Hacienda elevará la retención por Sociedades cuya validez analiza el Constitucional

Eleva el pago fraccionado al 24%, un punto más que Montoro, por su reforma fiscal

Sede del Tribunal Constitucional.Efe

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende volver a elevar la retención fiscal que se aplica a las grandes empresas españolas en el impuesto de Sociedades. El movimiento va solo un paso más allá del enorme salto que supuso la reforma impulsada en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que prácticamente duplicó de golpe el umbral de pagos fraccionados para enjugar el déficit público y salvar la cara del Ejecutivo del PP ante Bruselas. Su sucesora, María Jesús Montero, basa la decisión de seguir sus pasos en el incremento de ingresos previsto en su reforma fiscal si bien la medida, incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, llega en un momento en que la justicia cuestiona la constitucionalidad de elevar estos pagos adelantados.

En concreto, la Audiencia  Nacional ha puesto en duda la legalidad del incremento del umbral de retenciones que Montoro aplicó a las grandes empresas, tal y como desveló ayer Expansión. En atención a la demanda de una compañía representada por EY Abogados, la Audiencia ha elevado el asunto al Tribunal  Constitucional, que tendrá la última palabra. Un fallo en contra de la norma daría al traste con los planes del Gobierno actual de aplicar una nueva subida este año, lo que minaría su previsión de ingresos y podría terminar costando algún tipo de indemnización pública a las empresas que la reclamen.

Los pagos  fraccionados que se aplican a las empresas son un sistema similar a las retenciones mensuales que se hacen habitualmente sobre las nóminas de los trabajadores para adelantar el pago que les corresponda por IRPF. Una vez se liquida el impuesto, la Agencia Tributaria reclama al contribuyente el monto que aún deba o bien, mayoritariamente en el caso del IRPF, le devuelve el exceso de retención que haya sufrido. El sistema para las empresas fue implantado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

Luego, en septiembre de 2016, su ministro de Hacienda elevó el pago fraccionado de Sociedades del 12% de los beneficios empresariales al 23% tras el batacazo de recaudación que le supuso eliminar el tipo mínimo durante unos meses. La idea era acercar el umbral de esta especie de retención al tipo nominal de Sociedades, fijado en el 25%. Para bancos y petroleras, cuyo tipo nominal es del 30%, el tipo de pago fraccionado se fijó en el 25%. Además, Montoro rebajó de 20 a 10 millones de euros los ingresos de las compañías afectadas. La medida le permitió recaudar 8.000 millones de euros adicionales aquel ejercicio y adecentar la foto de fin de año de las cuentas públicas.

Por su parte, los Presupuestos Generales para 2019 que ha diseñado el nuevo Gobierno socialista establecen una nueva subida del tipo de los pagos fraccionados que deben realizar las empresas que facturan más de 10 millones. En concreto, el artículo 66 del proyecto legislativo establece que “la cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 24% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias” de cada trimestre del año natural. El salto es mayor en el caso de banca y petroleras, cuyo tipo de retención sube del 25% al 29%. En ambos casos, por tanto, el pago adelantado será solo un punto inferior al tipo nominal que les corresponde pagar por Sociedades.

Las empresas, sin embargo, acaban pagando realmente un tipo medio efectivo del 21,25% una vez aplicadas las bonificaciones y deducciones a las que tienen derecho. Un porcentaje que cae al 16,34% en el caso de las grandes compañías con más de 5.000 empleados o al 17,94% en los bancos comparables. Una mayor retención provocará, a priori, que el Estado tenga que devolverles más fondos luego.

Fuentes de Hacienda enmarcan esta medida, sin embargo, en el alza de ingresos reales que reportará fijar un tipo mínimo de Sociedades del 15% para las empresas en general, y del 18% para bancos y petroleras, y rebajar del 100% al 95% la deducción por filiales extranjeras.