.

Otro problema es cómo distribuir los fondos y las aportaciones de Enresa para evitar que las primeras instalaciones que cierren absorben Naturgy e Iberdrola, que amortizan a 40 años sus activos nucleares frente a los 50 años de Endesa o los 60 años de su matriz, Enel, insisten en que no van a invertir en unas plantas que están condenadas al cierre y que cuanto mayor sea el plazo mayor será la incertidumbre.

Estas dos eléctricas tienen otro interés común en el desmantelamiento temprano del parque atómico: que este dé paso a sus ciclos combinados que langudecen desde hace años. En 2017, apenas funcionaron en un 20% de su capacidad.

Fuentes al tanto de la reunión aseguran que las partes intentarán por todos los medios alcanzar un preacuerdo en la reunión, aunque esta se prolongue hasta la madrugada, que llevar a la junta del martes. Se descarta, por tanto, la opción de un arbitraje, aunque lo contemple los estatutos de Almaraz. Esta y todas las nucleares son Agrupaciones de Interés Económico. La solución, insisten todos, debe ser política.

El paquete legislativo del clima en marcha

El Ministerio para la Transición Ecológica sigue trabajando en su paquete legislativo más importante: el Plan Nacional Intergrado de Energía y Clima (PNIEC), que debe remitir a Bruselas para su aprobación, y el Proyecto de Ley de Cambio Climático. Ambos deben pasar el examen de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros. Quizás esta semana o la siguiente.

En ese marco se encuadra, entre otros, el futuro del parque nuclear español. Aunque el compromiso electoral del PSOE es cerrar las centrales a los 40 años, razones técnicas, económicas y medioambientales van a condicionar un calendario de cierre que las eléctricas quieren con nombres y apellidos.

El ministerio que dirige Teresa Ribera prefiere no comprometerse hasta ese punto, aunque sí pone como fecha tope para elpagón nuclear 2036. El puzle es complicado de armar, pues, además de los intereses dispares de las operadoras (que comparten el capital de las instalaciones y no se ponen de acuerdo en un intercambio de activos), están los de tipo territorial y político. Sin olvidar que las centrales deben ser desmanteladas y los residuos radiactivos custodiados durante siglos.